Llevaban ocho meses tras él: hace tres semanas estuvieron a punto de detenerlo en Querétaro, pero desenfundó su arma en un lugar público y los agentes que iban al frente del operativo decidieron retirarse.
Desde finales de abril había huido a Oaxaca: se refugió en Juchitán, al lado de un agente municipal involucrado en la desaparición y asesinato de diez personas. Más tarde se movió a Jalisco.
Finalmente recaló en Zamora, Michoacán, y se instaló en una casa del centro.
Adrián Mauricio Sánchez Mitre había tomado protesta como comisario de seguridad pública de Nicolás Romero en octubre de 2022. Expolicía federal, con cursos de operación táctico policial en el Comando de Operaciones Especiales de Colombia y con el Grupo de Intervención y Rescate de Ecuador, se comprometió ese día a “dar lo mejor de sí mismo para fortalecer la seguridad en las distintas comunidades” de dicho municipio mexiquense.
Sánchez Mitre había llegado a Nicolás Romero en un momento crítico: un mes antes, el subdirector operativo de la policía municipal Miguel Osvaldo Castillo Martínez —quien más tarde sería vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación—, había sido atacado a tiros mientras paseaba con su familia en el centro comercial Mundo E.
En abril de 2024 la fiscalía del Estado de México inició una investigación relacionada con la desaparición de cuatro conductores de Didi. Esa investigación iba a desatar un escándalo de proporciones mayúsculas que cimbró diez municipios del Estado de México.
El teléfono celular de uno de los desaparecidos arrojó su última geolocalización en la colina El Mirador de localidad de San Francisco Magú, al norte de Nicolás Romero. Ahí se encontró un pozo de 40 metros de profundidad, excavado con maquinaria especializada, en el que las autoridades trabajaron durante más de 24 horas.
En el fondo los esperaba el horror.
Aparecieron los cuerpos de los conductores y de cinco personas más. Según el reporte de la fiscalía, algunos cuerpos se hallaban segmentados. Una de las víctimas había sido decapitada. Algunas más fueron arrojadas con vida.
No había rastro de impactos de arma de fuego. Varios cuerpos presentaban contusiones en la cabeza y el tórax.
Un sobrevuelo realizado por personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México permitió la localización de un segundo pozo a 300 metros de aquel lugar. En ese sitio fue encontrado un cuerpo más.
Según la versión de personal de la fiscalía, al realizar la búsqueda de teléfonos que hubieran estado activos en aquel lugar durante las horas posteriores a la desaparición de los conductores de taxi, se detectaron números pertenecientes a policías municipales de Nicolás Romero: “Estaban ahí a la hora en la que las víctimas fueron arrojadas a los pozos”.
De acuerdo con la investigación, en los pozos había “vendedores de droga que no quisieron alinearse” y choferes de taxi que probablemente fueron vinculados con un grupo rival, y a los que se acusó de la distribución de narcóticos.
A principios de mayo, con apoyo de fuerzas federales, agentes de la fiscalía se presentaron en la comandancia de la policía municipal de Nicolás Romero, a la hora del pase de lista.
Adrián Mauricio Sánchez Mitre no se presentó y a partir de entonces se dio a la fuga.
Varios policías municipales intentaron impedir la detención del subdirector y otros agentes. Ese día, 15 elementos fueron puestos a disposición.
Agentes involucrados en la investigación revelaron que en los teléfonos de algunos policías se hallaron imágenes de video “brutales”, “muy violentas”, del momento en el que algunas víctimas fueron arrojadas a los pozos.
La investigación permitió la detención de 10 sujetos ligados al Cártel Jalisco. Uno de ellos accedió a convertirse en testigo colaborador y reveló que las órdenes de desaparecer a las víctimas fueron dictadas desde el penal de Barrientos por un sujeto apodado El Davis, quien había quedado como encargado de Naucalpan, Atizapán y Nicolás Romero tras la alianza efectuada por el Cártel Jalisco y la Unión Tepito.
De acuerdo con la fiscalía, en el municipio se fraguó un entramado criminal en el que los servidores públicos no solo brindaban protección al grupo criminal, sino que tuvieron participación directa en sus acciones. “Fueron municipales quienes llevaron a las víctimas a los pozos; hicieron ‘muro’ cuando los ‘levantaron’ e incluso arrojaron los cuerpos dentro de los pozos”, explican.
Los pozos de la muerte de Nicolás Romero revelaron el nivel que había alcanzado la complicidad entre los grupos criminales y las autoridades del Edomex. Fue el hilo con el que se comenzó a tejer el Operativo Enjambre. Para los investigadores, la captura de Sánchez Mitre es crucial para conocer a fondo de ese entramado.
