El pasado 23 de octubre en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presentamos el análisis de los avances y pendientes del primer año de implementación de la estrategia de seguridad del gobierno federal. En éste se destacaron los efectos de los operativos implementados en este año, los cambios porcentuales tanto en su acumulado nacional como en una revisión puntual por delito y por entidad.
Si bien el acumulado nacional presenta reducciones sustanciales de casi todos los delitos, el análisis local permite identificar inconsistencias entre lo que los ciudadanos vivimos y lo que reportan los datos oficiales.
Tal revisión es fundamental para entender si efectivamente los éxitos reportados en la estadística oficial corresponden a verdaderas reducciones de delitos o son debidas a subregistros.
Recordemos que malos registros delictivos producen un diagnóstico erróneo, que llevaría a la implementación de una estrategia equivocada y por ende a un pobre resultado de combate a los delitos.
Es decir, si la información que uso para armar mi estrategia está mal, las acciones que lleve a cabo estarán mal orientadas.
Tomemos como ejemplo el homicidio doloso -que es el indicador clave para medir los índices de violencia-, según la narrativa oficial dicho delito se redujo 32%, sin embargo, si se analiza el periodo octubre 2024-septiembre 2025 (que corresponde al primer año de la estrategia federal) contra el mismo periodo del año anterior, la reducción es del 14.5%.
No es lo mismo consolidar una política de reducción de los delitos si me autoevalúo a partir de un dato incorrecto de descenso del 32% de los homicidios en vez del dato objetivo del 14.5%.
Además, no es lo mismo evaluar mi estrategia de seguridad limitándome a revisar los datos de homicidio que hacerlo incluyendo en la ecuación a aquellos otros delitos de violencia letal.
Por ello, dado lo que ocurre en nuestro país, es necesario analizar el comportamiento de la desaparición de personas y de los otros que atentan contra la vida y la integridad personal.
Por lo que refiere a las desapariciones, estas se dispararon a partir de 2016 y mantienen un comportamiento al alza, que en este primer año de gobierno corresponde al 17.2%.
Lamentablemente un alto porcentaje de dichas víctimas ya fueron privadas de la vida y la ausencia del registro de su deceso es debido a la falta de acciones efectivas para localizar y/o registrar los cadáveres.
En esta misma tesitura, sorprende que a partir de marzo de 2020 -cuando supuestamente inicia la reducción de los homicidios- se disparan los registros de “Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal”.
¿A qué se refiere esta categoría delictiva? El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que ahí se debe incluir la estadística de casos de inducción o ayuda al suicidio, del contagio doloso de enfermedades y la inseminación artificial no consentida.
¿En México hay una crisis de tal delito? Según la estadística oficial sí, ya que su ocurrencia casi alcanza el mismo número de casos de homicidio doloso -pese a que nada valide tales datos-.
Por si ello no fuese poco, llama la atención que Colima (la entidad con la mayor tasa de homicidios del país desde hace una década) reporte en 0 tal estadística y que entidades como Durango, Guerrero, Tlaxcala o Yucatán reporten menos de 1 caso por cada 100 mil habitantes.
En contraste, Baja California reportó en el periodo septiembre 2024-octubre 2025 una tasa de 73.69 casos por cada 100 mil habitantes; Baja California Sur de 35.91; Querétaro de 34.99; Guanajuato de 30.98 y Tabasco de 29.77.
Por ende, cabe preguntarnos si es real la disminución de los homicidios dolosos o si dichas bajas obedecen a la falta de acciones para localizar a las víctimas y a malos registros.
Algo similar ocurre con el secuestro y los otros delitos que atentan contra la libertad personal.
Aparentemente la política de combate al secuestro ha sido exitosa. Según los registros oficiales su incidencia es la menor en 3 décadas ya que la actual tasa es de apenas 0.68 víctimas de secuestro por cada 100 mil habitantes.
No obstante, el comportamiento estadístico de delitos marca una anomalía. Al tiempo que los registros de secuestro iniciaron a bajar, se dispararon los “otros delitos que atentan contra la libertad personal”, una categoría donde se deberían incluir sólo “la intermediación, colaboración, asesoría, intimidación a la víctima y otros actos relacionados con la privación ilegal de la libertad; el auto secuestro y la retención y sustracción de incapaces, o cualquier otro que reúna los supuestos de conducta antes expuestos”.
¿Hay alguna crisis de estos casos? Aparentemente sí, ya que en Quintana Roo la tasa de este delito es de 76 casos por cada 100 mil habitantes; en Sinaloa de 68.4; en Hidalgo de 60.2; en Nuevo León de 47.9; en Colima de 33.4. En absoluto contraste encontramos que en Durango ocurren apenas 3.9 casos por cada 100 mil habitantes; en Chiapas 3; en Yucatán 0.1 y en Guanajuato y Tlaxcala 0.
¿Tales diferencias en tasas entre entidades son creíbles, parecen confiables? La verdad ¡no! ¿Se debe considerar entonces que la actual estrategia de combate a los secuestros es tan efectiva o sus supuestos resultados se deben a registros poco confiables? No lo sabemos, por ello, con miras a ser efectivos en combatir los delitos, a ser transparentes y rendir cuentas, el SESNSP debería llevar a cabo revisiones profundas de cómo las fiscalías estatales reportan sus registros.
Uno de los pocos delitos que ha mantenido un comportamiento a la alza -y que de hecho se encuentra en su máximo histórico- es la extorsión.
Debido a ello, el gobierno federal ha implementado una nueva estrategia de combate a dicho delito. Si la implementación de acciones se basa en los datos oficiales, todo apunta a que habrá algunos errores en establecer las prioridades.
Veamos algunos casos relevantes, si bien es sabido que entidades como Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Zacatecas y Sonora, se encuentran bajo el yugo de la delincuencia organizada, si allí se han registrado varios casos de homicidio por denunciar o resistirse a pagar derecho de piso y que en esas entidades la extorsión ocurre comúnmente, sus registros las posicionan a nivel nacional en apenas en los lugares 16, 17, 18, 19 y 27 respectivamente.
Para ponerlo en contexto, según la estadística oficial sería más apremiante destinar recursos para combatir este fenómeno delictivo en Querétaro, Hidalgo o Aguascalientes -que se posicionan en los lugares 8, 11 y 12 del ranking nacional, respectivamente- que en Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Zacatecas y Sonora.
Un último ejemplo -entre muchos otros-es el del robo en transporte público. A nivel nacional se afirma que este delito disminuyó en el primer año de la estrategia federal de seguridad en 3.4%.
Tal dato resultaría positivo, si no se observa que en 27 entidades, prácticamente no se reporta este delito. En 2 se registre una tasa de 2 robos en transporte público por cada 100 mil habitantes; en 6 entidades se reporte una tasa de 1; en 13 entidades se registren entre 0.4 y 0.1 robos en transporte público por cada 100 mil habitantes y en Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Tamaulipas y Yucatán no hay ni un sólo caso de este delito en un año de registros.
¿Es creíble que sólo en la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Aguascalientes y Querétaro haya robos en transporte público ¡Absolutamente no! Es mucho más probable que en casi todo el país la ocurrencia de este delito no se denuncie, que se registren bajo otra categoría, delictiva, o que de plano no se registren.
En resumen, si para construir la estrategia de seguridad y definir las prioridades de la misma, se usaron los datos estadísticos oficiales de incidencia delictiva -sin antes revisar su validez-, es probable que haya errores en su diseño.
Si hoy se usa la estadística oficial para evaluar positivamente la estrategia de seguridad, es probable que haya sesgos.
Si se decide mantener la actual estrategia, sin cambios ni correcciones, sólo porque la estadística oficial apunta reducciones sostenidas de todos los delitos, lo más seguro es que seguiremos con altos niveles de violencia y bajos resultados en recuperar la paz de los ciudadanos.
Sí importa la calidad de la estadística delictiva, cada dato corresponde a una víctima, a un daño patrimonial, a una lesión, a una vida perdida; registrar mal, un delito, significa revictimizar a alguien, invisibilizar un problema y mantener viva la violencia que hoy tanto nos aqueja.