Acepté ser presidenta de casilla para las elecciones del próximo 1º de junio, en las que por primera vez se votará por integrantes del Poder Judicial de la Federación. ¿Estuve de acuerdo con la forma en la que se eligieron a los candidatos? No. Pero, aunque el proceso tenga fallas, lo que de verdad puede marcar la diferencia es que tú y yo votemos con conciencia. Quedarnos al margen solo profundiza la simulación.
Entiendo el escepticismo. Vamos a elegir 881 cargos judiciales, entre ellos ministras y ministros de la Suprema Corte, magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito. Sí, hay riesgos: no hay certeza absoluta de que no haya fraude; se entregarán al menos seis boletas por persona, con decenas de nombres cada una; y, según reportes periodísticos, al menos 26 aspirantes tienen antecedentes penales, lo que los haría inelegibles.
Pero justamente por eso estamos obligados a participar. Porque no hay un porcentaje mínimo de votantes requerido para validar esta elección. Las estimaciones más optimistas prevén que solo entre 7% y 15% del padrón electoral acudirá a las urnas. Eso significa que una minoría podría decidir el futuro del Poder Judicial, incluso si elige a candidatos con antecedentes penales. ¿De verdad vamos a permitirlo? ¿En manos de quién estaría la justicia en México?
Votar es nuestra herramienta más poderosa para evitarlo. Informarnos, revisar perfiles, identificar a las candidatas y candidatos con trayectoria limpia y compromiso con la justicia social y ambiental. ¿Por qué importa tanto? Porque el Poder Judicial tiene un impacto directo en nuestras vidas, más de lo que muchas veces imaginamos.
Cuando una comunidad indígena es desplazada por una obra pública, un juez decide si ese desalojo fue legal. Si un trabajador demanda un despido injustificado, es un tribunal quien dicta sentencia. Cuando se contamina un río, se deforesta una selva o se construye un megaproyecto sin consultar a las comunidades, es el Poder Judicial quien puede frenar el daño.
Así ocurrió, por ejemplo, con la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Un tribunal suspendió las obras al considerar que las autorizaciones ambientales eran insuficientes para proteger el ecosistema. Esa decisión fue posible gracias a jueces preparados, independientes y comprometidos con los derechos humanos y el interés público.
Ahora mismo hay mucho en juego. En Quintana Roo, presentamos al Congreso del estado cuatro iniciativas bajo el nombre 11x4. Estas leyes buscan proteger el patrimonio natural del estado y prevenir abusos por parte de desarrolladores y funcionarios.
Una de ellas, la Ley Solimán, propone sanciones penales a quienes autoricen o construyan sin permisos ambientales. La ley Pok Ta Pok busca evitar que aguas residuales contaminen cenotes, cavernas y manglares. La ley Tajamar exige acceso público a la información sobre ecosistemas sensibles, y la ley de movilidad sustentable promueve un modelo de transporte que no destruya más territorio.
Estas propuestas son un esfuerzo colectivo para defender lo que queda de la riqueza natural del Caribe mexicano. Pero si no hay un Poder Judicial que haga cumplir la ley, todo quedará en papel.
Solo en los últimos cuatro años, proyectos como el mal llamado Tren Maya y el aeropuerto de Tulum han provocado la deforestación de al menos 2,400 hectáreas. Y eso sin contar el efecto secundario: el impulso a nuevos desarrollos turísticos y urbanos que pondrán aún más presión sobre los recursos naturales, ya gravemente impactados.[1]
Por eso, necesitamos jueces que hagan valer leyes como la de Equilibrio Ecológico, la de Cambio Climático o la de Manejo Forestal. Jueces que no teman clausurar inmobiliarias que infrinjan la ley. Jueces que entiendan que proteger un manglar es proteger el agua, la biodiversidad y la vida misma.
No se trata solo de medio ambiente. Un Poder Judicial fuerte, autónomo y ético puede frenar abusos, desigualdades y violaciones a derechos humanos. Puede ayudar a prevenir crisis de salud pública, problemas migratorios, pérdidas económicas, o el colapso climático.
El reto es grande. Pero hay herramientas. Investiguemos quiénes son los candidatos. El sitio del INE ine.mx/conoceles-practica-y-ubica/ permite conocer sus perfiles. La analista Viridiana Ríos ha publicado un seguimiento muy útil en viririos.com. Organizaciones como Transparencia Mexicana, México Evalúa o el Consejo de la Judicatura Federal ofrecen análisis valiosos. Desde la iniciativa ciudadana Elijo por el Clima, también hemos elaborado un listado con aspirantes comprometidos con la justicia social y ambiental.
El futuro no está escrito. Está en nuestras manos. Y el 1º de junio puede ser un punto de inflexión. Ante la violencia, el debilitamiento de las instituciones, la desaparición de organizaciones clave como el INAI, la incertidumbre económica global, el cambio climático y una democracia erosionada, votar es nuestra mejor manera de mostrar resistencia.
No permitamos que la apatía nos paralice. No dejemos que perfiles incompetentes o corruptos decidan sobre la justicia de nuestra nación. Ejerzamos como una ciudadanía participativa, informada y despierta.
Yo ya elegí hacer mi parte desde la presidencia de casilla. ¿Y tú?
[1] https://pronatura-sur.org/wp-content/uploads/2024/10/Deforestacion-Quintana-Roo.pdf
