Dos hechos distintos pero relacionados entre sí ocurrieron en febrero. El primero es la presentación por parte de Transparencia Internacional del “Índice de Percepción de la Corrupción 2024” que mide a 180 países. México ocupa el lugar 140 con una calificación de 26/100, reflejando un retroceso respecto a 2023, cuando ocupó el lugar 126 con una calificación de 31/100. Dinamarca, el país mejor calificado, obtuvo una calificación de 90/100. Esto muestra que, según esta medición, no hemos avanzado en contener la corrupción. Un elemento que contribuye a esta percepción es el estado de impunidad en el que vivimos, ya que los actos de corrupción raramente se sancionan.
El otro evento corresponde a la presentación que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados el pasado 20 de febrero del último paquete de informes de la revisión al año 2023, lo que permite hacer los análisis elementales para medir la contribución de la ASF en el combate a la corrupción. Estos resultados dan a conocer 2,327 asuntos donde se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $36,291 millones y otros 404 asuntos por $14,666 millones que requieren la entrega de información adicional para ser aclarados en la etapa de seguimiento, en total 2,731 asuntos por $50,858 millones.
¿Es mucho o es poco? Respecto de la revisión al año 2022, donde se identificaron asuntos por $29,767 millones, las cifras mejoraron, pero respecto a los años 2017 a 2021, donde se determinaron asuntos por $58,351 millones; $175,559 millones; $99,442 millones; $60,881 millones y $66,258 millones respectivamente, los resultados han tenido una reducción importante a pesar de haberse incrementado el número de auditorías pasando de 1,663 para el año 2018 a 2,327 para el año 2023.
Pero lo más grave es la contribución de la ASF al estado de impunidad, que incide en generar una percepción de que no se ha logrado contener la corrupción. Veamos cuántos de los asuntos detectados con “probable daño a la Hacienda Pública Federal” han sido denunciados penalmente, considerando “únicamente” las auditorías a los años 2017 a 2020, realizadas bajo la responsabilidad del actual titular y sobre los que han transcurrido más de tres años de haberse entregado los resultados.
Respecto de las auditorías que se practicaron a Estados y Municipios los informes de auditoría y la etapa de seguimiento revelan 4,571 asuntos por $195,330 millones; de éstos, únicamente se han denunciado 16. En relación con las auditorías a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Empresas Productivas del Estado y Órganos Autónomos, se identificaron 2,828 asuntos por $92,888 millones de los cuales se han denunciado 140. Sobre los resultados a la revisión de los años 2021 y 2022, no se han presentado denuncias.
Por lo que toca a los procedimientos de responsabilidad administrativa promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, puedo comentar que al 30 de septiembre de 2024 se habían presentado 498 del año 2017; 6 del 2018 y 1 de 2019. De la revisión de los años 2020 a 2022, ninguno.
El titular de la ASF se acomodó hace mucho con los grupos políticos que lo protegen. Un auditor cómodo, cercano y muy útil, que no denuncia —que se justifica en una narrativa conveniente ante la falta de resultados “privilegiar la prevención”—, es muy provechoso para esa parte de la clase política que es corrupta. El atrapamiento de la ASF inició hace mucho, los tentáculos son visibles y avanzan en su proceso de controlarla ante la cercanía de la designación de quien será su titular por ocho años más.
Experto en fiscalización. “X”: @gldubernard
