Fue en 2007 cuando el Poder reformador de la Constitución decidió cerrar el modelo de comunicación política y prohibió la compra o adquisición de tiempos en radio y televisión. Todo ello derivado de la notoria injerencia de actores políticos que rompieron la equidad en la campaña presidencial de 2006.
Se transitó de un modelo abierto a la compra o adquisición de tiempos a uno en el que se prohibió dicha actividad. La reforma otorgó al INE la atribución de administrar los tiempos del estado a efecto de que todas las fuerzas políticas tuvieran esta prerrogativa conforme a las reglas pactadas.
Hoy la legislación se encuentra agotada y no sirve para nuevas elecciones o a mecanismos de democracia directa. La urgencia es pensar en cómo hacernos cargo de las nuevas formas de comunicación, sin perder de vista la radio y televisión.
En ese sentido la reforma debe pasar por dos grandes ejes: 1) un modelo mixto compra y adquisición de tiempos; y 2) regulación de nuevas formas de comunicación.
Respecto del primer punto, la Constitución prevé 48 minutos diarios por concesionario de radio y televisión a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada. Sin embargo, dicho tiempo resulta imposible de distribuir en elecciones de los tres poderes de la Unión y mecanismos de democracia directa.
Por ejemplo, este año no se pudo dar tiempo a las y los candidatos de la elección de Poder Judicial. No hubo un solo spot por imposibilidad técnica y material del modelo.
Era imposible darle un espacio para los 60 días de campaña. De la equidad e igualdad en el modelo mejor ni hablar. Aunado a que esos 48 minutos tenían que ser también para las elecciones locales de Durango y Veracruz -partidos/candidaturas- y para las autoridades electorales federales y locales.
En ese sentido sirve pensar que en una elección como la que se espera en 2027 dinamitaría los espacios en radio y tv. Se tiene que pensar en la elección de la Cámara baja, la mitad del poder judicial, los cientos de elecciones locales y una eventual revocación de mandato.
¡Los 48 minutos son insuficientes!
Una solución es abrir el modelo a la compra de tiempos regulada y fiscalizada. Es decir, permitir que particulares puedan adquirir tiempos siempre y cuando cumplan
con lo siguiente: 1) tengan un límite de tiempo -máximos de compras-, 2) se considere como financiamiento privado -con un aumento en el tope respectivo-; y 3) sean fiscalizables todas las compras -no recursos públicos, ni ilegal o del crimen organizado-.
Por otra parte, han pasado ya casi dos décadas y el modelo se encuentra por demás superado. La radio y la televisión han cedido terreno frente a las redes sociales, plataformas digitales y el streaming, quienes se encuentran ya la principal vía para llegarse de información de adultos y jóvenes.
De ahí que son más los anuncios que vemos en Facebook, Instragram, TikTok o X y menos las reglas de actuación entre ellos. Tal es el caso que el INE sufre con la notificación a las representaciones legales y en algunas ocasiones ha sido imposible contactarse con ellos, puesto que no hay oficinas en el país.
En ese sentido, se debe privilegiar la libertad de expresión y permitir las campañas en redes sociales con directrices concretas como las siguientes: 1) financiamiento para campañas en redes sociales a través de una pauta pagada por el INE conforme a la última votación de la Cámara de diputadas y diputados, 2) compra topada de espacios en redes; y 3) monitoreo y fiscalización propia de los gastos.
Son retos nuevos para realidades diversas. Es momento de acercar a la norma a las realidades del siglo XXI.