El 5 de febrero se efectuó la conmemoración de la Constitución. Después de clamar por la unidad nacional para hacer frente a la amenaza de los aranceles y cumplidas las exigencias de Trump, la presidenta decidió excluir de la ceremonia al Poder Judicial (excepto a tres ministras leales). Vimos el festejo de una república mutilada de su Poder Judicial y de la inconstitucionalidad que brota del nuevo grupo en el poder casi absoluto del Estado. Este episodio amerita algunas reflexiones.
Entre las elecciones de julio y el cierre del año ocurrieron tres actos de poder excepcional para armar un régimen autoritario. El primero de ellos fue la sobrerrepresentación en el Congreso. Concluido el cómputo electoral, la coalición triunfante obtuvo la mayoría de los votos. Correspondía que pudiese adjudicarse hasta un 8 por ciento más de asientos en la Cámara. Pero gracias a la debilidad opositora y la elástica y maleable interpretación de la “cláusula de gobernabilidad” (de la que son corresponsables los principales partidos de la oposición), la mayoría decidió aplicar el artículo 54 constitucional de manera que pudiera evadirse el mandato de este mismo artículo que indica que ningún partido puede tener más de 300 diputados. A raíz de una estrategia electoral deliberada para que la funesta cláusula pudiese aplicarse a cada partido de la coalición, ¡oh sorpresa!, el obradorismo (que más allá de formalismos es un solo partido y no tres) se apropió de las tres cuartas partes de la Cámara, y en el Senado compró o extorsionó a los senadores que le faltaban. Así, se constituyó de facto en mayoría constitucional con la bendición del nuevo INE y del tribunal electoral.
A continuación, vino el Plan “C”, el cemento de la nueva estructura, que contiene barreras autocráticas ensartadas en lo que fue una constitución democrática. La primera es la destrucción de la independencia del Poder Judicial y su sometimiento al obradorismo mediante elecciones controladas por la presidencia y la fracción parlamentaria morenista. El segundo es la reforma de supremacía constitucional que blinda las reformas constitucionales -obviamente hechas por la coalición obradorista mientras dure-, contra controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o juicios de amparo -figura previamente esterilizada en la ley reformada en abril del año pasado-. Con esta segunda reforma, el obradorismo puede “constitucionalizar” sin objeciones lo que le venga en gana, incluyendo la violación de los derechos humanos y constitucionales, de la que estas mismas reformas son ya un caso. La tercera es la desaparición de los organismos autónomos que garantizaban derechos a la información, a la educación de calidad, a la superación de la pobreza, entre otros.
Con estas tres reformas se garantiza que quien tenga el control de los tres poderes del Estado podrá impermeabilizarse contra sentencias judiciales que le puedan perjudicar, contra diferendos interpretativos de la Constitución por parte de terceros interesados y contra el ejercicio de derechos (a la información, a la evaluación del gasto social y de la calidad educativa, entre otros).
Durante la amenaza trumpista del mes, el gobierno y sus cabezas llamaron a la unidad nacional. En el Congreso, los morenistas gritaron el Himno Nacional y vivas a la presidenta. Poco faltó para que se envolvieran en la bandera (gesto peligroso si nos atenemos al mito del Castillo de Chapultepec en 1847). Pero el día de la Constitución hicieron gala del sectarismo que los caracteriza. Alegando “falta de respeto” del Judicial hacia los otros dos pno “obedecer” a la pseudoconstitucionalidad engendrada por los otros dos poderes se excluyó al todavía Tribunal Constitucional. ¡Tengan su unidad nacional! Lo que en realidad celebró la cúpula del morenismo y sus epígonos fue el Plan C de López obrador. Aprovechando la ocasión, la presidenta anunció la intención de cerrar la pinza con la cuarta barrera de dicho plan: la reforma político electoral. Sabemos que suprimirá la reelección y facilitará el control de legisladores, alcaldes y gobernadores. Pronto sabremos si cierra aún más el régimen representativo, electoral y de partidos.
Investigador del IIS-UNAM.
@pacovaldesu