En los últimos años, el uso de las motocicletas como medio de transporte, ha aumentado sustancialmente. Las motos se han convertido tanto en medio de transporte como en instrumento de trabajo.
En paralelo, también se han vuelto el medio favorito para cometer delitos.
En la actualidad, la mayoría de homicidios dolosos, extorsiones o robos con violencia, se cometen con uso de una motocicleta. Por ello, para muchos es común sentir miedo si se nos acerca una moto -tanto si vamos en un vehículo, como si caminamos por la vía pública-.
Para quienes cometen un delito, la moto es el vehículo más eficaz que existe, les permite escapar -incluso en condiciones de tráfico intenso- o esconderse de una manera mucho más eficaz respecto a cuando usan un automóvil.
Ante ello ¿cómo disuadir y combatir los delitos que así se cometen sin atropellar los derechos de quienes usan la moto para trabajar o desplazarse con fines perfectamente legales? La experiencia internacional nos puede enseñar mucho.
En el sur de Italia, un país con una añeja costumbre del uso de motociclos como medio de transporte, se volvieron comunes los atentados y robos que se ejecutaban con el uso de una motocicleta. A las bondades de la agilidad de dicho vehículo, se agregaba el anonimato que el casco -obligatorio desde los años ochenta del siglo pasado- le permitía a los criminales.
Por ello, se aprobaron reformas legales para obligar a los motociclistas a usar chalecos y cascos que reprodujesen los datos de la placa de la motocicleta, algo obligatorio para cualquier vehículo que circule en el país.
Es decir, toda moto, carro u otro medio automotor, se encontraba debidamente registrado y nadie podía circular -tanto conductor como pasajero- sin el uso de un chaleco fosforescente y de un casco que en el retro llevase impresa la placa de la moto.
Si algo de ello no correspondía, la policía procedía a parar al conductor para verificar su identidad y la del pasajero.
De manera similar, se estableció que el casco debía removerse a pocos pasos de haber dejado la motocicleta con el fin de evitar que alguien pudiese agredir o atentar contra alguien, ocultando el rostro.
Evidentemente la medida generó fastidio en aquellas personas que no estaban dispuestas a correr con gastos extra de chalecos y cascos. Para ello, se pensó incorporar el costo de tales insumos al precio total de la motocicleta, con el fin de reducir costos y generar menores molestias sociales.
Esta medida, junto con otras, se considera parte del paquete de acciones que llevó a que en Sicilia, Campania, Puglia o Calabria, los índices delictivos se desplomasen. Por ejemplo Palermo pasó en menos de 10 años de una tasa anual de 85 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes a una tasa de 3 -y el año pasado fue de 1.4-.
¿Se podría replicar o tropicalizar la experiencia? Indudablemente, si se contempla implementar la reforma de manera paulatina y se evita la tentación de usarlo como medida recaudatoria.
Una de las entidades que más se podría ver beneficiada por tal reforma es la Ciudad de México. Nuestra capital, desde que existen datos oficiales, se ha mantenido en los primeros tres lugares en robo con violencia y ha visto crecer de manera significativa extorsiones y ejecuciones en la vía pública.
Pensemos tan sólo en el reciente magnicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, dos altos funcionarios del gobierno capitalino. Su asesino fue captado por las cámaras públicas y privadas de videovigilancia, esperar sentado en la vía pública en el lugar de los hechos; el criminal permaneció todo el tiempo con el casco puesto garantizando así su anonimato.
Una vez consumado el doble homicidio, huyó en una moto que no pudo ser rastreada inmediatamente.
Si la norma hubiese prohibido el uso del casco en la vía pública y hubiese obligado a usar un chaleco y un casco donde fuese claramente visible, el modus operandi hubiera necesariamente sido otro, de lo contrario el delito se habría podido prevenir o, por lo menos, perseguir con mayor prontitud.
Toda nueva regulación genera la necesidad de adaptarse y lidiar con la frustración, lo han sido regulaciones tan relevantes como el uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Sin embargo, los beneficios que podríamos obtener son indudables y superiores a cualquier protesta social, permitirían salvar muchas vidas y reducir la impunidad.
Claro, para que ello pueda suceder se requiere algún legislador comprometido con la seguridad de los mexicanos y un Ejecutivo valiente que se empeñe en impulsar y hacer respetar tal reforma.
Francisco Rivas
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