Contrariamente a lo que el imaginario colectivo piensa, a veces hay que creerles a los políticos.
Así como muchas veces lo afirmó en campaña, el presidente de los Estados Unidos (EU), Donald Trump, busca imponer la participación militar directa del ejército estadounidense en territorio mexicano para luchar contra los cárteles de la droga.
Así como lo reveló el periódico Wall Street Journal, el pasado 16 de abril el presidente de los EU, en llamada con la presidenta Sheimbaum, propuso la intervención de su ejército para liderar el combate a la delincuencia organizada en México y así frenar el tráfico de fentanilo.
El medio de comunicación refiere que la conversación se volvió tensa, dada la negativa de nuestra mandataria por aceptar tal mecanismo de colaboración. La presidenta misma confirmó esta versión, aunque aclaró que la comunicación entre ambos mandatarios sigue siendo efectiva y cordial.
Sheinbaum refrendó la disposición de su gobierno en coordinarse y colaborar, sin que ello implique acciones que vulneren la soberanía nacional e insistió que la mejor manera en la que el gobierno de los EU puede apoyar, es mediante acciones que frenen el tráfico de armas a nuestro país.
En contraste, el presidente Trump declaró que nuestra presidenta rechazó la ayuda por el temor que le tiene a los grupos delictivos y que ello no la hace razonar adecuadamente.
Más allá de dimes y diretes y de declaraciones públicas ¿qué implicaciones tendría una intervención militar en México para frenar a la delincuencia organizada? ¿Ayudaría a pacificar el país o por lo contrario aumentaría más la violencia?
Si bien es imposible saber con certeza el efecto de un mecanismos de colaboración como el que propone Trump -cómo afectaría el modus operandi de la delincuencia organizada en México-, sí es posible suponer los resultados a la luz del análisis de los efectos de una política pública similar en nuestra región: la puesta en marcha del Plan Colombia.
El Plan Colombia fue un acuerdo signado entre los gobiernos de EU y Colombia en 1999, que buscaba resolver el conflicto armado, erradicar el narcotráfico y fortalecer el Estado de Derecho en la nación suramericana.
Dicho Plan incluía la asistencia económica, la reforma del sistema de justicia, el fortalecimiento de la institución policial y la intervención militar en operativos.
Su implementación tuvo varios efectos, entre los positivos fue el mejoramiento de las capacidades para prevenir, reaccionar y perseguir los delitos, así como
reducir la incidencia de delitos y violencia.
Sin embargo, también generó severas afectaciones en comunidades, desplazamientos forzados de personas y evidencia de graves violaciones a los Derechos Humanos.
Si bien, en lo inmediato redujo sustancialmente los índices de delitos violentos, 26 años después se puede afirmar que el control territorial de los cárteles persiste y que la violencia ha resurgido.
¿Por qué el plan no logró ser completamente efectivo? Sin duda porque el objetivo principal que perseguía el gobierno de los EU estaba centrado en reducir el trasiego de droga hacia su país, más que resolver el conjunto de problemas que facilitaron la operación delictiva; la falta de continuidad en los programas; la disminución de presupuesto destinado a ello; así como la poca efectividad del combate a la corrupción.
Si tomamos como referencia la experiencia colombiana, podemos suponer que la intervención militar de los EU en México no llevaría a una disminución de los delitos, sino a su mera atomización -con los consecuentes problemas de migración del narcotráfico a otros ilícitos que afectan aún más la seguridad de los mexicanos-, a mayores desplazamientos forzados y más comunidades vulneradas.
Para que dicha propuesta funcionase, se requeriría de un enorme inversión nacional destinada a transformar a las instituciones de seguridad y justicia y acompañarlo de una efectiva política pública de combate a la corrupción.
Además, tras la implementación de las órdenes ejecutivas de Trump, la cooperación internacional de los EU destinada al fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país, se vio suspendida. Sin ella, una intervención militar estadounidense en México sería probablemente un desastre.
Ya desde la firma del acuerdo de colaboración entre los expresidentes Bush y Calderón, la llamada Iniciativa Mérida, se buscó una intervención directa de los EU en México. También en ese entonces el expresidente Calderón rechazó tal propuesta bajo los mismos argumentos que hoy sostiene la presidenta de Sheinbaum.
Es probable que el actual desacuerdo entre los gobiernos quede en nada, que al final no exista de manera oficial una participación activa de los militares estadounidenses en México.
Asimismo, tampoco habrá una seria política de reducción del tráfico de armas y efectivo de los EU a nuestro país.
Por ende, todo apunta a que serán nuestras autoridades las que sigan combatiendo el delito, asumiendo los costos humanos y sociales, sin lograr recuperar el pleno control territorial de los grupos delictivos y sin que se logre sustancialmente reducir la violencia que día a día nos afecta.
