Este lunes 6 de octubre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) llevamos a cabo un foro en el marco del 7º Día Nacional sobre combate al Contrabando y los Delitos en Materia de Derechos de Autor.
Los testimonios y análisis de dicho foro apuntan a una grave conclusión: la piratería, el contrabando y los delitos que atentan contra los derechos de autor, matan personas, mercados y oportunidades de desarrollo para todos los mexicanos.
Según estimaciones oficiales que el titular del IMPI, el Dr. Santiago Nieto y los varios presidentes de las diferentes cámaras empresariales que participaron compartieron, entre el 20 y el 60% de los productos que se comercian en México son de origen ilegal.
Estos bienes a veces ingresan por contrabando a nuestro país; en ocasiones son productos robados; otros se fabricaron en territorio nacional sin los permisos, registros o estándares establecidos en norma; otros son apócrifos en partes o en su totalidad e incluso, hay casos donde los bienes que ya fueron asegurados, regresan ilegalmente al mercado.
Si bien existen 19 mercados notorios a lo largo del país (como Tepito en la Ciudad de México, el Mercado San Juan de Dios en Guadalajara o la Pulga del Río en Monterrey, por citar a algunos) donde se comercian estos bienes de consumo, la realidad es que éstos se venden en las calles, mercados y centros comerciales de todo el país.
Para el imaginario colectivo, dichos delitos parecen no tener víctima, para la mayoría de personas comprar un producto pirata, robado o contrabandeado no genera daño alguno.
Sin embargo, la realidad es que todos los delitos que atentan contra los derechos de propiedad producen daños enormes a la salud de las personas, al medio ambiente, al comercio lícito que paga impuestos (necesarios para mantener la operación del Estado), al bienestar de las comunidades, a la gobernanza y a la innovación.
En sectores como el agropecuario, el de agroindustria, el de agua potable, el de bebidas, el de tabaco, el de productos farmacéuticos o el de cosméticos, la piratería y el contrabando pueden tener graves consecuencias para la salud de los consumidores.
Agua embotellada que se vende como potable y no lo es; ganado contrabandeado con gusano barrenador; cigarros elaborados con materiales cancerígenos; bebidas alcohólicas adulteradas; maquillajes que llegan a quemar la piel; medicinas que -en el mejor de los casos- no hacen nada o que incluso pueden afectar gravemente la salud de las personas, son un claro ejemplo del daño físico que ocasionan los productos pirata.
Fertilizantes o plaguicidas que desertifican y/o envenenan; semillas pirata que afectan la producción; aceites para vehículos que contaminan excesivamente, son ejemplos de los graves daños al medio ambiente que puede ocasionar el uso de productos apócrifos o de contrabando.
El daño que dichos productos ocasionan a los mercados, a la innovación y al bienestar de las comunidades, es evidente. Según informes oficiales, 5 de cada 8 prendas, 1 de cada 5 cigarros, 1 de cada 4 videojuegos y 2 de cada 5 plaguicidas que se venden en nuestro país son piratas o ingresaron ilegalmente a México.
Eso se traduce en millones de personas que han perdido su trabajo y centenares de miles de millones de impuestos que el Erario no ha podido cobrar para beneficio de los ciudadanos.
Además, todo ello enriquece a la delincuencia organizada, permite el crecimiento de delitos como la extorsión, la trata de personas o el lavado de dinero; fortalece las redes de corrupción y por ende, vulnera la gobernanza del país.
Entre los acuerdos derivados del foro, destaca el compromiso en desarrollar una agenda de trabajo entre autoridades, cámaras empresariales y sociedad civil con el fin de combatir el conjunto de delitos que atentan contra los derechos de autor, proteger a las víctimas y prevenir los efectos negativos de este fenómeno.
Si bien dichos fenómenos delictivos ocurren en todo el mundo, en nuestro país han alcanzado niveles críticos, posicionando a México como uno de los países donde el problema es más grave.
Por ello la importancia de la alianza entre IMPI, CONCAMIN y ONC, una agenda de trabajo que incluye la prevención, la protección de los denunciantes, el aumento de los aseguramientos, el combate a la corrupción y el impulso de una Cultura de la Legalidad.
