El aseguramiento de una “mini refinería” ilegal en Coatzacoalcos, Veracruz, destinada a procesar el hidrocarburo robado, ha puesto nuevamente en la agenda pública la crisis de incidencia de dicho delito -así como la capacidad que los criminales tienen para cometer sus ilícitos-.
En 2014 en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) publicamos un estudio que analizó cómo se habían comportado los robos en nuestro país de 1997 a 2013. El documento examina la estadística oficial, los resultados a solicitudes de transparencia referentes a delitos que no aparecían en bases de datos públicas, así como los hallazgos de las encuestas de victimización; describe el tipo de grupos delictivos que operaban en este tiempo por región y por tipo de bienes robados -así como sus modus operandi- y las capacidades institucionales con las que se contaba para combatirlos.
La gran innovación de dicho reporte fue incluir el robo de hidrocarburo, un delito del que en ese entonces, rara vez se hablaba.
Entre los hallazgos, se puso en evidencia que dicho ilícito ya en esa época representaba una pérdida importante de recursos para el Estado Mexicano, un ingreso significativo para los criminales y un disparador de violencia y corrupción.
Si bien en el documento quedaron plasmados todos esos efectos negativos, autoridades y medios de comunicación retomaron el estudio como insumo principalmente para hablar sobre robo a transeúnte en la vía pública y sobre el robo a transporte de carga.
Mientras la discusión pública se centraba en cómo reducir estos dos delitos, el huachicoleo crecía a pasos acelerados sin acciones particulares por parte de las agencias de seguridad y justicia de nuestro país.
Es hasta 2016, concurrentemente con el aumento sustancial de los homicidios dolosos -particularmente en Guanajuato y otras entidades por las que pasaban los oleoductos ordeñables-, que el huachicol se volvió parte de la discusión públicamente relevante de seguridad.
Pese a promesas, declaraciones y a una supuesta guerra contra el huachicol -puesta en marcha al arranque del sexenio pasado-, el delito se disparó y ha roto récords negativos año con año.
Tomemos como referencia los reportes oficiales de pérdidas de Pemex por huachicoleo: si entre 2010 y 2016 dicho ilícito le costó a Pemex -y a todos los mexicanos- 1,200 millones de pesos, entre 2019 y 2024 la pérdida creció a 75 mil millones de pesos, es decir más del 6,000%. Dicho comportamiento al alza también se ha mantenido en 2025, ya que tan sólo en el primer trimestre de este año la pérdida fue de 5 mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, la mayor pérdida para los mexicanos no es la económica, sino la humana y la de gobernabilidad. Las entidades con mayor incidencia de este delito se encuentran entre aquellas con la mayor crisis de homicidios, desapariciones de personas y extorsiones.
¿Por qué ha sido tan difícil combatir este delito? Debido a la multiplicidad de factores institucionales, sociales y estratégicos que han fallado.
El huachicol ocurre como venta ilegal en carreteras -generalmente administrada por pequeñas bandas delictivas-, tanto como en gasolinerías formales -controladas por la delincuencia organizada-, en muchos casos se asocia a la extorsión de consumidores a quienes se les impide servirse de hidrocarburos legales.
Con base en todo ello, queda claro que para combatir este ilícito se debe estructurar una sólida y consistente política federal y local que contemple como parte de ella el combate a la corrupción y la colusión entre autoridades y delincuentes; la protección tanto de los técnicos de Pemex -que diariamente son obligados a informar sobre la localización y flujo de los oleoductos-, como de aquellas víctimas que denuncian este delito; la persecución de su venta; el desmantelamiento de la estructura criminal que permite se consuma este ilícitos.
De nuevo, si bien el que nos haya costado 5 mil 500 millones de pesos de pérdida el huachicoleo, en tan sólo el primer trimestre de este año, es gravísimo, no es nada si se compara con la crisis humanitaria que representan los homicidios y las desapariciones relacionadas con su ocurrencia.
Combatir eficazmente el robo de hidrocarburo permitirá reducir los homicidios, la aparición de fosas clandestinas, el aumento de personas desaparecidas, mejorará las finanzas públicas y la capacidad del Estado de invertir en sectores tan necesarios como el de salud, educación y seguridad, por citar algunos.
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