Cerramos un año especiamente inquietante para la democracia mexicana. No ha habido una ruptura abierta al orden constitucional, pero sí algo díficil de revertir: la normalización de prácticas y reformas de gran calado que, vistas en conjunto, apuntan a una transformación profunda —y preocupante— del sistema político.
La primera elección judicial es quizá el ejemplo más claro. Más allá de los efectos inmediatos sobre el Poder Judicial, dejó un precedente alarmante: la posibilidad de celebrar comicios sin garantizar condiciones mínimas de libertad e igualdad políticas. Como sabemos, ello no obedeció sólo a un diseño normativo deficiente, sino también al papel activo de [las mayorías formadas al interior de] las autoridades electorales nacionales, tanto administrativa como jurisdiccional, que terminaron por diluir esas condiciones. La reducción de casillas, una geografía electoral desigual y la complejidad de las boletas se sumaron a la ausencia de una contienda real, generando irregularidades que se tradujeron en una intervención abierta de actores gubernamentales —como la operación acordéon— que creíamos superadas.
Habrá que esperar hasta 2027 para que sea renovada la Sala Superior y despidamos a sus integrantes que aceptaron el privilegio de ampliar sus mandatos más allá de los límites constitucionales. No obstante, 2026 será un año clave para la renovación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral —sí, el único árbitro nacional que [aún] no es elegido por voto popular—, ya que tres de sus integrantes —Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel— concluirán su periodo. Este reacomodo de poderes al interior del organismo será determinante, y quedará por verse si el mecanismo de sucesión a cargo de la Cámara de Diputados logrará concretarse o, una vez más, se activarála designación por sorteo de la Corte.
La elección judicial no es un hecho aislado. Se inscribió en un contexto más amplio de debilitamiento de los controles constitucionales. Fuimos testigos de la entrada en vigor de la reforma que debilitó la autoridad de la “supremacía constitucional”: al volver inimpugnables las reformas constitucionales, incluso cuando puedan vulnerar derechos humanos, eliminando uno de los pilares del constitucionalismo democrático: la idea de que el poder tiene límites jurídicos efectivos.
En la misma lógica se ubica la reforma a la Ley de Amparo. Aunque el discurso oficial insiste en presentarla como más “eficiente”, en los hechos restringe las suspensiones, dificulta el acceso a la justicia y coloca a las personas en una posición de desventaja frente a la autoridad. Sin medidas cautelares efectivas, el amparo pierde su función protectora y se transforma en un recurso tardío, cuando el daño ya está consumado. Resulta particularmente preocupante la inversión de la carga de la prueba en casos como el bloqueo de cuentas y la introducción de una retroactividad encubierta que contradice principios constitucionales básicos.
A este panorama se sumó la materalización de la desaparición de los organismos autónomos clave que durante décadas funcionaron como contrapesos técnicos al poder ejecutivo. La concentración de sus funciones en secretarías federales debilita la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación independiente de las políticas públicas.
Finalmente, la transformación militar de la Guardia Nacional y la ampliación del papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, inteligencia y vigilancia civil terminaron de delinear un escenario preocupante. La militarización ya no se limita a la presencia de las fuerzas armadas en las calles: alcanza facultades de intervención en la vida privada y desdibuja las fronteras entre el poder civil y el poder armado. No se trata solo de un cambio operativo, sino de una reconfiguración profunda del modelo constitucional.
La convergencia de cada uno de esos procesos es más que alarmante. Elecciones carentes de democracia, judicatura debilitada, controles constitucionales neutralizados, organismos autónomos desaparecidos y fuerzas armadas con un papel cada vez más central configuran un ambiente progresivamente menos democrático y constitucional, justo en un momento en que se anticipan cambios electorales decisivos que, de aprobarse en los términos perfilados por el oficialismo —desaparición de los oples, eliminación de pluris y celebración anticipada de la revocación de mandato— profundizarán aún más esta tendencia.
Guadalupe Salmorán Villar. Investigadora del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM y Profesora Visitante [Fellow In Residence] del Center for U. S. -Mexican Studies de la UC San Diego X: @gpe_salmoran