El pasado domingo 30 de marzo comenzaron campañas las más de 3,400 candidaturas a un cargo judicial federal. Con ello se visibilizó el pésimo diseño constitucional y legal de una reforma que nació para capturar al Poder Judicial y erosionar la credibilidad y respeto a la impartición de justicia.
El daño está hecho. Ahora está a la vista de todas y todos.
Desde que eres estudiante de Derecho se enseña la importancia de la o el juzgador y de la vocación que se necesita para conseguir el fin del Derecho, la paz social. En algún momento de la formación jurídica pasa por la mente la aspiración de la toga y el birrete, del respecto que ello infunde.
Ser Juez/a, Magistrado/a o Ministro/a es un sueño o anhelo legítimo y, a su vez, es visto como uno de los máximos honores profesionales a los que se puede aspirar.
Hoy se pone en tela de juicio y no por el desempeño de la función, sino por el circo que son las campañas para ocupar esos cargos.
En escasos días de campaña hemos visto una serie de actos disruptivos que rayan en el ridículo. Personas candidatas que hacen mofa del respeto que infunde el ser juzgador, subiendo a redes sociales bailes, grotescos tiktoks, comparaciones absurdas u obscenas o, peor aún, se promocionan con propaganda hipersexualizada.
¡Hasta al absurdo y ridículo de comparar a un candidato con un chicharrón preparado!
Las campañas judiciales nos recuerdan la vieja y a la vez actual discusión sobre la politización de la justicia. Estamos frente a la política dominando al proceso para elegir a las y los juzgadores y el caos de una pésima legislación que busca la muy probable escasa legitimación.
Las personas juzgadoras no deberían ser políticas y viceversa. Es evidente que la intención de politizar la justicia, en México, tiene un claro beneficiario y un país completo como perdedor.
El principal problema es la norma. El diseño obliga a las candidaturas a realizar circo, maroma y teatro para llamar la atención de las y los votantes. Su manera de difundir será principalmente redes sociales y los sitios de internet que el INE ha creado. En dónde, por cierto, tampoco pueden contratar pautas según los Lineamientos de fiscalización.
Diseñaron campañas con un modelo inviable de acceso a radio y televisión, con un concepto risible de gastos personales que legalmente está sujeto a los 220 mil pesos para 60 días de campaña, a la no celebración de eventos públicos, la no realización de debates por parte del INE, dada la imposibilidad de tener a 60 candidaturas, cuando menos en un solo ejercicio.
La legislación obliga a que las campañas sean en redes sociales y a los parámetros de lo que se realiza en las campañas en esas plataformas, dónde lo menos informal es lo más útil para llegar a las y los usuarios, contrario a todo lo formal que es el Poder Judicial de la Federación.
La pregunta ahora es: ¿Qué podemos hacer?
¡Reformar!
Urge pensar en cómo rescatar la elección de personas juzgadoras, donde era evidente la necesidad de reformar al referido poder. Pero, no de la forma en que se hizo, donde se pensó que con elegir con voto popular se eliminaría la corrupción y el nepotismo, por ejemplo.
De entrada hay dos aspectos a considerar: 1) cambiar el modelo de campañas, abrir a financiamiento público y privado, así como modificar las reglas para el acceso a radio y televisión de todas las candidaturas; 2) pensar, incluso, en un cambio en el sistema electoral. Es decir, pensar en un modelo similar al de Coahuila dónde se eligen por planillas todos los cargos (proto partidos judiciales).
Otra consecuencia más de legislar sin saber.
