En mi columna anterior mencioné que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha venido señalado que el número de auditorías se han incrementado. También comenté que las observaciones emitidas por la ASF, donde se acreditaron afectaciones a la hacienda pública federal, disminuyeron significativamente al pasar de 2,715 por 112,706 millones de pesos (mdp), determinadas en la cuenta pública 2016, última fiscalizada por el anterior Auditor Superior a 1,301 por 30,223 mdp en la cuenta pública 2021. Una reducción de 52.1% en número y 73.2% en monto observado.
Una justificación a esta importante reducción la dio la actual Auditora Especial de Cumplimiento Financiero el 01 de marzo pasado en una reunión de trabajo con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, donde mencionó que la ASF ha tenido una “actitud abierta” con la Administración Pública Federal para tratar de resolver las observaciones y que éstas “correspondan verdaderamente a lo que hay que observar, a lo que hay que aclarar, no nada más poner observaciones por poner observaciones” y que se trabajó con la mayoría de los titulares de las entidades fiscalizadas quienes tuvieron una “actitud proactiva” a lo largo de la fiscalización de la cuenta pública 2021, para que se realizaran mesas de trabajo que “propiciaron la comprensión y justificación de diversas observaciones realizadas”.
Dichas reuniones de trabajo, señaló la Auditora Especial, dieron como resultado que en la cuenta pública 2021, las observaciones antes de emitir los informes del área a su cargo pasaran de 676 a 379 y el monto observado se redujera de 31,786 mdp a 8,063 mdp. Un proceso que puede tener varias interpretaciones como ineficiencia del grupo auditor que determinó las observaciones preliminares, lo que pongo en duda; falta de entrega oportuna de la documentación comprobatoria, es posible pero contraria a la “actitud proactiva” señalada o bien, laxitud, ligereza o acatamiento para aclarar lo observado.
Debo señalar que la afirmación de la Auditora Especial de que no se deben “poner observaciones por poner observaciones”, justificando estas reducciones, no corresponde a la realidad del trabajo profesional, objetivo e independiente que se realizaba en el área de la que hoy es titular. Al menos bajo mi responsabilidad, ella estaba bajo mi mando, cada observación emitida fue revisada cuidadosamente a la luz de la información que nos fue entregada por los entes fiscalizados los cuales siempre tuvieron los espacios para realizar sus aclaraciones; es un derecho establecido en la Ley de Fiscalización.
La solidez de una observación emitida por un grupo auditor es medible. Si fue debidamente sustentada, permanecerá durante los distintos procesos de aclaración o investigación que se siguen en la ASF, pudiendo derivar en una denuncia penal o en una promoción de responsabilidad administrativa, por cierto, pocas y presentadas con gran atraso. Pondré un ejemplo que contradice lo dicho por la Auditora Especial; en la cuenta pública 2018 la ASF emitió 2,588 observaciones y solicitudes de aclaración por 175,621 mdp, de las cuales, hoy en día, a más de tres años y medio después de emitidas, 2,307 por un monto de 124,552 mdp, siguen en aclaración o investigación y otras relevantes fueron denunciadas oportunamente. No sobra decir que entre octubre de 2018 y octubre de 2021, presentamos 136 denuncias penales, de diversas cuentas públicas, por casi 20,000 mdp que equivalen a tres “Estafas Maestras”.
La reflexión se centra en si, con lo que he venido señalando, puede concluirse que se está manipulando la fiscalización que viene realizando la ASF, con el único propósito de no “incomodar” a través de sus actos y resultados.
