Se cierra el capítulo de la desaparición de órganos constitucionales autónomos. Las implicaciones de esta decisión de la mayoría morenista son mayores, como las de otras reformas constitucionales que ha emprendido el partido del nuevo Estado autoritario en construcción. Los organismos autónomos respondieron durante su existencia a la protección de derechos y a la rendición de cuentas de la administración pública. El derecho a saber qué hacen los gobernantes y hacer que cumplan sus obligaciones; el derecho a educación de calidad y a medir cómo el gobierno cumple o incumple con esa obligación; el derecho a no ser víctimas de monopolios o coaliciones de mercado por precios por encima del valor de productos y servicios; el derecho a que los recursos de la nación —no del Estado— se administren con eficiencia; el derecho a que las políticas sociales se apliquen con rigor y eficiencia en beneficio de millones. Esas eran las funciones que protegían órganos como el Inai, la Cofece, el Ifetel, la CRE, el Coneval, entre otros. Cada uno de estos órganos era responsable de cumplir con alguna de estas funciones. Su responsabilidad era vigilada por el Congreso y su órgano de control, la Auditoría Superior de la Federación —que ha sido domesticada en el proceso de concentración del poder en un solo partido—. Estos órganos proporcionaban regulación o información a la ciudadanía de manera independiente gracias a la capacidad que tuvieron de obligar legalmente a los sujetos responsables de hacer cumplir aquellos derechos, lo que incluía a los tres poderes de la Unión.
El principio constitucional del que derivaba su creación en el extinto periodo democrático era que el poder del gobierno —y, por consiguiente, de sus funcionarios—, precisa controles externos para ser verdaderamente obligado a cumplir con sus funciones, desde la Presidencia hasta el piso de la pirámide. Veníamos de un largo periodo en que el sujeto supuestamente vigilado (gobierno y sus funcionarios) era a la vez su propio vigilante. La larga noche de corrupción institucionalizada bajo el autoritarismo del partido único. Con la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, la sujeción al Ejecutivo de las fiscalías y del Poder Judicial entramos en una nueva era oscura de sigilo y corrupción, de abuso del poder y desapoderamiento de la ciudadanía, que algunos llaman pueblo para escudarse tras él. El poder que habíamos alcanzado gracias al impulso desde abajo por la democracia se ha esfumado gracias a una poderosa fuerza autoritaria que emergió de un delirio bien administrado en varios millones de hipnotizados o capturados con míseras dádivas.
Ninguna promesa de rectitud y probidad (“no somos iguales”) es fidedigna sin instituciones que la hagan cumplir con la amenaza de la fuerza y del castigo, es decir, sin justicia independiente del poder. Hoy, la potestad que empezaba a difundirse en la distribución de responsabilidades en las desaparecidas instancias de rendición de cuentas y control de responsabilidades ha regresado al centro y a lo alto de la pirámide. Según los planos de la ingeniería constitucional del nuevo estado autoritario, el poder se concentra radicalmente en el Legislativo, desde donde la supermayoría inconstitucional ha construido la trinchera del poder casi absoluto. Lo ha blindado contra todo reclamo, venga de donde venga, al castrar el Juicio de Amparo —regresándolo a su forma primitiva— y suprimiendo de jure y de facto las facultades de recurrir contra disposiciones anticonstitucionales perpetradas por esa mayoría autoritaria. Por cierto, al Ejecutivo solamente le queda el veto de bolsillo si el Congreso se levantara contra él…
Si la finalidad de un actor político es el poder absoluto, el corolario es que se propone la corrupción absoluta en el uso del poder. Eso es lo que hacen los gobiernos de Morena desde 2018 por medios factuales y desde septiembre de 2024 legalizando la concentración de poderío con la traducción inconstitucional, ilegítima, de los resultados electorales del 2 de junio. De ese tamaño es la coacción a la libertad del poder ciudadano (y, hasta sobra decirlo, del “pueblo”).
Investigador del IIS-UNAM.
@pacovaldesu