La ola imparable de violencia que cimbra Guerrero llegó ayer a las oficinas de la Fiscalía General de la República, en Chilpancingo. Hombres armados aguardaron a las puertas de esta dependencia al delegado de la FGR en el estado, Fernando García Fernández.
El funcionario había llegado a Guerrero en 2018, luego de fungir como subdelegado en Aguascalientes y Morelos, y tras haber encabezado tanto la Unidad Especializada en Terrorismo como la Unidad Especializada en Investigación de Secuestro en la SEIDO.
El entonces gobernador Héctor Astudillo le dio la bienvenida al estado.
Este martes, García Fernández llegaba poco antes de las nueve de la mañana a sus oficinas de la colonia Cipatli, al sur de la capital. Su camioneta Mitsubishi fue interceptada, sicarios accionaron sus armas desde ambos lados del vehículo, que se impactó contra un poste. Más tarde lo sacaron de la unidad y lo remataron en el suelo.
Los hechos ocurren a solo tres días de que el fiscal regional en Tierra Caliente, el teniente coronel Víctor Manuel Salas fuera sacado de su domicilio en Coyuca de Catalán por presuntos integrantes de la delincuencia organizada que se desplazaban en camionetas de alta gama.
Salas llevaba dos días en el cargo. Su paradero se desconoció a lo largo de cinco horas, hasta que a las once de la noche su cuerpo fue encontrado, con cerca de 50 impactos de arma de fuego en un paraje de la comunidad El Jaripo, muy cerca de la carretera Coyuca-Zirándaro.
El militar, activo, ya se había desempeñado como fiscal regional en Coyuca: seis meses atrás fue amenazado y tuvo que salir, escoltado por un fuerte dispositivo de soldados y guardias nacionales.
La secretaria de Gobernación atribuyó la ejecución a que “se viene avanzando en temas de aseguramientos y detenciones”.
Precisamente en Coyuca de Catalán fue sacada de sus oficinas, en agosto pasado, la agente del ministerio público Patricia Salgado, a quien se había nombrado hacía dos semanas. De acuerdo con los reportes, un comando de 20 sujetos desarmó a los agentes ministeriales que hacían guardia en la agencia y extrajo a la funcionaria. Se activó el protocolo Alba. La ministerio público fue localizada con vida un día después. No se dieron detalles: se informó solo que se hallaba “sana y salva” y recibiendo atención.
Hace una semana, en una emboscada nocturna, fue asesinado el secretario de seguridad pública del municipio de Juan R. Escudero, Juan Carlos Vitrago. El director circulaba en un vehículo oficial en las cercanías de Tierra Colorada. A la medianoche, vecinos de colonias cercanas reportaron al 911 que se escuchaban disparos.
El vehículo de Vitrago se hallaba volcado en el fondo de una barranca. De los cinco oficiales que lo acompañaban tres perdieron la vida y otros dos quedaron gravemente heridos.
Los ataques contra los funcionarios ocurren en un contexto de violencia, en el que las autoridades lucen completamente rebasadas. Grandes regiones del estado se hallan bajo fuego, sumergidas en una atmósfera siniestra, marcada por la inseguridad.
El jueves pasado fueron halladas en Acapulco seis cabezas humanas, acompañadas por mensajes de amenaza. Quienes las arrojaron lanzaron disparos al aire e hicieron estallar un artefacto explosivo en la plaza cívica Juan N. Álvarez, el zócalo de Acapulco, que dejó al menos cuatro heridos.
Este lunes, los restos de una mujer descuartizada fueron sembrados en tres puntos del puerto: partes del cuerpo fueron dejados en el interior de un taxi robado; otros fragmentos del cadáver aparecieron repartidos en una bolsa y una cubeta; la cabeza, con muestras de tortura, la fueron a tirar al Mercado Central.
Apenas en agosto pasado, dos lideresas del transporte público, Marlen Adame Simón y Mariela Lozano Salgado, desaparecieron en en Juan R. Escudero, el mismo municipio en el que una semana más tarde fue asesinado el secretario de seguridad pública Juan Carlos Vitrago.
Las hallaron desmembradas, dos días después, en Plan de Lima, con mensajes brutales de la delincuencia organizada.
Más restos humanos fueron encontrados el sábado 9 en el Mercado Central y en el Hotel Flamingos, de Acapulco.
Mientras el gobierno federal dice avanzar “en temas de aseguramientos y detenciones”, la violencia en Guerrero, donde existen datos del grave involucramiento de altos funcionarios con el crimen organizado, sigue escalando.
Ya no arrasa solo a la población. Le está llegando al cuello a los funcionarios.
