La reforma electoral en puertas se erige sobre un hecho incontrovertible: una mayoría ilegítima decidirá cómo evitar dejar el poder en manos de futuras mayorías legítimas. Promete ser una reforma de y para el obradorismo usurpando el nombre del “pueblo”. Vista la concentración mayúscula de poder a lo largo de 7 años y la estrategia de consolidarla al precio que sea, por qué habríamos de ser tan ingenuos para creer que la reforma sería pluralista y democrática si el casino tiene las cartas marcadas.
Pero imaginemos por un momento que las propuestas de la sociedad civil, la opinión pública y la oposición tuvieran peso. Entonces podríamos diseñar un sistema electoral más democrático que el que se tragó el nuevo bloque dominante. La premisa fundamental sería colocar al ciudadano en el centro de la película y no a los partidos. En los ciudadanos reside el ejercicio de la soberanía. Ese es el verdadero pueblo y no la abstracción populista con que se enmascara Morena. Por esta razón, las instituciones organizadoras y calificadoras de la elección deberían constituirse exclusivamente con ciudadanos-expertos (y que no importe que nos digan tecnócratas los tecnoautócratas del morenismo). El INE y los órganos locales deben regresar a manos de la ciudadanía para la organización de las elecciones. El tribunal y la fiscalía deberían integrarse, en consecuencia, con magistrados que se hayan distinguido por castigar los delitos electorales. Ambas instituciones deben blindarse de interferencias del Poder Ejecutivo.
La siguiente premisa complementa a la primera y consiste en que no debe haber ningún voto que quede sin ser representado y para ello hay que introducir varias reformas. La primera es que, para elegir las cámaras del Congreso, se elimine la fórmula de mayoría y se adopte la de representación proporcional. No hay mayor justicia representativa que la proporcionalidad entre votos y asientos en todos los cuerpos colegiados de elección popular (ayuntamientos y legislaturas). Tiene que eliminarse por completo la sobrerrepresentación. En el futuro inmediato debe encargarse al Congreso, así electo, la revisión de la proporcionalidad entre el número de habitantes y el número de representantes y adecuar en consecuencia el tamaño de las Cámaras, buscando reconstruir el vínculo permanente que debe existir entre representados y representantes. La segunda es la formación obligatoria de gobiernos de coalición (hasta ahora es optativa y nunca se ha ejercitado), en concordancia con la proporcionalidad de la representación. La tercera es la realización de elecciones primarias para la elección de candidaturas en todos los niveles, con derecho de participación de todos los ciudadanos. Solo el resultado de dichas primarias puede definir las candidaturas, tengan o no partido que las respalde.
Todo el sistema electoral debe tener exclusivamente financiamiento público y debe estar blindado contra la intromisión del crimen organizado y del poder económico y político. Por consiguiente, no debe haber dinero privado. Del financiamiento público debe reservarse una bolsa para las candidaturas independientes que han de ser debidamente habilitadas de acuerdo con la ley. El uso de programas sociales con fines electorales debe ser castigado con fuertes multas y con la inhabilitación para el servicio público en cualquiera de sus formas y niveles. Los mecanismos de democracia directa deben ser reconducidos para impedir su uso por el poder político. Por ejemplo, el revocatorio y la consulta popular únicamente se realizarían a solicitud de los electores y sin la intromisión comprobada de la autoridad cuestionada.
El uso de medios en tiempo del Estado debe destinarse a la conversación entre ciudadanos, candidatos y partidos, no a la propaganda. El tiempo dedicado a la difusión de programas y propuestas debe ser para exposición de programas de acción, políticas públicas y medidas de gobierno y no para saturar al receptor con basura mercadotécnica. El uso de medios gráficos debe orientarse en consonancia con lo anterior.
Estos y otros cambios posibles podrían ir en el sentido democrático correcto. Todo indica que la reforma será regresiva, pero también que será resistida y que tenemos herramientas para combatirla.
Investigador del IIS-UNAM. @pacovaldesu