El Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) surgió como una respuesta a la necesidad de combatir la corrupción y garantizar la adecuada fiscalización de los recursos públicos federales. Este sistema debería ser uno de los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que incluye a todas las instituciones del país responsables de realizar acciones de fiscalización, auditoría, vigilancia y control del uso de los recursos públicos. Su propósito es maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización con base en una visión estratégica al actuar de manera coordinada, evitando duplicidades u omisiones en la fiscalización. Sin embargo, la realidad es otra.
Los integrantes del SNF son la Auditoría Superior de la Federación (ASF); la Secretaría de la Función Pública ahora de Anticorrupción y Buen Gobierno, las Entidades de Fiscalización Superior de los Estados (EFSL) y las Secretarías de las Contralorías Estatales, de ahí su importancia.
Desde el año 2005, la ASF se apoyó en las EFSL para llevar a cabo la revisión de los recursos federales transferidos y aportados a Estados y Municipios; las participaciones federales que recibían eran fiscalizadas por las EFSL por tratarse de “recursos estatales de libre administración”, digamos, la “rebanada del pastel” que les corresponde sobre los ingresos federales.
En 2015, se reformó la Constitución para establecer que la ASF fiscalizaría las participaciones federales en coordinación con las EFSL o de manera directa. Esta reforma buscaba superar limitaciones como la baja capacidad de fiscalización de algunas EFSL y su posible falta de independencia, ya que en ciertos casos sus titulares estarían respondiendo a los intereses de los gobernadores quienes influían en sus nombramientos. En contraste la ASF respondería con mayor independencia, objetividad, y eficiencia para identificar y sancionar actos de corrupción.
En 2017, la ASF renovó los convenios de colaboración con las EFSL integrando lineamientos detallados que incluían procedimientos, criterios normativos y metodológicos. Esto permitió estandarizar las prácticas de fiscalización y promover el desarrollo técnico y profesional del personal auditor de las EFSL. En 2020, bajo la administración del actual titular, la ASF dio por terminados dichos convenios, monopolizando esta atribución. En 2024, la ASF retomó estos convenios de colaboración y a la fecha se han firmado veintiséis. Desconozco cuál es el alcance de éstos porque no se han hecho públicos.
En los últimos cuatro años, la ASF ha fiscalizado casi cuatro billones de pesos en participaciones federales, identificando asuntos por aclarar por 42,194 millones de pesos. Entre las principales anomalías detectadas se encuentran la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones, falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos, y pagos improcedentes o en exceso.
A pesar de esto, la ASF no ha presentado denuncias relacionadas con las presuntas irregularidades detectadas. Muchas siguen en su área de seguimiento e investigación. Las 16 denuncias que ha presentado de los años 2017 a 2023 involucran otros recursos administrados por estados y municipios, pero ninguna está relacionada con la fiscalización de las participaciones federales.
Mi reflexión es, si esta concentración de atribuciones en la ASF haciendo de lado a las EFSL se puede identificar con una mejora en la eficiencia de la fiscalización; o bien, obedece a una estrategia de incrementar el poder de su titular sobre los gobiernos estatales, los cuales en su gran mayoría tienen asuntos pendientes de aclarar con este órgano fiscalizador.
Experto en fiscalización. X: @gldubernard
