Agradezco los comentarios que recibí sobre mi último artículo publicado en este medio el 31 de marzo: “Los Tambores convocando a una Reforma Fiscal”. Fue un anticipo del debate, que seguramente se dará, cuando la discusión aflore a la superficie, en el Congreso, en foros empresariales y académicos. Los “tambores ya resonaron”. El Secretario de Hacienda se pronunció a favor de una reforma fiscal para después de las elecciones. Para ello hay una “discusión técnica” con los Secretarios de Finanzas de los Estados, sobre cuáles son las necesidades de gasto, cuántos recursos, qué impuestos “subir” para financiar educación y salud, con responsabilidad social. Ya se produjo la esperada controversia con la Directora del SAT que, “bajo instrucciones del Presidente, está preparando una reforma que “no necesariamente” está relacionada con nuevos impuestos o su aumento”, sino en medidas administrativas y de simplificación. El Secretario le recordó que ¡“Hacienda fija las políticas”; el SAT, administra!
Ramírez Cuéllar continúa trabajando con “el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria”, analizando los requerimientos de gasto para la segunda mitad del sexenio”, examinando la posible realización de una Convención Nacional Hacendaria y la creación del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública (la idea del Consejo Asesor Fiscal). Revisa la propuesta de crear, por única vez, una “Contribución Solidaria sobre Grandes Fortunas”, superiores a US$1 millón (el impuesto patrimonial), inspirada en Argentina.
El tema fiscal se mueve a nivel mundial. Biden, en su nuevo mega Plan de Empleo por US$2 billones, contiene como objetivo grandes inversiones en infraestructura. Para financiarlo, propone subir el ISR a empresas a 28%, que Trump, muy aplaudido, había bajado de 35 a 21%. Además, en la reunión anual del FMI, el gobierno de E.U. ha propuesto la idea de acordar un “impuesto global mínimo de 21% sobre las utilidades de las empresas”. Expertos fiscales mexicanos privados consideran que esto obliga a nuestra propia reflexión fiscal.
Otros comentarios importantes que recibí: No se puede aumentar la recaudación tributaria vía una reforma fiscal, sin saber en qué se va a gastar el dinero. ¡Habría oposición a un “cheque en blanco” para el gobierno para sus programas clientelares o acelerar sus ocurrentes proyectos de inversión! ¡Hay gran desconfianza de que se gaste mal! ¡Por ello se requiere un Pacto Fiscal negociado que, para aprobar el aumento de ingresos, se informe con transparencia en qué se va a gastar!
Para mí, con los recursos adicionales, el gasto debería tener 2 grandes objetivos: aumentar la inversión pública a través de un programa de inversión, particularmente de infraestructura, bien armado, con proyectos rentables, multiplicadores. La otra sería financiar los grandes pilares de un Estado de Bienestar Social, por ejemplo, un sistema de salud universal, seguro de desempleo, un ingreso básico para grupos de bajos ingresos.
Hay quienes prefieren que el Presidente mantenga su obcecación de no aumentar impuestos o tasas. ¡Sería suficiente elevar los ingresos a través de mejoras en la administración del SAT y recortando gasto superfluo!
Es evidente que si Morena gana mayoría en el Congreso, una reforma fiscal le da gran oxígeno para la segunda mitad del sexenio, sea “gastando mal”, pero “derramando dinero” a sus clientelas sociales y proyectos emblemáticos; o “gastando bien”. ¡Le favorecería en las elecciones 2024! Por todo ello, la oposición, si obtiene mayoría, puede no querer aprobar una reforma, bajo cualquier pretexto.
El otro tema fundamental es que hay una confusión entre la Reforma Fiscal Federal y la reforma del Federalismo, vía una Convención Hacendaria. La Reforma Fiscal nacional es fundamental. Actúa sobre los grandes impuestos federales, donde está el dinero: ISR, IVA, IEPS. Ello requiere de un Acuerdo entre gobierno federal, actores económicos, empresarios, plasmada a través de la Cámara de Diputados. Así, aumentando el “pastel” tributario, eleva las “participaciones” de los Estados. Si no, sólo se reparten penurias en un juego suma “cero”. ¡Ésta parte tiene que definirse primero!
Después viene, como segunda etapa, la revisión del Pacto Federalista, la Ley de Coordinación Fiscal. Ello implica temas muy complejos, de mucha preparación, que no fueron resueltas en la Convención Hacendaria de 2004. Implica definir bien las responsabilidades de gasto de cada nivel de gobierno. En 2004 fue muy importante educación; ahora, son igualmente importantes la salud “pospandemia”, la seguridad, medio ambiente, infraestructura, con grandes carencias. Acto seguido, hay que definir las corresponsabilidades para recaudar ingresos, no sólo “pasar la charola” reclamando más participaciones y aportaciones, con fuentes fiscales raquíticas. En la Convención se aprobó, por ejemplo, que los Estados pudieran establecer un impuesto de ventas de 2-3%. Los municipios tienen que cobrar mucho más predial, pero ello requiere reformar y actualizar los catastros, y cobrar más derecho por el agua escasa. Mucha gente se queja de que si pagan un alto predial(?), por ejemplo, en CDMX. El cobro es, sin embargo, muy desigual entre Estados, ciudades y aún colonias. Hay otros temas que abordar: la reforma a las instituciones que operan la Coordinación Fiscal, la Conago ya fue rebasada, el control y rendición de cuentas de los Señores Feudales-Gobernadores.
Otro tema que también se me señaló es que una reforma fiscal debe cumplir 2 objetivos: recaudar más ingresos y, mejorar su distribución, atacar la desigualdad. Por ello, es importante reformar el ISR a las personas, su progresividad, que cumple con estos dos objetivos y es donde estamos más atrasados. Con otra consideración, para medir la equidad de un sistema, hay que analizar las 2 dimensiones: la recaudación y su aplicación.
Va a ser una reforma compleja. Sí debe avanzarse en trabajos técnicos, difícilmente estará lista para el paquete fiscal 2022. Si se prepara y consensa bien habrá que esperar hasta el primer semestre de 2022(?) Sobre todo, hay que tener una recuperación consolidada, no sólo un “rebote”.
