Hace unos días comentábamos sobre el paquete fiscal que presentó el gobierno federal al Congreso de la Unión. Pero nos enfocamos principalmente en la parte de los ingresos o impuestos, y dejamos de lado la parte del gasto o aplicación de dicho ingreso por parte del gobierno. Creo que ahora es momento de ver el reverso de la moneda, y sobre todo sus implicaciones para los 3 órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal.
Según la descripción inscrita en la Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México está organizado como una República representativa, democrática y federal. Está dividido políticamente en 32 entidades federativas, de las cuales 31 son estados libres y soberanos en su régimen interior y un Distrito Federal donde residen los Poderes Federales.
Sin embargo, y para efectos impositivos la federación predomina en la recaudación de los diversos impuestos en México.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dice que, la política fiscal se entiende como el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica y social, a través del gasto público.
Esta recaudación se concentra en más del 94% en impuesto y derechos federales para el caso de México, y solo un 6% de impuestos y derechos estatales y municipales. Situación que, coloca a los estados y municipios en una relación de fuerte dependencia de la federación para solventar sus finanzas locales.
En pocas palabras, no hay ningún estado o municipio en México que sea financieramente sustentable con sus propios medios.
¿Cómo llegamos a esto? ¿No sé supone que debería haber un equilibrio entre las haciendas públicas de los 3 órdenes de gobierno? Entonces eso de que los estados son libres y soberanos ¿es una tomada de pelo o qué?
Pues en mucho el sistema fiscal actual, y por ende el gasto, fue siempre muy centralista en nuestro país. Casi en ninguna época, y desde antes de la colonia, hemos tenido un sistema verdaderamente regionalizado o, mejor dicho, siempre hemos sido centralistas.
Por lo tanto, no nos debería de asombrar que hoy se enciendan de nuevo los ánimos regionalistas al ver lo que cada estado recibe, sobre todo ahora que el “pastel” del gasto federal se está achicando y cada entidad gubernamental, regional o subregional, recibe mucho menos de lo que había recibido otros años.
¿Es esto culpa del nuevo gobierno, o de la mentada “fórmula de repartición”? Pues la respuesta a esta interrogante es un ¡sí y no! O qué ¿pensaban que la iba a poner fácil?
Primeramente, es un “no” porque la formula ya existía y no es nueva. De hecho, el denominado “pacto fiscal” data de 1978, con la publicación de la primera Ley de Coordinación Fiscal, que en su Artículo 1º dice: Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones…
Esta Ley se ha modificado casi 20 veces desde entonces, siendo la última de ellas en el 2018. Pero en sí, las fórmulas de distribución pactadas han sufrido pocas modificaciones, y ya se sabe lo que a cada estado y municipio le toca.
La parte que no sé sabe, es de qué monto parten para calcular la fórmula, o sea la cantidad de dinero de los ingresos participables, la cual es más o menos del 24%. Pues estos últimos dependen de las finanzas públicas y los ingresos esperados, cosa que para este 2021 no se ven muy halagüeños, debido a la contracción económica y su impacto en la recaudación.
¿Se acuerdan de que les comentaba en mi artículo anterior sobre la determinación del impuesto sobre la base de las utilidades de las empresas? Pues bien, imaginen ustedes cómo estarán estas utilidades cuando venimos de unos de los peores años de que se tenga registro económico en México.
Y al no haber utilidades en las empresas, la aportación por concepto de ISR será muy baja, ¿no creen? Ahora hace más sentido un impuesto único al ingreso y no a la utilidad, ¿verdad?
Sin embargo, hay que reconocer que no solo las participaciones monetarias específicas es la única manera en que el Gobierno Federal participa de los ingresos totales a los estados y municipios, pues tendríamos que incluir además lo que sé invierten en infraestructura en los estados, los pagos de pensiones y jubilaciones, los servicios de salud, de seguridad, de educación, etc.
Pues, si incluyéramos dichas erogaciones a lo largo de todo el territorio nacional, entonces la parte del pastel que la federación distribuye es casi del 60% del total del gasto público federal.
Más aún, los servicios de impartición de justicia, de investigación científica y cultura, etc. sería más de lo que los gobernadores y presidentes municipales están considerando dentro de sus reclamos.
Esto nos lleva a la otra parte de la respuesta, que es un “sí”. Y digo sí, porque la vedad sea dicha, hay proyectos y gastos que este gobierno federal quiere impulsar a costa de lo que sea, solo para efectos de cumplir promesas de campaña.
Hablamos de Proyectos de infraestructura con poca rentabilidad económica y social como la Refinería de Dos Bocas, Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que a como se ve, no habrá muchos pasajeros que transportar en los próximos años. Más aún, Se ven gastos muy grandes en programas sociales con poca ayuda a personas, que lo que piden es trabajo y no una dádiva momentánea.
También es un sí, porque si bien la Ley de Coordinación Fiscal ya lleva más de 40 años en su aplicación cabal, no se ven avances en estados que fueron considerados retrasados en su desarrollo, y si bien sé convenía en ayudarlos para que se emparejaran con el resto, esto no ha pasado en muchos casos.
Entonces, los estados más avanzados, pero sobre todo aquellos que estaban retrasados en 1978 y que ahora son pujantes (Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas, etc.) y ya tienen cierto desarrollo (en pocas palabras se pusieron las pilas), no aceptan seguir apoyando a los que de plano no hicieron su tarea.
Es quizás en este último punto donde marcan su raya los gobernadores “Aliancistas”. Pues consideran que en sus territorios también hay pobres, y también hay necesidades de infraestructura, y requieren ayuda para sus ciudadanos en los temas de salud y bienestar.
Y tal vez lo que más les provoca a la acción, es que no ven una respuesta de parte del presidente. En otras palabras, si ven que el presidente se monta en su macho, pues ellos también. Obviamente los gobernadores no tienen mucho de donde asirse, mientras que el presidente tiene la sartén por el mango.
De esta manera, los gobernadores utilizan un sentimiento regionalista que, si bien siempre se ha tratado a broma, si existe y ¡pues entre broma y broma la verdad se asoma! Pero nosotros los ciudadanos, no debemos montarnos en ese macho, pues al parecer nos toca ser los adultos en el país, y ser sensatos y buscar verdaderas soluciones.
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