El comercio exterior de México ha tenido varias etapas desde la conquista del territorio por España. Iniciando con un comercio de materias primas y de explotación salvaje de sus recursos naturales, hasta una relativa modernidad de manufacturas complejas a lo largo de 500 años.
Pero siempre ha prevalecido la idea mercantilista, y nacionalista, de que importar es malo y exportar es bueno. Cosa que cualquier economista con dos dedos de frente podrá decir que, no necesariamente.
Junto con esta visión, también ha sobrevivido, o coexistido, un sentimiento de aprecio por los bienes importados y un desprecio por lo producido localmente. En todo esto, las políticas públicas han jugado un rol importante en la desinformación, satanización y en la “dislocación” del mercado que de otra manera hubiera surgido sin tabúes.
La primera Ley o reglamentación, como tal, sobre el control de las aduanas del México independiente surgió en 1821.
Este documento refleja en mucho el pensamiento mercantilista y regulador del comercio heredado de la Corona Española.
En mucho este documento y otros que siguieron a lo largo del siglo 19, se perfilaron con dicha doctrina, y consideraban que, si el comercio internacional es un hecho, al gobierno solo le resta regularlo y tasarlo con aranceles para beneficio de las arcas gubernamentales.
Algo similar pasa con el tabaco y el alcohol, pues considera el gobierno que, si ya es un hecho de que se van a consumir, o su demanda es bastante inelástica, lo mejor es aplicar impuestos y lucrar con el vicio de sus consumidores.
Sin embargo, la visión moderna del comercio exterior es otra muy diferente. Es una en donde lo que se debe buscar es el beneficio de los consumidores en cuanto a la disponibilidad de productos y servicios en un mercado, con precios competitivos y razonables.
Su regulación con aranceles, permisos, o normas sólo y siempre, deberían ser aplicables para que el mercado tenga una evolución armónica, y evitar las malas prácticas de agentes económicos, locales y extranjeros.
La Ley de Comercio Exterior en México data de 1993 (hay antecedentes desde 1987), y fue promulgada en mucho por las exigencias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Sin embargo, esta Ley deja fuera elementos de la visión moderna del comercio exterior en su ámbito de acción. Por ejemplo, en la consecución de la evolución armónica del mercado, esta Ley les da voz a los productores de bienes en México, pero les niega opinión a los consumidores.
Peor aún, asigna al gobierno ser el portavoz del consumidor, y esto solo facilita su colusión con los agentes económicos locales para imponer aranceles o crear normas a modo para proteger a dichos productores, haciendo pagar el costo de dicha protección a los consumidores.
Un ejemplo como botón de muestra. El 15 de abril de 1993 y gracias a la nueva Ley de Comercio exterior promulgada ese año, se impusieron cuotas compensatorias al calzado chino importado a México, con el argumento de que ese país usaba prácticas desleales de comercio en la importación de calzado de ese país, argumento que nunca fue probado. Pero para tener contentos a los ricos productores de León Guanajuato, el gobierno accedió.
Pues bien, y después de 27 años, seguimos con dichas cuotas compensatorias al calzado proveniente de China, usando los mismos argumentos. Si el “dumping” o práctica de comercio desleal en los precios de productores chinos hubiera sido real, ¿ustedes creen que los productores de calzado chino hubieran soportado 27 años vendiendo sus productos abajo del costo de fabricación, solo para dañar el mercado mexicano? “27 años” ¡por favor!
¿Cuál ha sido el efecto real de esta medida, tomada en colusión entre el gobierno y los productores mexicanos de calzado, bajo el amparo de la Ley de Comercio Exterior? Pues que el consumidor mexicano ha tenido que pagar un sobreprecio por el calzado producido en México los últimos 27años.
Lo cual ha constituido una transferencia legal, pero ilegitima, de rentas de la población más pobre de este país, el obrero que compra zapatos para que su hijo vaya a la escuela, hacia las familias más ricas dueñas de los emporios fabricantes de calzado en México.
Entonces, si queremos ser un país donde el comercio exterior forme parte integral de nuestro crecimiento económico y desarrollo, debemos promulgar leyes que cumplan con los objetivos estratégicos de política económica, y no solo sean mecanismos de perversión del mercado y colusión entre autoridades y agentes económicos.
Algo peor pasa con la Ley Aduanera. Esta Ley tiene un historial más negro que la de Comercio Exterior, pues ésta es el “refrito” tipo “Frankenstein” de sus antepasadas. En vez de que se propusiera una Ley nueva con el cambio de modelo económico, al pasar de un crecimiento hacia adentro a uno de exportaciones al mundo, se tomó la Ley viejita y se parchó hasta el punto de terminar con un “bodrio” que no tiene ni pies ni cabeza.
Un país que se dice globalizado, y que todavía recure al mecanismo de agentes aduanales exclusivos, y a penalizar, con cárcel, un error en la declaración voluntaria de internación de mercancías tipificándolo como contrabando, solo puede ser producto de una mente como la del Dr. Frankenstein.
Mientras que hay malandros que hacen y deshacen en las fronteras mexicanas internando armas, municiones, droga y hasta gente. Más aún, las trabas para que empresas globales operen en México han pasado de ser, no más de 40 artículos y 100 páginas en los 80´s del siglo pasado, a un compendio de miles de páginas y artículos que muchas veces se contradicen entre sí, volviendo la operación aduanera todo un “nudo gordiano”.
México requiere una verdadera “reingeniería” en cuanto a su andamiaje del comercio exterior. Requerimos una estructura que nos permita seguir y pasar al siguiente nivel en materia de desarrollo económico.
La firma de tratados internacionales de libre comercio es solo la parte externa de dicho andamiaje, nos falta la tarea interna de nuestra economía.
Si la nueva titular de la Secretaría de Economía quiere hacer un verdadero cambio para bien del país, su tarea es simple, pero difícil, crear una estructura moderna de leyes y reglamentos internos que faciliten la participación de nuestros agentes económicos a nivel global, y que permitan al consumidor mexicano aprovecharse, de la mejor manera, de los beneficios de la globalización.
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