Héctor De Mauleón | 10-08-26 | 01:00 |

En agosto de 2022 la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) concluyó que la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, Lambetina Galeana Marín, había ordenado destruir los videos captados por las cámaras del Palacio de Justicia de Chilpancingo la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando alrededor de 20 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos fueron detenidos frente a ese sitio por elementos policiacos, y desaparecidos horas más tarde.

Casi tres años más tarde, en mayo de 2025, Lambertina, de 79 años de edad, fue detenida bajo cargos de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.

En 2014 la presidenta del Tribunal había alegado que los videos no existían, que las imágenes captadas por las cámaras eran inservibles pues no estaban claras, por lo que ella misma las mandó eliminar. La destrucción de ese material era del todo irregular: no le correspondía a ella calificar aquellas pruebas, sino al ministerio público federal.

Dos técnicos de sistemas, Luis Europa Solís y Javier Uribe, declararon ante la entonces PGR que habían intentado guardar los videos de las cámaras 12 y 15 en una USB, pero que los archivos estaban dañados.

A raíz de la detención de la magistrada en retiro, su defensa sostuvo que no existía documento alguno que acreditara que ella hubiese conocido la existencia de los videos. El día de su detención, Lambertina fue víctima de una crisis nerviosa. De hecho, fue preciso que se llamara a los paramédicos para que la atendieran.

Casi un año más tarde, la funcionaria dejó el penal de Coatlán del Río, en el que había sido internada. Se reveló que había obtenido un criterio de oportunidad. A la semana siguiente trascendió que había dado una nueva declaración en la que pasó de “los videos no servían” y “nunca supe de su existencia” a revelar que la orden de desaparecer aquel material fue girada por el entonces gobernador del estado, Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien fue detenido el jueves pasado, 12 años después de los sucesos, y a quien, en silla de ruedas y con problemas de diabetes e hipertensión, se negó el beneficio de la reclusión domiciliaria por el alto riesgo, según el juez, de que se evada.

Aguirre, por cierto, había tenido el mal timing de salir a opinar públicamente sobre la sucesión política en Guerrero (en favor de una candidata que no es la favorita de Morena) y sobre la colusión de autoridades con grupos del crimen organizado.

A las acusaciones de Lambertina se sumaron las de la exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, detenida en marzo pasado en un cateo en el que encontraron una pistola y “cinco cajas de medicamento controlado”. Estrada, de 73 años, pactó también un criterio de oportunidad.

Declaró que por indicación superior entró en contacto con Lambertina para destruir las grabaciones del Palacio de Justicia en las que se observaba cómo policías de Iguala, y un grupo de civiles, bajaban a los normalistas del autobús en que se transportaban.

Según las acusaciones, Estrada Ortega recibió el disco y se lo entregó al gobernador, “quien presuntamente después se lo dio al entonces procurador de justicia estatal Iñaki Blanco para que ‘se hiciera cargo’”.

La exvisitadora afirma que el 30 de septiembre de 2014 Aguirre llamó a una junta a sus colaboradores más cercanos, y que ahí ordenó que toda la evidencia relacionada con los hechos ocurridos frente al Palacio de Justicia, en el sitio conocido como el Puente del Chipote, fuera destruida. Estrada Ortega dijo que no había hablado antes porque estaba amenazada.

Las dos exfuncionarias sostuvieron que Aguirre era “una persona peligrosa” porque él y su sobrino y asesor, Ernesto Aguirre, “tenían relación con los grupos criminales”.

La fiscal Ernestina Godoy afirma que después de un “real análisis profundo, exhaustivo y detallado”, cuenta con elementos de prueba que acreditan que Aguirre giró esas órdenes a funcionarios estatales de alto nivel: que el ocultamiento fue “una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo”.

Nada, absolutamente nada, y en especial nada nuevo, podrían aportar aquellos videos sobre lo sucedido esa noche. Todo lo que ocurrió, con un apabullante lujo de detalles, fue documentado desde 2016 por la anterior Comisión Nacional de Derechos Humanos, la de a deveras.

La de hoy, como se sabe, ha exculpado al Ejército de todo lo ocurrido la noche en que desaparecieron 41 alumnos normalistas.

El gobierno federal se apresta ahora a cerrar el caso echándole la bolita a Aguirre y al gobierno estatal. Es preciso aclarar, desde luego, qué ocurrió con los videos que Lambertina dijo que destruyó, que Lambertina dijo que no servían, que Lambetina dice que le pidió el exgobernador Ángel Aguirre.

La prueba de la nueva ruta por la que quieren llevar el caso Iguala es la declaración de que los videos fueron entregados a Iñaki Blanco para que “se hiciera cargo” de desaparecerlos.

Porque la realidad indica que Blanco cumplió la orden muy mal. Identificó y detuvo a la mayor parte de los policías que actuaron esa noche, en el Puente del Chipote y otros sitios, y que eran integrantes del grupo conocido como Los Bélicos. Detuvo a los primeros cuatro integrantes de Guerreros Unidos, organización que relacionó con la desaparición de los alumnos. Implicó en el caso a agentes municipales de Cocula y Huitzuco.

Incorporó al expediente imágenes de las cámaras del C4 (en una de ellas se ve la camioneta que se llevaba a un grupo de alumnos en la batea). Obtuvo orden de aprehensión contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Consignó a los mandos policiacos Alejandro Tenescalco, Felipe Flores y Francisco Salgado Valladares. Trazó la primera ruta de la desaparición, sobre la que se sigue sosteniendo el caso Iguala.

Qué endeble resulta el “real análisis, profundo, exhaustivo y detallado” de Ernestina Godoy. Porque ahora resulta que ya no fue el Estado.

Bueno, sí, fue el estado, pero el estado de Guerrero.