Este 9 de septiembre se cumple un año desde el inicio de la escalada de violencia que azota a Sinaloa.
Tras la detención en los Estados Unidos de uno de sus líderes históricos, el Mayo Zambada, ocurrida gracias a la complicidad del hijo de otro de sus líderes históricos, el Chapo Guzmán, las facciones de ambos emprendieron una guerra intestina para someter al otro y quedarse con el control del grupo delictivo.
A las 6 de la mañana del 9 de septiembre de 2024, el enfrentamiento entre fuerzas armadas e integrantes del Cártel de Sinaloa marcó una escalada de violencia que hasta hoy no se ha podido detener.
A un año de dichos sucesos, los sinaloenses se han visto obligados a transformar su modo de vida, limitar la actividad social, aprender a resguardarse en caso de balaceras, que las actividades laborales terminen a las 6 de la tarde y a vivir bajo el yugo de la violencia.
La respuesta del gobierno federal ha sido la de enviar a decenas de miles de activos de las fuerzas federales y mandar al gabinete de seguridad a sesionar allí, en reiteradas ocasiones.
Sin embargo, parece que nada logra frenar la violencia, la información pública de incidencia delictiva exhibe que los delitos en la entidad se han disparado y mantienen un comportamiento al alza.
En un año, es decir en el periodo agosto 2024-julio 2025, según los datos oficiales que el mismo gobierno federal publica, las víctimas de homicidio doloso crecieron 236%; las de feminicidio 38%; las de delitos que atentan contra la vida 11%; las de desaparición de personas 185%; las de lesiones dolosas 1%; las de extorsión 15%; las de delitos que atentan contra la libertad 67%; los robos con violencia 147%; los robos de vehículo 125%; los robos a negocio 56% y el narcomenudeo 26%, si comparado con el mismo periodo del año anterior.
Sólo 5 delitos reportan bajas, la trata de personas en 33%; el robo a casa habitación en 21%; el robo a transeúnte en 47% y el robo en el transporte público en 46%. Bajas que probablemente obedecen a la limitada movilidad social, más que a algún esfuerzo gubernamental para combatir su ocurrencia.
Ante tal estado de guerra, el pasado domingo 7 de septiembre, la ciudadanía se manifestó en protesta, decenas de miles de personas se volcaron en las calles de Culiacán para pedir la renuncia de su gobernador y exigir resultados que les permitan recuperar la paz.
En contraste, las autoridades federales y locales matizan, descalifican o simplemente niegan tanto los hechos de violencia que ocurren en la entidad, como el consecuente malestar social.
En su primer informe de gobierno, la presidenta Sheinbaum omitió hablar de lo que ocurre en Sinaloa y un día después, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se limitó a reconocer la crisis, matizó su alcance y se centró en hablar de supuestas reducciones de la violencia.
Por su parte, el gobernador del estado, Rocha, ha afirmado una y otra vez que las cosas van bien, que los delitos bajan y que el gobierno recupera poco a poco el control de la seguridad.
Más allá de las declaraciones oficiales, es evidente que en Sinaloa la gente vive sin libertad y con miedo; también queda claro que los esfuerzos gubernamentales no logran ser eficaces y que la paz -aparente- se recuperará cuando alguna de las facciones en lucha, logre someter a la otra.
Dicho de otra manera, parece que la esperanza para que los sinaloenses regresen a vivir a las condiciones que históricamente han tenido de seguridad -donde todo mundo sabe que los delincuentes mandan en la entidad y conviven con la sociedad, sin que por ello existan brotes constantes de violencia- depende de lograr una pax narca y no de la capacidad del Estado por lograr el control social en la entidad.
En este contexto, ayer 8 de septiembre, el director de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, Terrance Cole, dijo que actuarán en contra del Cártel de Sinaloa hasta que sea desmantelado por completo.
Dichas declaraciones, así como la reciente visita a México del Secretario de Estado de los Estados Unidos ¿son una forma de presionar al gobierno mexicano y a los mismo integrantes del Cartel? Probablemente, lo cierto es que el gobierno mexicano requiere de acciones más efectivas para prevenir y perseguir los hechos delictivos que mantienen a Sinaloa en estado de guerra.
