Han pasado 3 semanas desde que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dio a conocer lo que ocurrió en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.
Las madres buscadoras dieron a conocer que en dicha propiedad se encontraron dos centenares de zapatos, ropa, fotografías, registros de personas y osamenta de jóvenes que fueron reclutados forzadamente, entrenados, torturados y exterminados.
De inmediato la maquinaria oficial del gobierno federal, los periodistas alineados al poder, los bots y los genuinos defensores del régimen, han insistido en que el Rancho Izaguirre no era un campo de exterminio.
Sin embargo, para la opinión pública nacional e internacional dicho rancho, es un campo de exterminio.
El intento por parte del régimen por controlar la narrativa fue más allá de las descalificaciones o insistir en matices, en vez de resguardar el lugar de los hechos para garantizar una investigación eficaz, el gobierno federal organizó una visita para periodistas -principalmente los afines al oficialismo-; en vez de concentrarse en recabar información útil de un detenido -quien presuntamente se dedicó a reclutar forzadamente a los jóvenes en ese mismo espacio-, se usaron sus declaraciones para insistir que la propiedad era sólo un espacio de reclutamiento y entrenamiento de los delincuentes.
Pese a ello, las conclusiones son las mismas: en el Rancho Izaguirre sí se reclutó forzadamente, sí se usó entrenaron a los jóvenes en actividades criminales, sí se torturó y sí se les mató.
¿Por qué la obsesión por cambiar los adjetivos en vez de procurar justicia para las víctimas? Probablemente porque reconocer que en México hay campos de exterminio implicaría reconocer que una parte importante del desastre que es la seguridad en nuestro país y que la presidenta heredó, lo heredó de su antecesor, el expresidente López, quien pertenece a su mismo partido.
¿Cómo se debería haber llevado el caso desde un principio? Escuchando a las víctimas indirectas, conocer sus hallazgos y aprovechar su experiencia; efectuar una investigación profunda para conocer a cuántas personas mataron en la propiedad, quiénes fueron los victimarios, hasta dónde llegan las redes de complicidad y colusión entre delincuentes y autoridades; identificando aquellos factores que pueden prevenir la ocurrencia de otros casos similares.
No obstante, no es lo que el gobierno federal está haciendo.
Si bien es importante destacar que logró una serie de aseguramientos, detenciones y desmantelamiento de páginas usadas para reclutar a los jóvenes, también se debe criticar que su mayor énfasis esté en controlar la narrativa y se sigan tirando balazos al aire ante una tarea que es titánica
Tan sólo desde el hallazgo del rancho, han aparecido otras propiedades usadas con los mismos fines -tanto en Jalisco, como en otras entidades-, se han identificado un importante número de fosas clandestinas y todo apunta a que se seguirán encontrando más campos de exterminio y más fosas clandestinas.
Es importante tener claro que es probable que el esfuerzo que el gobierno federal ha emprendido en estas últimas tres semanas, termine en nada. Es casi seguro que no sabremos cuántas personas fueron víctimas de homicidio en esa propiedad, ni a quien corresponde la osamenta.
Seamos claros, esa falta de resultados no es necesariamente consecuencia de una mala voluntad o irresponsabilidad de nuestros funcionarios, sino que en gran parte es efecto de las carencias institucionales -particularmente en el área forense-, de la incapacidad de trabajar entre niveles de gobierno y del creciente control territorial de la delincuencia.
La única posibilidad que existe para que los familiares de jóvenes que desaparecieron en dicho predio, obtengan acceso a la verdad y la justicia, es que desde los varios sectores sociales sigamos levantando la voz y exigiendo se sepa la verdad de lo ocurrido en el Rancho Izaguirre.
De lo contrario, si la opinión pública se enfoca en alguna otra masacre, desampara al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y olvida el caso, la autoridad hará lo mismo que ha hecho en muchos otros casos: patear el bote, apostarle a que del tema ya no se hable, permitir la impunidad.
Y como sucede, cuando el Estado deja de cumplir su función, incentiva la ocurrencia de otros casos similares, donde lo más importante será el lenguaje y adjetivos que se usan para describir los hechos, respecto a los derechos a la verdad y a la justicia para las víctimas.
