Apenas en enero pasado el gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó al agrupamiento Guardianes del Camino, una división de la Guardia Civil encargada de vigilar 15 rutas estratégicas en el estado con 240 agentes especializados en seguridad carretera, 800 guardias civiles equipados con cámaras corporales y 60 nuevas patrullas Ford Police Interceptor dotadas de equipo de vigilancia conectado al C5 y diseñadas para realizar labores policiales en carretera.
Los Guardianes del Camino se desplegaron primero en Cotija, Tocumbo, Tingüindín y Peribán. Se anunció que paulatinamente cubrirían otros tramos carreteros prioritarios.
“Viaja seguro por Michoacán”, fue el slogan elegido para presentar al flamante agrupamiento.
Prevención y combate al delito, capacidad de reacción, atención ciudadana profesionalizada.
Ramírez Bedolla se retrató exultante junto a las nuevas unidades. Servicios de inteligencia militar no compartían su júbilo. Un reporte confidencial, al que esta columna ha tenido acceso, informa que el agrupamiento de la Guardia Civil encargado de custodiar los caminos de Michoacán se encarga de cuidarle las carreteras “a las células delictivas” con el fin de avisarles si la Guardia Nacional o elementos de la Sedena se encuentran cerca.
Según el reporte, “todos los comisarios de regiones y directores de municipios están condicionados para dar una cuota y recibir dinero mensual del crimen organizado”. Es por eso, se lee en el documento, que la Guardia Civil “solo ofrece resultados cuando actúa en coordinación con efectivos de la Guardia Nacional y la Sedena”.
Inteligencia militar detectó que los integrantes del agrupamiento de caminos están obligados a entregar cuotas semanales, por región, que van de 50 mil a 80 mil pesos.
En un segundo parte se indica que desde la coordinación de comisarías regionales de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán se abre paso al Cártel Jalisco Nueva Generación para “ubicar contrarios y detenerlos”.
De acuerdo con el reporte, incluso el robo de hidrocarburos se hace bajo la custodia de agentes de la Guardia Civil.
También en enero pasado, el gobernador Ramírez Bedolla anunció una serie de nombramientos estratégicos en esta institución, “que redefinen su estructura operativa y de mando, como parte de un proceso de renovación institucional”. Ramírez Bedolla entregó cargos en comisarías regionales, coordinaciones, jefaturas de agrupamiento y unidades especializadas de seguridad vial. La nueva red, dijo, tendría presencia directa en campo y formaría parte de un nuevo despliegue táctico de la Guardia Civil.
En una de las jefaturas de Agrupamiento se nombró, por ejemplo, a Juan Manuel Banderas Acosta. Los reportes militares revisados señalan a Banderas Acosta como encargado de la extorsión y el cobro de cuotas en los aserraderos del estado, y de proteger “la deforestación ilegal para realizar cambios en el uso de suelo”.
El informe señala el cobro de cuotas por tala ilegal en Huajúmbaro, la Yerba Buena, Zinapécuaro, Ocampo, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Angangueo, Pátzcuaro, Zirahuén, Opopeo, Erongarícuaro “y toda la zona lacustre”.
Sostiene que Banderas Acosta está encargado, además, de recolectar cuotas de los agrupamientos “AROP, Proximidad Social, Ambiental, Lacustre y Ordenamientos Judiciales”, donde “cada unidad está obligada a pagar 2000 pesos por turno”.
La Sedena detectó que hay incluso un mando encargado de la ordeña y la venta de combustible de las unidades oficiales de la Guardia Civil.
Ramírez Bedolla ha sostenido que los nuevos nombramientos fueron resultado “de un proceso considerado histórico dentro de la Guardia Civil, al haberse realizado mediante convocatorias abiertas y mecanismos de evaluación inéditos, orientados a privilegiar el mérito, la capacitación y la experiencia operativa”.
Los militares reportan, en cambio, que quienes dentro de la Secretaría de Seguridad se opusieron al esquema de corrupción, fueron removidos, relegados o cesados.
Es el retrato que estos documentos ofrecen de una policía supuestamente encargada de proteger a los ciudadanos, en un estado copado, incendiado y —resulta cada vez más claro— gobernado por el crimen.