El pasado fin de semana la elección estatal de Veracruz quedó marcada por la violencia: Yesenia Lara -candidata del partido Morena a la alcaldía de Texistepec- y otras tres personas fueron víctimas de homicidio doloso en pleno acto electoral.
Lamentablemente este caso se suma a una larga lista de víctimas letales ocurridas durante los procesos electorales. Ya desde 2018 en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) hemos investigado cómo se comporta la violencia en las elecciones y cómo cada una ha sido más violenta y más impune que la anterior.
La violencia letal en elecciones está asociada al interés de la delincuencia organizada por controlar el resultado de las mismas. Ya sea con el fin de imponer a sus candidatos -que habrán de convertirse en funcionarios alineados a sus intereses- o doblegar a quien sea que resulte el vencedor de la contienda.
La muerte de Lara y de las otras tres personas, es un claro recordatorio de que la delincuencia manda en nuestro país y que al no obedecerla hay represalias inmediatas.
La participación activa de la delincuencia organizada en los procesos democráticos de nuestro país es algo añejo y representa uno de los mayores riesgos para la gobernanza.
Hace décadas los delincuentes aseguraban protección y tolerancia de las futuras autoridades, financiando sus campañas. Actualmente, a la compra de voluntades, se suman los homicidios, los secuestros y las extorsiones tanto de candidatos, como de sus familias, equipos de campaña e incluso, de comunidades completas.
Una vez que el ganador de la elección asume el cargo, el grupo delictivo puede operar en completa tranquilidad.
Tomemos como ejemplo dos de los casos más recientes de autoridades presuntamente coludidas con la delincuencia organizada: el de Gerardo Cortés y el de José Murguía, respectivamente alcaldes de Cuan en Puebla y de Teuchitlán en Jalisco.
Cortés es investigado por autoridades federales y locales por extorsión, robo a transporte de cargo, narcomenudeo y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego; actualmente el alcalde goza de licencia y se encuentra prófugo de la justicia.
Murguía fue detenido y vinculado a procesos por 14 cargos de delincuencia organizada y desaparición de personas, cargos relacionados con lo ocurrido en el campo de reclutamiento y exterminio del Cartel Jalisco Nueva Generación -el caso del Rancho Izaguirre-.
Es evidente que sin la complicidad de autoridades, difícilmente hubiesen ocurrido tantas extorsiones, robos y venta de drogas en Cuan, Puebla, como tampoco el reclutamiento, tortura y muerte de jóvenes en Teuchitlán, Jalisco.
Si uno de los principales elementos de la actual estrategia de seguridad descansa en la colaboración y coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno ¿cómo podrá funcionar dicho plan con tantas autoridades coludidas con la delincuencia?
Resulta difícil esperar que los operativos entre autoridades federales y locales sean exitosos, si algunos buscan perseguir el delito y otros garantizar la operación de la delincuencia.
Por ello en el ONC hemos insistido en la necesidad de blindar las elecciones y proteger a los candidatos, a su círculo cercano y a las comunidades donde haya elecciones.
Para lograrlo se requiere por un lado usar todos los instrumentos del Estado para prevenir, perseguir y sancionar los ilícitos, mientras que por el otro, imponer mayores responsabilidades a los partidos políticos que abanderan a posibles “narcocandidatos”.
Mientras un partido político no asuma parte del costo reputacional y social de elegir a personas coludidas con el crimen, las investigaciones internas que hagan, previas a dichas designaciones, seguirán siendo superficiales e ineficaces.
Tener a autoridades que son parte integrante de la delincuencia es condenar a un pueblo a vivir bajo la violencia.
Es hora que se investigue con objetividad e independencia a tantos gobernadores, alcaldes, diputados, senadores y secretarios de Estado que son señalados por sus nexos con el crimen.
Asimismo, urge cuidar la elección de Ministros, magistrados y jueces para evitar que, así como hay narcoalcaldes, narcogobernadores y narcolegisladores, haya narcojueces que hagan de México un país sin ley ni justicia.
