Un año después de que el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Herrera, fuera decapitado, en un hecho absolutamente inédito en la historia de Guerrero y a mitad de la pugna entre los grupos criminales de Los Tlacos y Los Ardillos, la capital del estado se ve nuevamente sumergida en una tremenda oleada de violencia.
El fin de semana el propietario de una pollería fue asesinado dentro de su local en el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla. A un repartidor de pollos lo acribillaron horas después en el estacionamiento de ese centro de abasto.
La violencia escaló a medida que avanzaba el fin de semana. En la madrugada del domingo, hombres armados rociaron con gasolina un camión de la ruta Chilpancingo-Colotilpa. A las 10:30 de la mañana los pasajeros de una Urvan del servicio público que había partido de la colonia PRD fueron desalojados por sujetos encapuchados que quemaron la unidad.
A resultas del ataque cuatro mujeres resultaron con quemaduras: entre ellas, una niña de 7 años y una joven embarazada.
Poco antes del mediodía, al taxi marcado con el número 782 le prendieron fuego en la carretera México-Acapulco.
Simultáneamente circularon videos de supuestos enfrentamientos en la zona rural: en una de las imágenes se aprecia la manera en la que tres cuerpos masacrados de presuntos Ardillos fueron incinerados en la batea de una camioneta.
Desde las dos de la tarde del domingo, Chilpancingo se quedó sin transporte público. En un comunicado, el Ayuntamiento informó que con antelación había notificado al gobierno federal que se venía un nuevo brote de violencia.
En redes sociales circuló un presunto mensaje dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado en el que uno de los grupos en pugna amenazaba con matar dos servidores públicos “por cada inocente que maten o pueblo que agredan”. En el mensaje fue mencionado Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Asuntos Políticos en el gobierno de Salgado.
Ayer, las rutas de transporte se paralizaron y escuelas de todos los niveles anunciaron la suspensión de clases a consecuencia de la inseguridad.
El alcalde Alejandro Arcos fue asesinado, desmembrado y decapitado el 6 de octubre del año pasado. Según la investigación del caso, Los Ardillos le habían exigido las secretarías de seguridad y finanzas. Fue asesinado primero su secretario del Ayuntamiento, Francisco González Tapia.
Más tarde fue ejecutado su secretario de seguridad, Ulises Hernández Martínez, quien había anunciado una serie de cambios en la corporación policiaca. Según fuentes estatales, estos cambios pondrían la secretaría en manos de Los Ardillos.
A menos de una semana de haber tomado posesión del cargo, el propio Arcos fue sin escoltas a una reunión en la zona de rural de Mochitlán. Presuntos agentes municipales de una zona controlada por Los Ardillos fueron los encargados de abandonar sus restos a la entrada de Chilpancingo.
La investigación está estancada: se acusó al encargado de despacho en la secretaría de seguridad pública, el capitán Gerardo Reyes Reyes, como autor intelectual del homicidio: así lo señaló un vendedor de dulces que dijo “haber oído” una conversación y que poco más tarde fue asesinado.
Según fuentes de alto nivel, Reyes Reyes había quedado como encargado del despacho a consecuencia de un “acuerdo” con el gobierno de Evelyn Salgado. El sucesor de Alejandro Arcos, Gustavo Alarcón Herrera, llegó al cargo a consecuencia de otro “arreglo” entre el gobierno de Salgado y la delincuencia organizada. Las fuentes indican que a nivel territorial la pugna entre Tlacos y Ardillos sigue viva en Chilpancingo, pero que el gobierno, o al menos las secretarías más importantes, se hallan bajo el control de Los Ardillos: algunos de los nuevos secretarios proceden de Quechultenango y Mochitlán, territorio controlado por Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal.
Tras el asesinato de Alejandro Arcos, la violencia se apagó, pero solo en buena parte de los medios. Han continuado los asesinatos de transportistas y conductores de unidades del servicio público, que repuntaron a partir de noviembre de 2024, un mes después de que el alcalde fuera decapitado.
Una serie de ataques a agentes de tránsito municipal dejó la capital del estado sin vigilancia vial durante dos días. A principios de febrero, en solo 48 horas, fueron asesinados un policía estatal, un chofer de Urvan (exagente de tránsito) y un líder criminal.
Semanas antes fue ejecutado de siete disparos a las afueras de un restaurante, el exdirector operativo de la policía durante las tres últimas administraciones, Raúl Gracida, a la sazón, escolta del secretario de Desarrollo Económico y Fomento Turístico municipal, Lenin Carbajal.
A un año del asesinato de Arcos, la batalla por el control de las extorsiones, los centros de abasto, el transporte y las principales secretarías del gobierno municipal sigue al rojo vivo en Chilpancingo, en donde están de vuelta la muerte y las llamas.