El pasado 7 de junio se celebró el Día de la Libertad de Expresión, una recurrencia donde parece que no hay nada qué celebrar.
Actualmente, México es el país “no en guerra” más peligroso para ejercer el periodismo, del mundo. En los últimos siete años 56 periodistas han sido víctimas de homicidio doloso y un sinfín ha recibido agresiones y amenazas.
De manera similar, el sexenio pasado fue el de mayor tasa de homicidios de activistas sociales y se mantiene dicha tendencia.
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En tal contexto, es evidente que autoridades y ciudadanos vemos el mundo de una manera muy diferente, mientras que desde Palacio Nacional, desde los gobiernos estatales, los congresos locales y las alcaldías de gran parte del país, se repite que vivimos el momento más democrático de nuestra historia, los ciudadanos, los periodistas, la academia y las organizaciones civiles recibimos un embate constante de injurias y persecución con el fin de silenciar la crítica objetiva.
Ya desde el sexenio pasado el expresidente López lideró una serie de prácticas autoritarias y anticonstitucionales con ataques ad hominem a quien emitiese alguna crítica, aprovechó sus conferencias diarias para insultar, exhibir información personal de los mismos -en plena violación de la ley de protección de datos- e incluso mentir.
Una vez por semana se destinó una sección de la conferencia mañanera para supuestamente exhibir notas periodísticas e información que tachaban de falsa -aún cuando no fuese así-.
Aunado a ello, el gobierno federal usó el gasto destinado a pautar en medios la comunicación social, para fortalecer a los medios afines y ahogar a los medios críticos.
En reiteradas ocasiones, el expresidente López criticó a aquellas personas, empresas o agencias de cooperación internacional que donaban a las organizaciones civiles que él consideraba adversarias por analizar objetivamente las acciones y resultados de su gobierno.
El expresidente los exhibió y los persiguió mediante las agencias del Estado, canceló la posibilidad para muchas. OSCs de ser donatarias autorizadas.
Si lo anterior, parecía la cúspide del autoritarismo, la realidad es que en este sexenio, el oficialismo ha ido aún más allá, aquí algunos ejemplos:
(1) La presidenta Sheinbaum envió una iniciativa de reforma Constitucional, que se aprobó en fast-track, para anular elecciones en el caso de intervención extranjera -lo que eso signifique dada la ambigüedad de dicha ley-.
Por absurdo que parezca, de la manera que está redactada dicha reforma y gracias al control de los órganos electorales, le permite a Morena solicitar la nulidad de una elección que perdiese bajo el argumento de injerencismo ante una simple crítica a alguno de sus candidatos, emitida por una organización civil que reciba fondos de cooperación internacional.
(2) Así como lo hizo el expresidente López, la presidenta Sheinbaum inauguró su sección para desmentir supuestas “notas falsas”.
La encargada de ejecutarlo es la ex secretaria de gobernación, ex dirigente del partido Morena, la hoy consejera jurídica de presidencia, Luisa María Alcalde, quién en su primer ejercicio, logró molestar a todos los sinaloenses. En su “afán de desmentir notas”, dio una serie de datos falsos acerca de la violencia y las condiciones socioeconómicas de Sinaloa.
(3) Ante una pregunta sobre una nota de TV Azteca, la presidenta se limitó a decir “no vean TV Azteca”. Tras recibir una oleada de críticas nacionales e internacionales, Sheinbaun se justificó, diciendo que “sólo era una opinión”, como si ella no fuese la presidenta de todos los mexicanos.
(4) El Congreso de San Luis Potosí aprobó una ley que permite encarcelar a quien haga uso de imágenes generadas con inteligencia artificial que pudieran dañar la reputación del gobernador o alguna otra autoridad.
Es por ello que 3 periodistas fueron encarcelados aún cuando ellos no generaron la imagen.
(5) El Tribunal Electoral de Campeche obligó a tres periodistas a ofrecer disculpas públicas a la gobernadora Layda Sansores tras considerar que los comentarios emitidos por los comunicadores eran violencia política de género.
No es el primer caso en que Sansores limita la labor periodística. La gobernadora logró que se le impusiese una multa y un sensor judicial al ex director del diario Tribuna, Jorge González, tras haberla cuestionado, por las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre posibles actos de corrupción, en el DIF estatal.
(6) En Veracruz un periodista crítico fue detenido por la fiscalía estatal bajo acusación de terrorismo. La organización Artículo 19, especializada en proteger la libertad de expresión y la labor periodística, documentó que dichas acusaciones, en realidad, responden a lo incómodo que resultaba su trabajo para el poder.
(7) En Puebla el gobernador Alejandro Armenta intentó que se aprobase una ley para censurar la crítica. Bajo el argumento de mejorar la ciberseguridad, se intentó penalizar la crítica. Gracias a la presión social la iniciativa no se aprobó.
(8) En Baja California, un periodista fue despedido al aire por haber hablado de los nexos de corrupción del marido de la gobernadora, Marina del Pilar -mismo al que el gobierno de los Estados Unidos investiga por favorecer a la delincuencia organizada-.
(9) En Ciudad Juárez, Chihuahua, unos artistas urbanos fueron detenidos por haber elaborado un grafiti satírico del alcalde morenista, Cruz Pérez.
Tras ser cuestionado, el alcalde liberó a los artistas y argumentó que su detención era porque estaban tomando bebidas alcohólicas en la calle -algo que los artistas desmintieron-.
De 2000 a 2006, muchos de los que hoy gobiernan insultaron una y otra vez al expresidente Fox, a su gabinete y a las autoridades de ese entonces.
Lo mismo sucedió con los expresidentes Calderón y Peña. En particular, en el sexenio de Calderón muchos periodistas y ciudadanos increparon al ex mandatario reclamándole por la mal llamada “Guerra contra el Narco” sin que ello derivase en ejercicios de censura y persecución de los críticos.
Nada que celebrar en el Día de la Libertad de Expresión pero sí, mucho por lo que hay que luchar. En poco tiempo, los ciudadanos hemos perdido libertades, hemos perdido la posibilidad de exigir a los gobernantes que cumplan con su labor, hemos perdido espacios de confrontación e incluso hemos perdido información relevante que nos permitiría exigir puntualmente mejores condiciones de seguridad, justicia y legalidad en nuestro país.
Lo malo es que esta ruta de retroceso no ha terminado, aún podemos perder más si no luchamos por nuestro derecho a exigir a los gobernantes que hagan bien su trabajo, y a expresar nuestras molestias e ideas.