Frente a la magnitud, en caso de comprobarse la barbarie que se asoma en el hallazgo en Teuchitlán, Jalisco, cuya resonancia internacional se ha alcanzado con el pronunciamiento de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y que será retomada por la administración Trump para evidenciar la colusión activa y/o pasiva (por omisión) de autoridades federales y estatales en lo que apunta en convertirse en un punto de inflexión hasta ahora poco conocido -más no sorpresivo- sobre la forma de operar de la delincuencia organizada.
Es necesario que la presidenta del país sea alertada de la deriva que puede ocurrir en su gobierno -a escasos seis meses de arranque- si no se da un golpe de timón ante lo ocurrido.
Hay que introducirse en los estudios de la ciencia penal, para entender que las miles de desapariciones de personas obedecen a una lógica criminal de considerar como “apropiables” a las personas en un territorio del que se han ido apoderando de facto, empezando con el tráfico de drogas, luego el de armas, trasiego robado de combustible, de alimentos, etc.; simplemente es un escalón más de su poder, el tráfico de personas. Ante tal escenario, nadie puede sentirse seguro en el país.
Se ha anunciado que la titular del Ejecutivo Federal presentará hoy jueves varias iniciativas de ley con el objetivo de atender por fin, el problema de las desapariciones, así como su prevención. No obstante, se han adelantado una serie de imprecisiones que evidencian lo mal asesorada que está, desinformación producto de la desesperación en la que han caído sus colaboradoras y colaboradores consecuencia de su ignorancia e indolencia en el cargo.
Decir, que desde este espacio, por año y medio hemos manifestado la convicción de que el RENAPO se convierta en la columna vertebral de las funciones del Estado, pues contiene la base de datos personales más importante y segura del país. Al hacerlo se coordinarían muchos esfuerzos dispersos en todas las áreas, empezando con el de la seguridad pública, sin soslayar el ahorro de recursos financieros.
En una investigación de ocho años, acreditamos este esfuerzo histórico que data desde la década de los años noventa del siglo XX (en su actual arquitectura legal) y advertimos a su vez, de los intentos, en los dos últimos sexenios, de la alta burocracia del RENAPO -que ha sobrevivido desde los gobiernos panistas- por destruir los grandes avances en el tema de la CURP e impedir la realización de un documento de identificación (cédula de identidad) para toda la población.
En 2023, entregué un ejemplar de mis obras para el mandatario del país en la oficina de su secretario particular en Palacio Nacional, con el único propósito de que conociera de todo ello. Después, desde octubre pasado he intentado entregar otro ejemplar a la titular de la SEGOB y hace un mes al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Las respuestas, sin excepción, ha sido el silencio. Aquí un análisis de lo que se propone presentar ante el Congreso de la Unión:
- Se afirma que una de las iniciativas será la reforma de la Ley General de Población, para consolidar el “Certificado Único de Registro de Población (CURP)”. Hay que advertir que la denominación legal es Clave Única de Registro de Población (CURP). Luego se señala que se pretende que esta sea: “la fuente única de identidad de las personas que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país, para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas”.
En principio, desde al menos un cuarto de siglo, la CURP ya realiza esa función a partir del decreto presidencial de 1996, en que se ordena servir de instrumento para incorporar e identificar a las personas en las diferentes bases de datos federales y estatales, permitiendo sortear con éxito la homonimia y el fraude; ese es su único objetivo.
La CURP no ha servido, ni servirá para el tema de las desapariciones de personas, sencillamente porque en la mayoría de los casos, en la evidencia empírica, se está ante cadáveres o restos humanos.
Aún en los supuestos, como medida preventiva para evitar la sustracción, secuestro y/o desaparición de una persona, lo útil es la existencia previa de sus rasgos biométricos (imagen del rostro, imagen del iris de los dos ojos, huellas dactilares de las dos manos y firma autógrafa), en una base de datos nacional a la que puedan acceder autoridades competentes para verificar su identidad (sobre todo de los menores de edad), en puntos fronterizos, puertos y aeropuertos; si la lectura de los datos biométricos arroja resultados positivos (la coincidencia con una persona registrada), el mismo sistema informativo proporcionará los datos legales de ella, entre ellos, la CURP, desempeñando esta un papel final en la cadena de búsqueda. Procedimiento que funciona en cualquier país desarrollado.
Lo absurdo de la propuesta, es que se oculte a la presidenta del país, que la única manera eficaz para proteger la vida e integridad física de las mexicanas y mexicanos en estos momentos aciagos, es que el Estado conozca quienes conforman individualmente la nación, integrando a la base de datos legales ya existente en el RENAPO: a la información de cada acta de nacimiento y de cada CURP la faltante con la captura de los datos biométricos. Bastando más que cumplir con lo que ordena la Ley General de Población, su reglamento y demás disposiciones administrativas; a cambio, la población (a partir de los 4 años de edad) recibirá una identificación, una cédula de identidad, conteniendo toda su información legal y biométrica (esta última debidamente encriptada).
Se trata de un círculo virtuoso de la identidad personal que no solo se le ha negado a las personas mayores de edad (que cuentan con la credencial electoral, pese a sus deficiencias en términos de certeza), sino lo más grave, sino a más de una tercera parte de la población que conforman los menores de edad, que no cuentan con un documento similar. Desaparición de menores de edad que aumenta en el sureste mexicano, zona casualmente cercana a una de las zonas internacionales (Centroamérica) con mayor índice de trata de infantes. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que visitó nuestro país en 2021 urgió a la captura de los datos biométricos de este sector social vulnerable.
- Se afirma que se propondrá fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, creando la Base Nacional Única de Información Forense y la Plataforma Nacional de Identificación Humana.
Hay que aclarar que esto ya está ordenado por mandato de ley desde 2022 cuando se reformó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En una de nuestras obras señalamos que la denominación correcta debía ser Centro Nacional de Identificación Forense (o Genética), pues su objetivo principal es identificar cadáveres o restos humanos, pues desde el punto de vista científico han dejado de ser humanos. La identificación humana va dirigida a personas (vivas) y esto está encomendado al RENAPO.
Por otra parte, la ley reformada habla únicamente del Banco Nacional de Datos Forenses, que debería comenzar a generarse a partir de 2022 con la información proporcionada por la Fiscalía General de la República y las 32 fiscalías locales (estatales), base de datos a la que deben tener acceso únicamente personal autorizado para la información biométrica (huellas dactilares) de cadáveres, y cuando ya no es posible, a través de perfiles de ADN (materializados en una clave numérica irrepetible y sin acceso a la muestra real) y su confronta con la información biométrica y/o ADN proporcionada voluntariamente por familiares de las personas desaparecidas.
Agregar que desde 2018 el INE proporciona, a la Comisión Nacional de Búsqueda, información de huellas dactilares coincidentes en la base de datos del Padrón Electoral, tratándose únicamente de casos solicitados puntualmente. Si se cumpliera con lo ordenado por la Ley General de Población, una vez creada la base de datos biométricos del RENAPO, la confronta se haría de inmediato y ya no sería necesario recabar por parte del Centro Nacional de Identificación Humana los rasgos biométricos de los familiares de las víctimas (solo obteniendo la muestra de ADN), con el consabido ahorro de recursos en tiempo y dinero.
La tragedia de las personas desaparecidas que simbra la conciencia nacional, además de la vergüenza internacional, deben ser motivo para exigir a las instituciones que se pongan a trabajar, federales y estatales (incluyendo CDMX). Que la mejor prevención a la inseguridad es la reactivación de los trabajos del RENAPO que concluyan con la emisión de la Cédula de Identidad; haciendo simultáneamente lo propio con el Banco Nacional de Datos Forenses dependiente de la Comisión Nacional de Búsqueda. Instituciones, todas, adscritas a la SEGOB, esperando de esta, como mínimo, estar a la altura de las circunstancias.
Autor de las obras Derecho a la Identidad Personal y Cédula de Identidad en México, editorial Civitas&Universitas, 2022, hfernandezp@comunidad.unam.mx
