Hace tiempo alegué que el Conacyt (que luego se llamó Conahcyt porque le metieron “humanismo mexicano” y hoy es Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Secihti) representaba la curiosidad científica de México, desde el primer maya que hizo matemáticas hasta la más joven graduada de una universidad pública o privada (“¿De quién es el Conacyt?”, en línea). Es de todos los científicos que ha habido, hay y habrá en México y de los compatriotas que lo sostienen con sus impuestos.
Eso cambió pronto. El Supremo le impuso como directora a la bióloga María Elena Álvarez-Buylla quien, de inmediato, proclamó que el Conacyt ya no era propiedad de la nación sino propiedad “de la 4T”, de lo que se infería que la ciencia y los científicos seríamos un apéndice del partido en el poder y que para hacer ciencia tendríamos que ponernos al servicio de sus muy particulares proyectos ideológicos y políticos.
Esa decisión, argumenté, contradecía el carácter NACIONAL que define a su objeto: si el Conacyt es nacional, no puede pertenecer sólo a una parte de esa nación (“la 4T” y su partido MoReNa); su todo no puede constreñirse a una sola ideología, que es una parte entre muchas. Y contradice a la ciencia misma, en tanto que el hacer de la ciencia carece de propietario (o propietaria); un hacer que, al ser expropiado por un interés político, somete a la ciencia a una ideología, sacrificando el esencial desinterés del quehacer científico. El voluntarismo político de El Supremo y su bióloga declararon superior a una ciencia no por ser ciencia, sino por ser política y, por tanto, inmune al rigor científico. Una ciencia oficial no podrá ser desmentida, ya nunca se someterá a los riesgos de la demostración: se convertirá, como argumentaba Karl Popper, en una pseudo-ciencia.
En tanto que Álvarez-Buylla fue impuesta por El Supremo sin asamblea previa ni levantamanos ni tómbola y ni siquiera acordeón, convirtió a los científicos en militantes de la 4T por decisión personal suya. Nunca se vio una orden mínimamente democrática de los cuerpos colegiados del Conacyt que autorizacen a la entonces directora expropiar al Conacyt para sus muy personales intereses políticos.
Proclamó en el Programa Institucional Conacyt que “El Conacyt de la Cuarta Transformación ha dado un golpe de timón en las políticas de ciencia, tecnología e innovación que se aplicaron durante el periodo neoliberal caracterizado por privilegiar los intereses privados e individuales por encima de los intereses públicos y sociales”. Y punto. Golpes de timón que marcaban una ruta política partidista específica, algo que prohibía la legislación misma del Conacyt.
Para todo efecto, la directora juzgaba que antes los científicos eran neoliberales y, por tanto, individualistas, indiferentes o adversos a “lo público” y “lo social”, ignorantes del pueblo y desdeñosos de los “saberes” científicos populares. Es decir, que durante años los científicos fuimos cómplices de una política que “influyó de manera infortunada en todos los ámbitos”, pero al ser incorporados a la 4T por orden de la directora (sin previa consulta ni popular ni individual) generaríamos por ese solo hecho “bienestar, paz y justicia social, acercando las bondades y beneficios de la ciencia a toda la población”. Claro, la ciencia puede fortalecer la conciencia del pueblo, pero no a condición de que los científicos se alíen al gobierno ni menos aún con la ideología de su partido.
En los últimos días se ha revelado que la exdirectora Álvarez Buylla también tomó una serie de decisiones caracterizadas “por privilegiar los intereses privados e individuales por encima de los intereses públicos y sociales”. Triste cosa. Hay dinero resbaloso, beneficios autoinflingidos, nepotismo en reversa, etcétera...
Qué paradoja, pues según su propio razonamiento, según su propio episteme virtuoso de punta y de vanguardia, la directora resultó una neoliberal más...