El pasado martes se realizó la sesión del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), donde se designaría al nuevo titular, a seleccionar de una terna propuesta por el Comité de Participación Ciudadana (CPC), órgano que representa a todos los mexicanos en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
En esta sesión, el órgano de gobierno desechó la terna al considerar que el proceso estuvo viciado. La organización Perfiles Idóneos YA!, hizo públicas distintas observaciones al proceso y un periodista reveló un posible conflicto de interés de Rafael Martínez Puón, integrante del CPC, quien a su vez es director de la Escuela de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), al no haberse excusado de evaluar a dos de sus profesores, quienes terminaron integrando la terna y los calificó con las máximas calificaciones posibles.
La respuesta de Martínez Puón al periodista, mediante una carta publicada en la red X, no desmiente los señalamientos, aunque intenta justificarse con argumentos que, en mi opinión, no suprimen el conflicto de interés. Usted juzgue: “el INAP no cuenta con financiamiento público”; “las personas a las que aludes no tienen un contrato laboral ni una relación de subordinación conmigo” -a pesar de que el periodista evidenció que él firmó los contratos de prestación de servicios en representación del INAP-; “su sustento económico no es el INAP, ellos tienen trabajo propio”; “lo de las clases es accesorio”; a los profesores “los invita el presidente del instituto, no yo”.
El punto crucial de un potencial conflicto de interés radica en la existencia objetiva de condiciones que podrían comprometer la imparcialidad o generar esa percepción. En este caso, existe una duda razonable sobre si el integrante del CPC calificó con imparcialidad a los profesores del INAP.
Debo confesar que llegué a pensar que el órgano de gobierno había considerado la nota periodística que señala este conflicto para desechar la terna. Sin embargo, ayer, en mensaje directo, Martínez Puón me afirmó que “ni la mencionaron” —aunque él no estuvo presente en la sesión, que fue privada— y que “la decisión se tomó desde hace un mes”. Entonces, ¿las entrevistas del 20 y 21 de mayo, y sus evaluaciones, fueron una farsa?
Es lamentable lo que sucede en el CPC. Los diferendos públicos entre Patricia Talavera y Rafael Martínez Puón con la presidenta Vania Pérez se suceden en cada sesión en que participan, y la alianza entre ellos es evidente. En un universo de tres individuos, dos toman las decisiones, como se hizo patente al definir la terna, calificándolos de forma igual.
¿Cómo se llegó a todo esto? A los integrantes del CPC los designa una Comisión de Selección, la cual, a su vez, es nombrada por el Senado de la República. La última comisión concluyó su encargo el 30 de abril de 2024, y desde entonces no se ha nombrado una nueva. Por ello, hay actualmente tres integrantes debiendo ser cinco, concentrando las decisiones en un número cada vez más reducido de personas.
Hoy no se vislumbra la intención del Senado de nombrar una nueva comisión. Así, en febrero de 2026, el CPC tendrá dos integrantes, y en febrero de 2027, al quedar uno, se extinguirá. Por definición, un comité implica la existencia de más de una persona. Así morirá -sin reformarse la ley- la tan anhelada participación ciudadana, a la que tampoco se le otorgó suficiente espacio o injerencia para influir o exigir que las instituciones integrantes del SNA atendieran sus recomendaciones. Por esta y otras razones, la participación ciudadana está en agonía.
Experto en fiscalización. X: @gldubernard