Desde octubre de 2023, el secretario general del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores González, denunció que jóvenes de Jalisco estaban siendo objeto de reclutamiento forzoso por parte del crimen organizado: Flores denunció que su organización había detectado la existencia de campamentos en Ameca, Valle de Guadalupe, Tala, Tecaltitlán, Zapopan, Tapalpa y Talpa de Allende.
Había registros más antiguos de que jóvenes del estado estaban siendo enganchados mediante falsas ofertas de empleo difundidas en redes sociales: se les ofrecían puestos como guardaespaldas, guardias de seguridad, policías municipales, trabajadores de call-centers y encuestadores… El infierno comenzaba al llamar a la puerta de algún domicilio.
Las denuncias del colectivo no prosperaron, debido “a la inacción de las autoridades”. Existían datos proporcionados por jóvenes que habían logrado escapar de aquellas casas del infierno. Pero nada ocurrió. El gobierno del emecista Enrique Alfaro fue el primero en echarle tierra al asunto. Y con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador… cada día queda más claro lo que ocurrió.
Ayer, el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, sostuvo que era inverosímil que las autoridades municipales y estatales de Jalisco desconocieran la existencia del campamento de Teuchitlán, que funcionó también como campo de exterminio, y en donde fueron hallados tres hornos crematorios con huesos calcinados y cerros enteros de zapatos, objetos personales y prendas de vestir.
Al fiscal le faltó decir que tampoco la dependencia que él encabeza, ni el Centro Nacional de Inteligencia, ni la Sedena, ni la Guardia Nacional, ni la Secretaría de Seguridad federal, ni el Gabinete de Seguridad entero, tuvieron conocimiento de un centro criminal de miles de kilómetros cuadrados, ubicado a solo una hora de la capital del estado, y que llevaba operando más de tres años en completa impunidad: una universidad del mal, la universidad del Cártel Jalisco, en donde futuros sicarios eran preparados para dejar de ser humanos y asesinar, desmembrar, descuartizar sin piedad.
Mientras el fiscal anunciaba una investigación contra las autoridades de Jalisco, se difundió la noticia de que madres buscadoras del colectivo Amor por los Desaparecidos habían localizado en Reynosa, Tamaulipas, un nuevo campo de exterminio en el que fueron identificados 14 puntos con restos humanos, así como incontables objetos personales.
Ese nuevo campo acababa de sumarse a los otros 18 hallados en Tamaulipas por el colectivo en lo que va del año.
¿Habrá también una investigación para las autoridades estatales y municipales de Tamaulipas? ¿No es inverosímil que no se mantuvieran al tanto de esta tragedia?
Según los colectivos de búsqueda, en 2021, en Playa Bagdad, Tamaulipas, se recolectaron del campo conocido como La Bartolina, 500 kilos de huesos. En el ejido de Patrocinio, en Coahuila, los colectivos de búsqueda han localizado 27 zonas de exterminio de las que han salido más “kilos de restos óseos”.
Michoacán, Zacatecas y Guanajuato son corredores donde conviven campos de entrenamiento del crimen organizado con cementerios formados por fosas clandestinas. Solo en 2020 salieron de las fosas de México 6 mil cuerpos inhumados.
Es un problema de México, no solo de un estado y un municipio.
Desde julio de ese año, la entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, advirtió: “La juventud mexicana está desapareciendo”. Según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 75% de los desaparecidos en el país tienen entre 15 y 30 años de edad.
Solo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador desaparecieron 51 mil personas (75% de sexo masculino). No solo eso: también se detectaron tres mil fosas clandestinas repartidas a lo largo de 24 estados.
En fosas ubicadas en un solo predio se hallaron hasta 100 cuerpos. Municipios como Tecomán, Acapulco, Ahome, Úrsulo Galván, Salvatierra, Ciudad Juárez, Mazatlán y Cajeme están sembrados de fosas y centros de exterminio.
Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Nuevo León son líderes en ese rubro.
Tiene razón Héctor Flores: nadie quiso atender los repetidos llamados que se hicieron. Los centros de reclutamiento y desaparición del crimen organizado operan con total impunidad. Tanto los gobiernos estatales como el federal “han sido conscientes de la existencia de estos campamentos durante varios años, sin que nadie haya tomado medidas para desmantelarlos”.
