Así como tiene “otros datos”, el Presidente tiene “otros asuntos”. Son asuntos judiciales, “asuntos de Estado” según los definió en su perorata mañanera del 21 febrero pasado, cuando desnudó a Arturo Zaldívar y confesó que él metía mano y pie al Poder Judicial impúdicamente.
Entonces el Presidente declaró que “intervenía respetuosamente… en temas de delincuencia organizada con mucho poder”, ¿en serio, sólo en esos asuntos husmea el Presidente?, ¿únicamente vieron en mesas judiciales espurias el asunto de Ayotzinapa? Tenemos que andar pendientes, dijo AMLO, de las órdenes de aprehensión. ¿En serio?, ¿cómo determinan en cuáles litigios estar pendientes y en cuáles no?, ¿a quienes dejaron libres?, ¿a quienes meten al tambo?
López Obrador confesó: “se habla con Zaldívar” y éste transmitía a los jueces: “cuidado con esto”. Literalmente el titular del Poder Ejecutivo del país le decía al titular del Poder Judicial: ¡Ahí te encargo! Y el chalán se pone a trabajar. Zaldívar era mensajero de los deseos u ordenanzas del Presidente a jueces y magistrados. ¿Y la división de Poderes? ¡Que se joda Montesquieu! La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, símbolo liberal (que tanto pregona la 4T), y legado de la Revolución francesa a la civilización occidental, que ordenó esa separación del ejercicio del poder, Morena y sus líderes la usan como papel higiénico.
Luego entonces, podemos suponer que algunas sentencias de esos “asuntos de Estado” se tomaban fuera de los juzgados. Se jugaba con la suerte de unos ciudadanos en conciliábulos de horca y cuchillos. Los jueces de consigna eran simples amanuenses de un “querer” presidencial previamente acordado. Viva el Rey, muera la República, y viva su ministro de justicia, gritan ahora, todos los que intentan derruir a un poder judicial federal independiente, imparcial y autónomo, es decir, libre.
Ya en alguna ocasión España cayó en la tentación de construir asuntos de Estado para terminar con el terrorismo, y elevar esa “razón de Estado” por encima de las “razones ordinarias”, para darles un tratamiento especial. Los “asuntos de Estado” vacían al Estado de su legitimidad, divinizan el deseo presidencial y someten el quehacer político a la mera conservación del poder por parte de quienes lo tienen. Es el triunfo del principio del “todo vale” desde el poder para perseguir fines legítimos e ilegítimos. Esto último lo escribió un presidente del Tribunal Constitucional español, Francisco Tomás y Valiente, cuando en su tierra se quería justificar por cualquier medio, acabar con los terroristas. Tomas y Valiente diría que no existen los “asuntos de Estado”, que no hay más razón de Estado que la razón de la ley.
Tomás y Valiente mandó esas ideas y letras al periódico El País el 14 de febrero de 1996, ese mismo día un miembro de la banda terrorista ETA lo mató en su sencillo cubículo de la Universidad Autónoma de Madrid, a donde había regresado como un profesor después de ser juez constitucional. Nada pretendía. Sólo quería cubrir con el manto del derecho a todos, porque sabía que en la oscuridad de los “asuntos de Estado” resueltos al margen de la ley, triunfa el capricho de gorilas y matones. ¿Eso quieren al derribar a la juez Norma Piña?
