“Ahora vamos a ser el país más democrático del mundo”, dijo la Presidenta en marzo pasado ante una concentración en Las Margaritas, Chiapas. La elección judicial era la varita mágica que había tornado a México en la utopía del realismo fantástico en el que habita la 4T. Pero en las mañaneras y en sus giras, la Presidenta, su funcionariado y todos los medios públicos no cesan en sus prácticas autoritarias al atacar a todo tipo de opositores, críticos, informaciones adversas, evidencias presentadas. La operación es constante, sistemática. De una parte, se lleva a cabo la mayor concentración del poder de que tengamos memoria, al menos desde el gobierno de Díaz Ordaz, punto de inflexión del imperio del PRI. Todo en nombre del “pueblo”. De otra, se cancela desde el poder a periódicos y medios de comunicación, a exconsejeros del INE —a los que se quiere arrinconar contra las rejas penales—, a críticos y periodistas independientes, a quienes organizan grupos, partidos y movimientos independientes. Todos los demás están fuera del “país más democrático del mundo”. Van tres ejemplos recientes. La marcha del 15 de noviembre fue condenada por ser, supuestamente, organizada por la derecha. Convocada en nombre de la Generación Z, participaron en ella gentes de todas las edades y sus demandas fueron desde la justicia por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, hasta las condenas a la presidenta y a su partido. Fueron severamente desacreditados desde el podio del oráculo mañanero porque “no eran los jóvenes” sino “puros viejos”, porque había entre ellos reconocidos políticos de oposición (Morena se lució en su desplegado público señalando a conocidos dirigentes de SomosMX y condenando a los marchantes), y porque habían sido promovidos por “la derecha”. Últimamente buscan acusar a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, severa crítica y opositora del gobierno. El segundo caso han sido las movilizaciones de descontento de camioneros y agricultores por la inseguridad y por los precios de las cosechas. Aquí se presenta una doble estrategia. Por una parte, se dice de los agricultores que carecen de “intereses legítimos” o que son movidos por la oposición, o a los camioneros se les amenaza con que es delito el bloqueo de carreteras (cosa que sabemos muy bien desde antes de que los obradoristas bloquearan a diestra y siniestra impunemente cuando hacían berrinche), y, por la otra, se sostienen negociaciones para atender las demandas —que, por cierto, han sido desairadas por los quejosos que desconfían de las autoridades—. El tercer caso es otra acusación más contra exconsejeros y consejeros del INE ante el Tribunal de Justicia Administrativa por el pecado mortal de aplazar el revocatorio urdido por AMLO de 2021 a 2022. Este es un nuevo capítulo de la persecución contra quienes protegieron la autonomía de la institución electoral de los deseos de un déspota que abusaba abiertamente del poder (como Trump, Putin, Orban, Erdogan, Chávez y otros autócratas). En los tres casos se exhibe autoritarismo, abuso de poder, descalificación de los que estorban o han osado oponerse a la hiperconcentración del poder que practica el partido de Estado. Todas estas son formas de cancelar desde el poder a quienes no coinciden con sus intereses. Lo que está fuera de la 4T carece de legitimidad y debe ser expulsado de la esfera pública. Así es el “país más democrático del mundo”.
La posverdad es eso: el secuestro del reconocimiento de los hechos como para expulsar de la esfera pública todo juicio adverso que se base en la búsqueda de la verdad como requisito de toda construcción democrática. No, México no es “el país más democrático del mundo”, sino el país de la inclusión condicionada en la nómina de las propinas a la obediencia al poder, del regreso de los ciudadanos a la condición de súbditos sumisos, de la pérdida de los derechos humanos, del monopolio del poder. El deseo más hondo del bloque dominante es la totalidad sin fisuras, sin manchones disidentes en el espejo en que se mira.
Investigador del IIS-UNAM @pacovaldesu