Entre 2019 y lo que va del presente año se ha cambiado el sistema político mexicano en la Constitución en un orden de magnitud solo comparable a las grandes reformas de 1933, cuando nace el sistema presidencialista de partido hegemónico, y 1996, cuando se da el giro hacia la democracia. Hay otros grandes episodios de cambio constitucional sustantivo de carácter económico y social que, por ahora, no referimos.
Puede señalarse a septiembre-octubre de 2024 como el punto culminante de este cambio, cuando se efectuaron las reformas a la Guardia Nacional al Poder Judicial, a la “inimpugnabilidad” (sic) de las adiciones y reformas a la Constitución, la reforma a los órganos autónomos (“simplificación administrativa”) y la que eliminará la reelección legislativa y municipal y la heredabilidad de los cargos. A esto último se han acostumbrado tan bien los miembros de la coalición gobernante que le patearon el bote a la presidenta hasta el 2030 mientras hacen los enjuagues necesarios.
Este momento “fundacional” consiste en un desplazamiento del paradigma político que da vigencia a la Constitución. Si nos basamos en la teoría constitucional de Carl Schmitt -un teórico favorito del nazismo-, la Constitución democrática que ha quedado atrás descansaba en el poder constituyente de varios sujetos, es decir, en la pluralidad política que obligaba al acuerdo y al compromiso. En cambio, en la constitución autoritaria el poder constituyente descansa en un solo sujeto que la impone a todos los demás que no pertenecen a sus filas y que se ven obligados a obedecer, a perder su poder como ciudadanos y son privados de participar con plena igualdad en la vida del Estado.
La coalición gobernante no es “el pueblo”. Por el contrario, es la suma de varios partidos políticos unificados bajo el mismo mando carismático. En su actuación política y en su presencia en los poderes del Estado son lo que cualquier partido o gobierno es en el mundo: una élite en el poder. Ésta tiene un corte más oligárquico que el bloque precedente, en el que se valía el disenso y se debatían sin exclusión los asuntos públicos fundamentales. El rasgo que distingue a los que hoy ocupan el poder como partidos y gobierno autoritarios es la exclusividad de su oligarquía, y esto se refleja claramente en su manera de “constituir”, de hacer la Constitución.
Las reformas constitucionales que han introducido, primero como mayoría no calificada y después como supermayoría se diferencian abismalmente. En el primer momento tuvieron que aceptar los límites establecidos por los resultados de la votación electoral y parlamentaria, aun cuando intentaron convertirse inconstitucionalmente desde el primer momento en supermayoría sin conseguirlo, ni en 2018 ni en 2021. Sin embargo, en el segundo momento, el que va de las elecciones de 2024 al presente, obtuvieron, mediante una elección de Estado, los votos necesarios para cambiar ellos solos la Constitución gracias a su número, pero no al diálogo ni a la razón, como fue el caso el método seguido desde 1997 pese a sus deficiencias. De este modo impusieron una Guardia Nacional militarizada, un Poder Judicial subordinado a sus intereses que se integrará con voto controlado en los próximos meses; desaparecieron los órganos autónomos de control del poder y la reelección legislativa y municipal, reconcentraron las empresas del Estado y efectuaron un grave retroceso legal del poder de impugnar la constitucionalidad de los actos del poder. Al final, pero siendo más importante, blindaron, mediante la reforma de “inimpugnabilidad” (sic) a todas sus reformas constitucionales de los medios de defensa que garantizaban el derecho individual (amparo) y de los actores políticos a la protección contra el despotismo. En pocas palabras: se adueñaron del Estado político inmunizándolo del ejercicio de la libertad y la igualdad políticas. Para el escaparate adicionaron unos cuantos “derechos sociales” que no podrán cumplirse sin grandes cambios fiscales y una reconstrucción de la destruida administración pública. Se trata de una grieta en toda la línea de flotación de la democracia que, así, naufraga.
Investigador del IIS-UNAM. @pacovaldesu