Mientras México continúa entrampado en la contradicción entre la legalización parcial del cannabis y la persistencia de su criminalización en la práctica, las autoridades siguen reportando detenciones por posesión de plantas o productos derivados, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo personal desde 2021. En distintas entidades del país, jóvenes, pacientes y productores artesanales siguen enfrentando procesos judiciales o extorsiones por parte de cuerpos policiales que, en teoría, deberían haber dejado de perseguir este tipo de conductas. La ausencia de un marco regulatorio claro mantiene una zona gris que alimenta tanto la impunidad como el mercado ilegal.
Este vacío regulatorio ha permitido que el mercado clandestino continúe operando con fuerza, generando riesgos significativos para la salud pública. La falta de control sanitario y de trazabilidad de los productos que circulan en el mercado negro ha derivado en la presencia de extractos y comestibles con concentraciones de THC adulteradas o sin etiquetado adecuado. En paralelo, empresas formales e investigadores que buscan desarrollar productos seguros y regulados enfrentan obstáculos burocráticos y una falta de lineamientos por parte de las autoridades sanitarias. El resultado: un consumidor desinformado y expuesto, mientras el Estado pierde oportunidades de generar ingresos, empleo e innovación en una industria que ya es legal en más de 50 países.
Esta contradicción evidencia la doble moral con la que se maneja el tema. Por un lado, se criminaliza al pequeño consumidor o cultivador mexicano, y por otro, se permite que el mercado ilegal prospere ante la inacción regulatoria. A nivel internacional, ocurre algo similar: en Estados Unidos, como expone un reciente artículo, el debate sobre el cáñamo y los derivados del THC enfrenta intereses económicos y políticos que buscan mantener el control sobre la industria. Se acusa a ciertos sectores de intentar frenar el crecimiento del mercado de productos derivados del cáñamo (particularmente el THC sintético o semisintético) bajo el argumento de proteger la salud pública, cuando en realidad se trata de una pugna comercial por quién controla el negocio. Es el mismo doble discurso: se promueve la libertad de mercado, pero solo cuando conviene a los grandes jugadores.
Mientras tanto, Colombia ha dado un paso que coloca a México en evidencia. El gobierno colombiano autorizó esta semana la venta de flor de cannabis en farmacias para fines medicinales, bajo receta médica y con indicación como analgésico. Esta decisión representa un avance significativo hacia la normalización del uso médico de la planta y demuestra que una regulación clara y responsable no solo es posible, sino necesaria. Con ello, Colombia se perfila como un modelo regional en materia de control sanitario, generación de empleo y atracción de inversión extranjera, mientras México sigue perdiendo tiempo y terreno frente a una industria que no espera.
La falta de una política integral y coherente en México no solo perpetúa la criminalización y el estigma, sino que también deja fuera a miles de campesinos, investigadores y emprendedores que podrían ser los pilares de una economía verde y sostenible. El país necesita dejar de mirar al cannabis con miedo y empezar a verlo con visión. De lo contrario, la oportunidad histórica de convertirnos en un referente global en producción y desarrollo industrial seguirá escapándose entre los dedos.