Miles de trabajadores pelean hoy por sus derechos en México. Y con la llegada de diciembre se pierde también la esperanza de que sus juicios laborales tengan una resolución dentro de este año, porque todo será pospuesto para el 2026 gracias al también arraigado 12/20, tema del que ya hablamos en la columna de la semana pasada.
Lo cierto es que las unidades de asuntos jurídicos de las secretarías del gobierno de México, encargadas de defender a la administración pública en los litigios laborales, han copiado de manera sistemática una estrategia establecida por las compañías de seguros estadounidenses que ha sido garrafalmente criticada y que se resume en tres palabras: “Negar, Retrasar y Deponer”, una malsana estrategia que, en el caso de México y el sector público, genera endeudamiento al erario y mantiene a los trabajadores en un limbo legal por años, a pesar de pelear derechos legítimos.
El modus operandi: Negar, Retrasar y Deponer se ejecuta de manera casi automática, buscando desgastar al trabajador y dilatar la resolución de un litigio. El primer movimiento es la negativa automática de sus demandas. Aunque existan pruebas contundentes de la relación laboral, el despido o los adeudos salariales, las unidades de asuntos jurídicos de nuestras Secretarías, inician los procesos negando sistemáticamente los hechos, incluso en casos donde la ley y la Constitución son claras.
El siguiente paso es “retrasar”, a través de una serie de recursos procesales, en los que las unidades de asuntos jurídicos hacen peticiones de prórrogas, la interposición de incidentes y la impugnación de prácticamente todas las resoluciones. Los juicios se extienden así por años, pues el objetivo, en el fondo, no es ganar el juicio, sino hacer que el trabajador se rinda por agotamiento financiero y emocional y cualquier responsabilidad sea heredada a la administración del siguiente sexenio.
Finalmente, “deponer” es la consecuencia y el objetivo final de la estrategia. La dilación constante lleva al trabajador a un estado de indefensión y agotamiento. El tiempo que transcurre lo mantiene en un limbo legal, afectando su estabilidad económica y emocional. Muchos trabajadores, ante la desesperanza y la necesidad económica urgente, se ven obligados a aceptar convenios con montos muy inferiores a los que legítimamente les corresponden, logrando así el objetivo de la defensa gubernamental: minimizar el costo a costa de la justicia.
La paradoja, aún no enfrentada por ningún gobierno mexicano, es que, aunque esta terrible estrategia parece hecha para ahorrar recursos, en realidad es diametralmente opuesta y termina endeudando notablemente al erario público, pues cuando un laudo es emitido a favor del trabajador, la condena no es solo por el monto original adeudado, sino también por los intereses, las actualizaciones y, sobre todo, los salarios caídos generados durante todo el tiempo que duró el juicio.
Esta falta de ética pública de las unidades de asuntos jurídicos debe visibilizarse, pues saben de antemano que la dilación procesal es la causa directa del incremento exponencial de las condenas. Al ejecutar esta estrategia, están actuando con base en los recursos del Estado no para defender un principio legal justo, sino para desgastar a un ciudadano que exige sus derechos, y al mismo tiempo firman un cheque de bola de nieve para la siguiente administración.
Como ya lo comentamos en dos columnas anteriores, estamos visibilizando desde el punto de vista periodístico este grave problema de primera mano, actualizando información sobre el proceso legal que ganamos a la Secretaría de Cultura del gobierno de México, donde trabajé por más de 20 años y sostuve una demanda laboral desde 2019 con expediente 2974/19 Sexta Sala, laudo que ya fue emitido a mi favor por los tribunales y que fue aceptado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y su área de Contencioso laboral, desde el 19 de junio de 2025.
Como prueba de lo arraigada que está la estrategia “Negar, Retrasar, Deponer” en los jurídicos de nuestras secretarías de Estado, recordamos que en el año 2022, cuando apenas se cumplían tres años del litigio, hicimos llegar una carta a Alejandra Frausto, exsecretaria de Cultura, en la cual le planteábamos todas las irregularidades laborales que vivimos en nuestros 20 años de trabajo y donde también le pedíamos que instruyera a la Unidad de Asuntos Jurídicos a que no apelara las sentencias a nuestro favor, para no retrasar en más años el fallo final del laudo y se endeudara más al erario.
No hubo respuesta a esa petición y, por el contrario, la Unidad de Asuntos Jurídicos, entonces a cargo de Eréndira Cruzvillegas Fuentes, apeló en dos ocasiones más la sentencia, añadiendo algunos millones más al adeudo en los tres años posteriores.
Hoy, a casi seis meses desde que fue aceptado el fallo, en junio de 2025, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura del gobierno de México no ha dado noticias ni para el pago ni para la reinstalación, aumentando aún más la deuda y posponiendo seguramente las gestiones para 2026.
Tenemos la esperanza de que hoy la nueva administración de Claudia Curiel de Icaza, a cargo de la Secretaría de Cultura, combata la mala praxis del “Negar, Retrasar, Deponer” de la Unidad de Asuntos Jurídicos en los asuntos laborales. Y también que la nueva dirección de esta área a cargo de José Luis Javier Reyes Cabrera tenga una nueva visión para hacer justicia a los trabajadores que demandan derechos legítimos.
Mientras tanto, con el fin de visibilizar la vieja práctica que llevaron a cabo en nuestro litigio administraciones anteriores, hemos creado la cuenta de Instagram @terrornegarretrasardeponer, en la que documentamos día con día cómo se engrosa el adeudo al erario con base en la actualización de sueldos, así como los días que han transcurrido desde que la Secretaría de Cultura recibió la demanda laboral. También añadimos a cada publicación los días que han pasado sin noticias desde que fue aceptada por su jurídico en el Tribunal el 19 de junio de 2025.
Mostrar cómo crece día con día un adeudo laboral de manera pública es sin duda un ejercicio periodístico interesante, pero lamentablemente es solo el reflejo de la situación que viven hoy miles de trabajadores en México en litigios laborales que buscan justicia. Si usted, querido lector, vive algo similar, escríbanos.
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