En días pasados, diversos medios informativos daban cuenta de una serie de iniciativas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encaminadas a hacer mas laxas, e incluso eliminar, una serie de disposiciones (regulaciones) legales ambientales, sin considerar las implicaciones que esto tendrá para el Estado de derecho en materia ambiental de los Estados Unidos, ni las consecuencias e impactos que se vendrán sobre la salud de las personas, el medio ambiente y los recursos naturales de dicha nación.
Según Lee Zeldin, nuevo director de la Agencia para la Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), “las iniciativas de la Administración Trump eliminarán miles de millones de dólares en costos regulatorios e “impuestos ocultos”, lo que, insistió, reducirá el costo de vida a las familias estadounidenses al disminuir gastos en bienes esenciales como comprar un auto, calentar una casa y administrar un negocio”. “Nuestras acciones también revitalizarán la industria manufacturera estadounidense, extendiendo los beneficios económicos a las comunidades”.
Asimismo, el mismo funcionario aseguró que “el dominio energético es fundamental para el resurgimiento de Estados Unidos, ya que considera que las normas que restringieron la producción de petróleo y gas perjudicaron “injustamente” a las centrales eléctricas de carbón”. Con esto, queda más que claro que, desde que asumió Trump su segundo mandato, se ha priorizado la producción de petróleo y gas por encima de los esfuerzos internacionales de proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático, en sintonía con lo que señalan el Acuerdo Marco de la ONU sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París.
Uno de los principales argumentos detrás de todo esto tiene que ver con que se va a impulsar el crecimiento económico de Estados Unidos. Con esa excusa, el gobierno estadounidense pretende anular regulaciones relacionadas con la contaminación del agua y del aire, y algunas otras relacionadas con sustancias tóxicas. Adicionalmente, el nuevo gobierno de los Estados Unidos pone en duda que los Gases de Efecto Invernadero constituyan un peligro para el bienestar y la salud de las personas. Se revisará una normativa “que vigila la contaminación atmosférica de las centrales eléctricas que se alimentan de combustibles fósiles”. Igualmente, se harán a un lado disposiciones que restringen las emisiones de autos y camiones.
Por si todo lo anterior no fuera suficiente, se intentará eliminar en los Estados Unidos disposiciones legales que limitan la contaminación industrial por mercurio “y otras toxinas atmosféricas, así como la contaminación por hollín”. También tienen en la mira a la Ley de Aguas Limpias que entre otras cosas busca proteger ríos, humedales y arroyos. Se espera que Trump ponga fin a programas relacionados con la diversidad, equidad e inclusión y que cierre partes de la EPA que están encaminadas a todo lo que tiene que ver con la justicia ambiental.
El Administrador de la EPA ha dicho sin recato alguno que, con estas acciones, “termina la nueva estafa verde, ya que la EPA hace su parte para marcar el comienzo de una edad de oro del éxito estadounidense”.
Así las cosas, e independientemente de que todo esto tendrá que pasar antes de ser aprobado por procedimientos administrativos y legislativos, además de las consultas públicas respectivas, lo que estamos viendo en buena parte de lo que se pretende hacer en los Estados Unidos es minimizar e incluso negar el cambio climático, como si no estuviéramos sufriendo hoy más que nunca por el incremento en los niveles de los mares, los incendios forestales que van a la alza, sequías, tormentas y huracanes que cada vez están más presentes y con más fuerza. Implica también negar y desacreditar todo lo estudiado, analizado y difundido por el Panel Intergubernamental de la ONU sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), así como las implicaciones ambientales, económicas y de salud que ha referido el IPCC de manera reiterada con respecto al calentamiento global y el cambio climático.
Igualmente, estamos presenciando con estas acciones el que se violarían principios del derecho ambiental internacional, como el principio de progresividad y el principio de la no regresión. Justamente, lo que busca este último es que los Estados mantengan siempre altos estándares de protección ambiental y que cada vez dichos estándares sean más estrictos; nunca disminuirlos o eliminarlos como se pretende hacer en el caso que nos ocupa. Significa también que Estados Unidos se hará a un lado del compromiso adquirido por los Estados que participaron en diciembre del 2023 en la Conferencia de las Partes (COP28) de Cambio Climático en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en el sentido de transitar gradualmente hacia las energías renovables.
Ante la evidencia científica que cada vez es más robusta y contundente con respecto a los daños a la salud humana y al medio ambiente producto de nuestras actividades cotidianas, se espera un camino tortuoso y en algunos casos de imposible tránsito para que todas estas intenciones en efecto se materialicen. Además, como suele suceder en Estados Unidos, vendrán avalanchas de acciones legales que interpondrán ciudadanos interesados y grupos ambientalistas para intentar detener lo que parece ser la peor regresión ambiental en décadas en el mundo. Por el contrario, al igual que sucedió en el primer periodo presidencial de Trump, cuando Estados Unidos se salió del Acuerdo de París, se espera que la comunidad internacional siga en el camino de la descarbonización y transitando energéticamente hacia energías limpias. Tiempo al tiempo.
Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
