Censura a la sátira y a la risa

Constantino Escalante, el gran caricaturista político del siglo XIX, se vio obligado a huir de la ciudad de México en 1863, cuando el mariscal Forey suspendió la publicación del periódico satírico “La Orquesta”, e inició una virulenta persecución en contra de este bisemanario.

El caricaturista se refugió durante unos meses en Real del Monte, pero en agosto de ese año fue ubicado y detenido por soldados franceses. De acuerdo con su primer biógrafo, el periodista y escritor Hilarión Frías y Soto, Escalante fue conducido a la ciudad de México en una jaula, “como una fiera”.

Había cometido el pecado de dibujar al ministro francés Dubois de Saligny, quien se había presentado completamente ebrio a una exposición celebrada en Palacio Nacional, dentro de un frasco de coñac.

Mediante el recurso de la caricatura, una de las armas de denuncia más efectivas en una sociedad con altos índices de analfabetismo, La Orquesta, fundada en marzo de 1861 por Hesiquio Hiriarte, Manuel C. de Villegas y el propio Constantino Escalante, se convirtió muy pronto en uno de los periódicos más leídos y solicitados de su tiempo. En 1869 tenía dos mil suscriptores, frente a los mil con que contaba el Monitor Republicano y los 800 que tenía El Siglo Diez y Nueve, los dos periódicos más grandes de aquel siglo.

Escribía Hilarión que la república recibía en las mañanas, con una carcajada, los trabajos de Escalante. El caricaturista había creado “un género nuevo, enteramente suyo”, “una sátira viva, animada, personal y punzante”.

Su arma era la risa. El objeto de su sátira, según Frías y Soto: “El ministro torpe e impopular, el diputado exótico, el especulador de la causa pública” quienes “eran fotografiados por el lápiz de Constantino con toda la verdad política, más aún moral, en que el caricaturizado aparecía en toda la deformidad de su semblante”.

Algunas reputaciones quedaron enterradas de manera permanente tras el fogonazo crítico, a veces hiriente, del aplaudido caricaturista. La culpa no era de este, escribió su amigo y editor Hilarión Frías y Soto: el mal estaba en quienes pisaban, mentían, robaban traicionaban y se enriquecían. Los trazos de Escalante eran el reclamo tanto de los lectores como de los iletrados.

Y, sin embargo, el perseguido no era el político corrupto y ladrón, sino, en este caso, el caricaturista, exhibido en una jaula como si fuera el animal de un circo.

Tras la trágica muerte de Escalante a los 32 años, a consecuencia de un accidente ferroviario ocurrido en Tlalpan, que cobró también la vida de Carmen, su mujer, La Orquesta sufrió cierres, suspensiones y persecuciones. Sin embargo, con la voluntad de sus editores y “las migajas de libertad de imprenta” que los gobiernos le arrojaron, logró sobrevivir durante 17 años.

Sobrevivió a la ruptura ideológica con Juárez y a la animadversión de este, a la abierta persecución de Lerdo de Tejada, a las acusaciones de que incitaba a la guerra y a la rebelión, a las leyes “contra los excesos a la libertad de expresión”, al miedo que los políticos –documentado claramente en el tiempo de Santa Anna– le han tenido siempre a la sátira y a la risa.

Constantino Escalante y La Orquesta, como ocurriría más tarde con otros perseguidos y encarcelados en las bartolinas de la cárcel de Belén, se convirtieron en las grandes banderas de la izquierda.

Quién iba a pensar que esa misma izquierda, y sus impresentables aliados políticos, a través de la redacción de una ley mañosa y ambigua, de supuesta protección industrial y defensa del derecho de autor, dejarían abierta una puerta para castigar –puesto que la iniciativa aprobada por Morena no especifica que no será así— a quienes continúen la tradición crítica de la caricatura.

A quienes realicen parodias y memes con “cualquier signo oficial de los tres órdenes de gobierno”, y a quien “utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier signo oficial de los tres órdenes de gobierno para inducir a error o engaño, con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio”.

¿Qué se considerará una violación a la ley, qué un engaño o un fraude? Lo que consideren los mariscales Forey y los ministros Saligny de hoy. Seguramente, como en los tiempos de Frías y Escalante, lo que decida “el ministro torpe e impopular, el diputado exótico, el especulador de la causa pública”.

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