La destrucción del Poder Judicial (PJ) como contrapeso del Ejecutivo (PE) se retrasó por la derrota de la coalición oficial en las elecciones intermedias de 2021 en las que perdió la mayoría calificada. Gracias a ello, la Suprema Corte pudo continuar juzgando la inconstitucionalidad de varias de las reformas legales que el obradorismo realizó en abierto desdeño de la carta magna, entre ellas una que habría convertido la institución electoral en mera sombra del partido oficial, como en los viejos tiempos.
La imposibilidad de reformar la Constitución sin acuerdos parlamentarios con las bancadas de la oposición le ha dado tanta rabia al presidente que giró instrucciones para continuar elevando la presión contra el PJ. Por un lado, aprobando por mayoría leyes que son inconstitucionales y, por la otra, acusando al PJ de ser “enemigo del pueblo”, “conservador”, “corrupto”, etc., por declararlas inconstitucionales esas leyes, cuando no podía ser de otra manera.
Este es el método de López Obrador: crear los hechos de los que se queja y echarle montón a quien se le atraviesa, abusando del poder que le da ocupar el cargo de presidente, exigiendo sumisión ciega a su persona y humillando a quienes se resisten.
En vez del sistema actual de nombramiento de jueces y magistrados, Obrador propone elegirlos. Los motivos expresados por él y por su candidata, Claudia Sheinbaum, son dos: que hay corrupción en ese poder y que solo sirven a las altas costras de la sociedad. Según ellos, eso lo hace “irreformable”. Y dicen que eligiendo a los jueces y magistrados habrá justicia para el “pueblo”. Hace mucho que los análisis académicos sobre el PJ han llegado a dos conclusiones que coinciden con el diagnóstico del presidente: en el PJ hay corrupción y nepotismo, y la justicia no llega a la gente común. En efecto, hay una enorme carencia de acceso a la justicia para el ciudadano de a pie y no pocas veces vemos que los litigios se libran con sobornos gracias a los cuáles ganan los pleitos los que más pueden.
Sin embargo, subsiste una duda genuina respaldada por evidencia abrumadora. La duda: ¿Acaso un poder electo sería menos corrupto por el solo hecho de serlo? AMLO se pone a sí mismo como ejemplo de virtud. Dado que él fue electo por el pueblo “se acabó la corrupción”. Pero la evidencia abrumadora lo acusa con el dedo de los verdaderos datos. ¿Dónde están las cuentas de las megaobras? “Información reservada”. ¿Por qué se niegan una vez y otra también las solicitudes de información que el público pide al PE? Información “reservada”, “confidencial” o “inexistente”. Es el cuento de nunca acabar. Se suman a esto las denuncias de corrupción y nepotismo que involucran a sus familiares, y qué decir de las tramas reveladas sobre Julio Scherer, el exconsejero jurídico de la presidencia y “hermano” del presidente.
A la luz de los hechos, es obvio que elegir a los jueces no los haría menos corruptos o sobornables, como tampoco hay ninguna razón para asegurar que la corrupción ha disminuido en el gobierno en virtud de que AMLO haya sido electo. Si no fuera así, entonces por qué el sigilo con que se maneja la información, por qué AMLO viola sistemáticamente el derecho a la información que “garantiza” la Constitución.
Pues la respuesta se cae de obvia: porque es falso que la corrupción se haya desterrado donde ha puesto su mano la 4t. Porque es falso que el motivo del presidente es que haya jueces más justos. Los hechos hablan por sí solos. Lo que interesa al presidente y a la 4t es el poder puro y duro, deshacerse de los contrapesos, de las auditorías, de la vigilancia a los que todo gobierno tiene que estar sometido. Por eso quiere desaparecer al INE, al INAI, al PJ usando al Poder Legislativo como ariete contra la Constitución. La cancelación de los fideicomisos va en la misma dirección de eliminar la rendición de cuentas.
