Durante la Semana del Clima celebrada en Nueva York, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, aseguró que México respalda la lucha contra el cambio climático, que ya se consideran pérdidas y daños en los compromisos internacionales y que se están enfocando esfuerzos en mitigación y adaptación. Fue un discurso lleno de buenas intenciones, de palabras cuidadosamente tejidas para sonar esperanzadoras frente a jefes de Estado y empresarios globales. Sin embargo, detrás de esas frases diplomáticas, la realidad mexicana contradice de manera frontal lo dicho en aquella tribuna: nuestro país está reduciendo el presupuesto destinado a la protección del medio ambiente y debilitando, año con año las instituciones encargadas de defender la naturaleza.

¿Cómo se puede hablar de compromiso climático cuando en México se destina apenas 0.1% del PIB al cuidado del medio ambiente? Este año, según el Presupuesto de Egresos de la Federación, se asignaron 17,080 millones de pesos a la protección ambiental, menos que los 17,352 millones del ejercicio anterior. Una reducción de 1.5% en plena emergencia climática. La contradicción es escandalosa: mientras se anuncia en foros internacionales un compromiso firme con la Agenda 2030, en el terreno presupuestal la protección de la naturaleza aparece relegada a los últimos lugares, incluso por debajo de rubros como “Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales”.

El desmantelamiento institucional también es evidente. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), pieza clave para salvaguardar los ecosistemas de nuestro país, recibe hoy ¡el presupuesto más bajo de los últimos 18 años!, de acuerdo con un estudio realizado por la organización Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA). Entre 2016 y 2025, los recortes han sido constantes. Este año, la disminución fue de 42% respecto al presupuesto anterior: 733 millones de pesos menos para cuidar el corazón natural de México. Y lo mismo ocurre con otras dependencias: 39.4% menos para la SEMARNAT; 43% menos para la Comisión Nacional del Agua; 1.2% menos para la Profepa; 6.4% menos para la Conafor. Un verdadero desmantelamiento, mientras en los discursos oficiales se promete un futuro “verde” que, en los hechos, no existe disposición de financiar.

Al mismo tiempo, la matriz energética del país sigue dominada por los combustibles fósiles. Más de dos terceras partes de la electricidad se genera con gas, carbón y petróleo. Apenas 24% proviene de fuentes bajas en carbono. En materia de transporte, que aporta un cuarto de las emisiones, el consumo de gasolina crece en lugar de reducirse: en abril de 2024, se consumieron casi 671 mil barriles de gasolina diarios, un 8.2% más que en el mismo mes del año anterior. Más del 90% del parque vehicular sigue funcionando con combustibles fósiles. Frente a esta realidad, el gobierno responde con megaproyectos de trenes eléctricos de 3,000 kilómetros que, paradójicamente, implican un enorme costo ambiental durante su construcción y no ofrece soluciones locales a los problemas de movilidad ni reduce el consumo de hidrocarburos.

La contradicción se torna aún más cruel cuando el gobierno afirma que, para 2030, se protegerá el 30% del territorio marino y terrestre. Hoy existen 232 áreas naturales protegidas que suman 99 millones de hectáreas, y se promete llegar a 155 millones. Pero con un presupuesto desplomado 81% en los últimos tres sexenios, ¿cómo se puede pretender cuidar semejante superficie con esos pocos pesos? Proteger significa invertir en guardabosques, en vigilancia, en restauración, en educación ambiental, en alternativas de desarrollo para comunidades que conviven con la biodiversidad. Y sin recursos, esa promesa no es más que humo.

Mientras tanto, la crisis climática avanza y sus efectos ya golpean a la población mexicana. El 2024 fue el año más cálido registrado en el planeta, con un aumento global de 1.5ºC. En México, el incremento fue todavía mas grave: 1.8ºC respecto al año anterior. Las lluvias extremas en la Ciudad de México, con un 33% más de precipitaciones en algunas zonas, han provocado inundaciones históricas en alcaldías como Iztapalapa y Tláhuac, afectando a más de 2,000 personas. El norte del país enfrenta sequías cada vez más severas y prolongadas. Entre 2001 y 2023 se perdieron más de 4.7 millones de hectáreas de bosques. Y en la península de Yucatán, proyectos como el mal llamado Tren Maya arrasaron con más de 6,000 hectáreas de selva y manglares, en medio de opacidad e incumplimiento de leyes ambientales. La naturaleza ya envió señales claras, pero seguimos respondiendo con indiferencia y discursos vacíos.

El cambio climático no es un problema del futuro. Ya está alterando nuestras vidas, forzando migraciones, desplazando comunidades enteras, aumentando la pobreza y la vulnerabilidad. Sus efectos también se intensifican debido a actividades como la agricultura, el turismo, la construcción; también el sector alimentario y energético. La falta de planeación y de visión a largo plazo está generando que la expansión desmedida de estos sectores invada hábitats silvestres, destruya ecosistemas y siembre la semilla de futuros conflictos socioambientales. No hay tiempo para más diagnósticos; necesitamos decisiones políticas valientes.

Hoy, más que nunca, urge voluntad política. Urge que empresarios, legisladores, gobernadores y presidentes municipales reconozcan que sin una estrategia clara de mitigación y resiliencia no habrá economía posible ni estabilidad social. Necesitamos presupuestos robustos, reglas y planes de adaptación, educación ambiental masiva y un rediseño del modelo de desarrollo. La prevención ya la dejamos escapar; lo que queda es reducir los daños y prepararnos para sobrevivir en un país más cálido, más seco en unas regiones y más inundado en otras.

Decir que “los compromisos de México son realistas y factibles para 2035”, como afirmó la secretaria Bárcena en Nueva York, es ignorar la magnitud de la emergencia. Lo realista sería reconocer que hoy no existe la voluntad política para priorizar la vida por encima de la inercia. Lo factible sería admitir que, la restricción del presupuesto por Hacienda nos pone en una situación aún más vulnerable. Lo urgente es asumir que el cambio climático nos está pasando factura de años de negligencia, y que ya no podemos seguir así.

 

 

 

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