En febrero pasado, durante el Seminario Patrimonio Cultural, Antropología, Historia y Legislación, los arqueólogos Fernando Cortés de Brasfeder y la profesora emérita Noemí Castillo Tejero denunciaron que sitios arqueológicos ubicados en los tramos 6 y 7 del Tren Maya fueron desmontados, mutilados, separados de sus contextos originales y trasladados a otros sitios.

Al menos 47 monumentos originales fueron trasladados a kilómetros de distancia, para decorar los llamados “Parques de la Memoria” de Baláan Tun y K’awill. No solo eso: en esos parques fueron agrupados monumentos que procedían de diferentes lugares.

Un crimen de lesa arqueología, lo llamaron los arqueólogos.

Jesús Sánchez Bueno, de la Dirección de Estudios Arqueológicos, y vocero del nutrido grupo de arqueólogos que alzaron la voz para protestar por la destrucción de estos sitios, calificó que la actuación de los responsables de la zona había dejado “una devastación del patrimonio arqueológico sin precedentes”.

Compartí la semana pasada en este espacio el resultado de un estudio realizado por la Comisión de Protección al Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico, integrada por prestigiados y experimentados arqueólogos del INAH. La comisión concluyó, en líneas generales, que en las prisas por terminar la construcción del Tren Maya, se destruyó el contexto en que se hallaban inmersos aquellos edificios y se perdió para siempre información sobre sus sistemas urbanos, comerciales, religiosos y domésticos.

“Jamás se podrá reconstruir el contexto que permitía explicar qué había ocurrido en esos sitios”, señaló el arqueólogo Sánchez Bueno.

La obra puso de manifiesto las tensiones y fracturas que existen en el INAH. Según el arqueólogo Manuel Pérez Rivas, responsable del proyecto de salvamento arqueológico del Tren Maya —reconocido el año pasado con la medalla Alberto Ruz Lhullier por sus investigaciones sobre esta civilización—, durante los trabajos no solo no se devastó ni destruyó absolutamente nada: por el contrario, se registraron 66 mil monumentos arqueológicos en los siete tramos del tren y de estos se intervinieron y preservaron 23 mil. 1,670 monumentos se protegieron in situ.

Pérez Rivas señala que se encontraron vestigios a lo largo de los 1,525 kilómetros que integran la línea. Cada 28 metros, en promedio, aparecieron monumentos, basamentos, cimientos, albardas, camellones de distintas dimensiones.

Los hallazgos efectuados durante más de cuatro años de trabajo arqueológico ocurrieron cada 56 metros en el Tramo 1 y cada 11 metros en el Tramo 7.

En la ruta fueron detectadas 15 zonas arqueológicas con extensiones de entre ocho y 35 kilómetros.

En la mayor parte de los casos, los hallazgos fueron conservados in situ. En algunos casos, se decidió llevar a cabo reenterramientos controlados para que los vestigios persistieran.

“Fue una oportunidad de investigación. Solo después de un proceso riguroso de evaluación, supervisión y vigilancia, el INAH permitió el paso de la obra. En total, el tren fue desviado en 25 ocasiones: se realizaron 25 grandes desvíos, alguno de ellos de hasta 4 kilómetros, porque se habían hallado conjuntos relevantes de grandes dimensiones. En esos casos se activaron medidas para desviar el tren”, explica el arqueólogo Pérez Rivas.

Uno de estos sitios es el de Cruz de Rovira, “un sitio enorme en Campeche, con edificios de más de 12 metros”.

El responsable del salvamento arqueológico sostiene que cada una de las fases del proyecto fue documentada por especialistas; se cuenta actualmente con un repositorio de 800 terabytes de información.

¿Qué pasó con los monumentos que fueron desmontados y trasladados a otros lugares? Según Pérez Rivas, por razones técnicas y de seguridad en la construcción del Tren Maya, no era posible conservarlos en sus sitios originales: “Se agotaron todas las posibilidades de conservación. Una comisión del Consejo de Arqueología analizó la situación de manera colegiada y tomó una decisión a partir de análisis técnicos: no era factible dejarlos ahí, así que se avaló su reubicación”.

El arqueólogo afirma que cada etapa de ese proceso fue documentada; se llevó un registro completo del contexto de cada uno de los monumentos: prospección, excavación, deconstrucción y traslado de los elementos constructivos.

“No es lo deseable, pero en muchos casos así se ha procedido desde hace mucho tiempo: preservar lo que se pueda y buscarle un destino digno”, explica.

10 conjuntos de monumentos y 4 monumentos unitarios fueron reubicados.

El grupo de arqueólogos de la Comisión de Protección al Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico que denunció el “crimen de lesa arqueología” ha propuesto que se lleve a cabo un debate público en el que los responsables de la obra y las autoridades del INAH se vean obligados a explicar, con pruebas y datos verificables, los criterios con que justificaron la remoción de bienes del patrimonio arqueológico.

Sería lo mejor para todos.

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