La madre buscadora Teresa González Murillo, del colectivo Luz de Esperanza, fue acribillada en el rostro el pasado 27 de marzo: murió unos días después en una unidad de terapia intensiva. Llevaba medio año buscando a su hermano, desaparecido en el estado de Jalisco. Según la información proporcionada por la fiscalía, tres sujetos armados, a bordo de motocicletas, la agredieron para robarle el dinero de unas ventas y una “tanda”.
Su asesinato ocurre en un momento en el que el gobierno mexicano, en vez de mostrar empatía con el drama que en todos los estados del país viven los colectivos de búsqueda de desaparecidos, se ha empeñado en desautorizarlos y cubrir de sospechas el trabajo de esas organizaciones.
Héctor Flores, uno de los fundadores de Luz de Esperanza, denunció que Teresa González había sido víctima de amenazas en los días previos a la agresión y señaló que una de las hijas de la activista había sido golpeada por integrantes de un grupo criminal que se identificaron como gente “de la plaza”.
Al menos 40 integrantes de ese colectivo han sufrido amenazas. Sin embargo, de acuerdo con Flores, ni las autoridades federales ni el gobierno de Jalisco han acudido en su auxilio.
El caso del rancho Izaguirre, donde cientos de personas fueron reclutadas por el Cártel Jalisco y en donde, según el relato de sobrevivientes, un número aún indeterminado de personas fueron desaparecidas por el crimen organizado, ha colocado al gobierno de Claudia Sheinbaum en un grave predicamento.
A pesar de la estrategia de su gobierno para minimizar y poner en duda lo ocurrido en ese sitio, el saldo para su administración ha sido fundamentalmente negativo.
Voceros, medios públicos y propagandistas se han esforzado en acusar la existencia de una campaña sucia, tendiente a exagerar en redes sociales los hallazgos ocurridos en el rancho. Políticos, legisladores y funcionarios de la 4T se han sumado en diversas declaraciones a la ola que procura detener el tsunami provocado por el caso del rancho. El pésimo manejo de la fiscalía general de la República, que barrió y trapeó ese campo de reclutamiento y presunto exterminio antes de permitir hace unos días el ingreso de los colectivos de búsqueda, solo confrontó al gobierno de Sheinbaum con las organizaciones de madres buscadoras y visibilizó a nivel internacional la tremenda crisis de las desapariciones en México.
La información, proporcionada también por testigos, de que en el estado de Guerrero grupos de jornaleros fueron reclutados por el gobierno morenista estatal y por administraciones municipales con la promesa de trabajar en campos agrícolas de Estados Unidos, y terminaron luego explotados o a merced de grupos criminales, no hizo sino aumentar un peldaño a la mayor crisis interna que ha enfrentado Sheinbaum en los primeros seis meses de su administración.
El viernes pasado, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU anunció el inicio de un procedimiento en México frente a la posibilidad de que en el país, de acuerdo con “información fundamentada” y recibida por el comité, se estén registrando desapariciones forzadas “de manera general o sistemática”.
Como ya han señalado diversos analistas, se trata de un asunto absolutamente inédito: el más extremo con que cuenta el comité, según declaró a Animal Político el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro: un acto que podría poner a México, así como al rancho Izaguirre, bajo la lupa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como una forma de acceder “a la verdad y la justicia para miles de familiares que buscan a sus seres queridos”.
Desde semanas atrás, fuentes de Palacio Nacional difundían la versión de que el gobierno mexicano no apoyaría la intervención de organismos internacionales en el caso del rancho Izaguirre y las desapariciones forzadas, para no repetir el error que el gobierno de Enrique Peña Nieto cometió al meter al GIEI en el caso Ayotzinapa.
La propia titular de la (inexistente) Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, no hizo sino confirmar esa versión al declarar que “experiencias previas con misiones extranjeras o medidas impuestas desde el exterior han demostrado poca eficacia y en algunos casos incluso han complicado lo que se pretende remediar”.
Piedra argumentó que la postura de la ONU “está descontextualizada” y negó que en México se viva una crisis de desapariciones. Más de 50 mil personas desaparecieron, sin embargo, en el sexenio pasado, y otras seis mil han sido reportadas como desaparecidas en lo que va del gobierno de Sheinbaum.
Aunque al mismo tiempo la secretaria de Gobernación pidió a la ONU que sea “responsable” antes “de hacer acusaciones sin pruebas”, la crisis de las desapariciones, negada durante todo el sexenio de López Obrador, en el que se intentó incluso rasurar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se halla ya bajo el ojo internacional.
Una piedra más en el camino de la presidenta y otra herencia maldita del irresponsable gobierno que hundió a México en el horror.
