Aunque en las grandes urbes de Europa y Estados Unidos fueron instaurados desde 1949 diversos organismos de protección civil, a partir del anuncio del Protocolo 2 del Tratado de Ginebra, en la ciudad de México pasarían muchos años para que el tema de la seguridad para la ciudadanía, así como el auxilio y la prevención de siniestros formara parte de los programas oficiales.
Después de las inundaciones en el centro de la ciudad ocurridas a mediados de los cuarenta, el tema se colocó durante unas semanas en el candelero y tanto prensa como autoridades estuvieron de acuerdo en que los daños a negocios e inmuebles por más de medio millón de pesos (de aquellos), así como la cruz por la que tuvieron que enfrentar tanto colonos como trabajadores del área, podrían haberse evitado de haber seguido los reglamentos de prevención establecidos por organismos internacionales.
Incluso por esos años, un funcionario del Departamento del Distrito Federal dijo que en “breve” se convocaría a policía, bomberos y hospitales a una junta para establecer un plan de ayuda a la población en caso de emergencia. Lo malo es que nunca dijo cuando, y como la mala memoria es el mejor colchón de las oficinas públicas, todo quedó en promesas y anuncios triunfalistas.
Tendrían que pasar algunos años para que otro incidente despertara el interés por el tema. Sería a principios de los cincuenta cuando la oleada de frío que vivió el valle de México obligaría a más de un indigente a buscar refugio. En esa ocasión una asociación civil vinculada a un grupo católico sería la encargada de proveer de techo a a los desamparados y proporcionarles alimento y cobertores. Con justa curiosidad los periodistas publicaron días después artículos donde se preguntaban: ¿Y las autoridades dónde estaban?
En una nota del semanario "Presente" podía leerse: “Lamentable que la ineptitud y poca presencia de nuestras autoridades frente a situaciones imprevisibles como el frío u otras emergencias, obligue a la ciudadanía a tomar la sartén por el mango con sus propios recursos”.
Sería hasta finales de esa década, con el terremoto que tiraría de su nicho al Ángel de la Independencia, que se crearía el primer intento de un programa oficial de protección ciudadana y el Departamento del Distrito Federal convocaría a la policía y a unidades de la Cruz Roja a seguir un plan para la “salvaguarda ciudadana y el entorno urbano”.
Lo malo es que, igual como fue presentado con bombo y platillo, fue olvidado. Para cuando se estrenó la década de los sesenta ya casi nadie se acordaba del tan mentado plan y cuando poco después hubo una peligrosa fuga de gas en un gran predio de la colonia Álamos, nadie se acordó de las estrategias de evacuación, de acordonamiento de calles aledañas, etcétera.
Tendrían que pasar casi quince años para que en Ginebra se aprobara el primer reglamento de Protección Civil para ser aplicado a nivel internacional, exactamente en junio de 1977. Pero cosa nada rara, a nuestros funcionarios les tomó ¡cinco años! decidir cómo implementarlo.
Finalmente, un 21 de diciembre de 1982, el Protocolo de Protección Civil mexicano sería aprobado por la Cámara de Senadores, y se publicaría en el Diario Oficial el 24 de enero de 1983. ¿Qué ocurrió después? Lamentablemente como suele ocurrir en nuestro México, hubo que improvisar cuando llegaron los desastres.
A falta de estrategias bien definidas y sobre todo ante la falta de visión para prevenir desastres hubo que revisar los protocolos extranjeros a las pocas horas de ocurrir siniestros tan graves como la gran explosión de San Juan Ixhuatepec, o poco después, los sismos de 1985. Los expertos coinciden en que ese año marcaría el verdadero comienzo de la cultura en protección civil de nuestro país. No obstante, aprenderíamos a las malas que este tema incluye algo más que meros desastres naturales.
Hace mas de dos décadas, a principios del año 2000 advertimos en este mismo espacio sobre las peligrosas condiciones en que operaban varios locales, centros nocturnos y giros negros de la delegación Cuauhtémoc, algunos de ellos sin salidas de emergencia o en el peor de los casos encadenadas, incluso mencionamos un negocio cuyo baño almacenaba tanques de gas. Poco después ocurrió el terrible incidente del Lobohombo.
Hoy con el escándalo del agua contaminada con diesel en la delegación Benito Juárez los vecinos vieron llegar durante dos semanas camiones de la guardia nacional, militares aplicando el plan DN3 y hasta purificadoras de agua que se instalaron en el Parque San Lorenzo. Incluso trajeron un camioncito de estancia infantil con dibujos de Los Picapiedra que permaneció vacío. Se repartieron muchos garrafones de agua, se sacaron muchas fotos para quedar bien, contaminaron el parque con decenas de coontenedores de unisel en los que les repartían comida a los encargados del operativo. Y al final se trasladaron al parque Esparza Oteo de la Nápoles a montar el mismo teatro. Por cierto, en el parque San Lorenzo los cerros de basura que dejaron aún permanecen cerca de botes y en las canchas y en el Esparza Oteo, considerado uno de los parques más sucios de la zona, seguro también será devastadora esa “gran ayuda”.