El 1 de septiembre estarán entrando en funciones las personas juzgadoras que fueron electas bajo el esquema de voto popular el pasado 1 de junio. Así se cierra un ciclo en el que vimos un esquema disruptivo de la regularidad electoral.
En esta ocasión bajo la óptica de un nuevo mandato del pueblo al que no sabemos cómo y cuándo se le consultó; y mucho menos si de él emanó la solución de elegir a las y los juzgadores por voto popular como solución a los problemas de origen a dicho poder. En cambio, pareció más una venganza o revancha política.
Desde los inicios de nuestro país como nación independiente se instalaron reglas que han facilitado nuestra vida democrática. Algunas reformas han fortalecido al sistema de partidos y han creado instituciones garantes de la democracia electoral. Otras, simplemente, han fortalecido las reglas con que los actores políticos se presentan a las elecciones.
Sin embargo, todas siempre han garantizado la regularidad electoral. La elección del Poder Judicial se apartó de ello y, peor aún, no ha dado muestra de cómo beneficia nuestra vida democrática ¿o sí?
No somos más democráticos por elegir a las y los juzgadores. Se sembraron más dudas que certezas y se exhibieron burlas a la ley que están igual o más presentes que antes.
La regularidad electoral se sustenta en tener de elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a la ley y a los estándares democráticos. Situación que, en la práctica, no tuvimos. Existen dudas serias sobre el cumplimiento de los principios que rigen las elecciones con calidad e integridad.
Por ejemplo, hubo usurpación de la figura de observación electoral, ya que miles de militantes y simpatizantes fueron enviados a registrarse bajo esa figura, pese a la prohibición expresa de participación de los partidos políticos. Aunado a los recortes presupuestales que no dejaron instalar el mismo número de casillas que en 2024. Ni qué decir de la estrategia de utilización de acordeones como propaganda electoral -el propio INE sancionó a las personas que aparecían en ellos, desde la mirada de Fiscalización y el beneficio que obtuvieron-.
Por el contrario, esta regularidad de la que hablo implica que los procesos electorales se desarrollen sin obstáculos, con transparencia, respeto a los derechos políticos de los ciudadanos y con resultados que reflejen fielmente la voluntad popular.
Fue una elección impuesta, sin un beneficio real para la ciudadanía o aún no se ven sus efectos: ¿Cómo mediremos la bonanza de la reforma? ¿Algún índice para verificar que la impartición de justicia mejoró? ¿En cuánto tiempo veremos los efectos?
Lo cierto es que no fue una elección “normal”. Era la primera vez que íbamos a las urnas sin partidos, sin financiamiento público, ni privado. No hubo acceso a radio y televisión para las candidaturas. Todo se hizo bajo el esquema de redes sociales, las cuales, por cierto, no están reguladas en materia comicial.
Tampoco hubo la correcta difusión de cómo se debía votar. Tuvimos un formato de boletas bajo un sistema nuevo de lista cerrada con el que la ciudadanía no se encuentra familiarizada. Un pretexto más para legitimar el uso de acordeones.
¡Todo por hacer una reforma al vapor, sin consensos y con base en caprichos!
Dejamos pasar la oportunidad de demostrarle al mundo como hacer buenas elecciones judiciales. Todo por no pensar bien la reforma y hacerla de forma exprés.
Regresemos a la regularidad electoral, pero esta vez judicial.
