En junio del año pasado se produjo un cambio de régimen, Morena y sus aliados ganaron la Presidencia de la República. También lograron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la de Senadores por virtud del “convencimiento” de algunos de sus integrantes, por lo que controlan el Poder Ejecutivo, el Legislativo, 24 gubernaturas y la jefatura de la Ciudad de México.
Esta presencia les ha permitido realizar, sin ningún contrapeso, cambios constitucionales. En este contexto, el próximo primero de junio se llevará a cabo el proceso electoral por “voto popular” para renovar a ministros, magistrados, jueces e integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Desde mi perspectiva, la reforma judicial surge como una represalia del expresidente López Obrador ante la imposibilidad de controlar, influir o estar en desacuerdo con algunas de las resoluciones del máximo tribunal del país. También responde a su animadversión personal hacia la ministra Norma Piña y el grupo de ministros, entre los que se encontraba Margarita Ríos Farjat, quien, a pesar de haber sido propuesta por él, siempre mantuvo un criterio independiente.
El próximo domingo observaremos un proceso electoral complejo y costoso, pero sin recursos suficientes. Será una elección de medio pelo, con una reducción significativa en el número de casillas en comparación con una elección presidencial o intermedia. La mayoría de los candidatos han sido evaluados por los comités de los poderes Ejecutivo y Legislativo, donde es evidente la afinidad de sus integrantes al partido en el gobierno. A esto se suma la renuncia, en enero pasado del comité de evaluación del Poder Judicial. Lo anterior, me lleva a concluir que los participantes han sido cuidadosamente filtrados y que la gran mayoría le deberá el puesto a algún grupo político en caso de resultar electos. Algún día vendrán a cobrarles los favores.
Se prevé un gran abstencionismo, provocado no por apatía, sino porque este proceso dista mucho de ser democrático. En este sentido la abstención, más que una indiferencia, puede verse como un acto de resistencia ante una elección que no garantiza un proceso transparente ni justo. La democracia no solo es votar sino hacerlo de manera informada. Es imposible que un solo votante pueda analizar todos los perfiles de candidatos para ejercer un voto razonado, lo que aniquila el carácter democrático de la elección. Votar por quien no se conoce es una gran irresponsabilidad.
Muchos sostienen que esta elección es una farsa, que todo está arreglado y que el proceso no garantiza que los resultados reflejen la votación real. Sabemos que el INE, y no los ciudadanos, realizará el conteo de los sufragios, que no se cancelarán las boletas sobrantes y que habrá un número significativo de acarreados con acordeones para votar. No tengo argumentos en contra de estas afirmaciones.
A pesar de estar los dados cargados, yo sí iré a votar, pero exclusivamente para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los únicos perfiles, que un grupo de integrantes del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción pudo analizar e investigar a detalle, lo que me permite ejercer un voto consciente y con fundamentos. Las demás boletas las anularé. Para mí, esta elección selectiva es una forma de resistencia informada. En el transcurso de la semana, esta organización dará a conocer la lista de aquellos candidatos a ministros de la Suprema Corte que fueron mejor evaluados, por si alguien más decide sumarse a esta propuesta, ya que muchos aún se encuentran en la disyuntiva de votar o no votar.
Experto en fiscalización. “X”: @gldubernard
