En campaña presidencial, el ahora presidente Trump, insistió en que lograría reducir el trasiego de drogas -particularmente del fentanilo- y el cruce de migrantes indocumentados a los Estados Unidos (EU).
Desde el arranque de su gobierno, se emprendieron una serie de acciones para cristalizar sus promesas: la inclusión de grupos delictivos latinoamericanos en la lista de organizaciones terroristas; el congelamiento de activos de presuntos criminales; el endurecimiento de las políticas migratorias; la persecución y expulsión de personas que viven en EU sin una visa que permita la residencia; la confrontación con universidades que reciben un gran número de estudiantes extranjeros y la constante presión, con amenazas arancelarias y declaraciones incendiarias, a gobiernos de nuestro hemisferio.
Todo ello sin incluir otras formas de presión -como la cancelación de visas a políticas mexicanos- que son menos evidentes y públicas.
Aparentemente hasta el momento su política ha sido exitosa -pese a las graves consecuencias éticas de su aplicación-, según datos del gobierno estadounidense, las detenciones de migrantes y el tráfico de fentanilo han disminuido a niveles históricos.
De este lado de la frontera es evidente que el gobierno federal ha hecho su parte, mantiene un fuerte control en la frontera sur y ha logrado una serie de detenciones, aseguramientos y decomisos, como no vimos en el sexenio pasado y como sí ocurría en los gobiernos de Calderón y Peña.
Es evidente que la política de “fronteras abiertas” que prometió el presidente López en campaña y la de “abrazos, no balazos” que se “implementó” en su administración, quedaron atrás.
La pregunta que surge con mayor frecuencia en nuestro país, es si la política de combate a las drogas del presidente Trump será la clave para reducir la violencia en México.
Si bien es difícil saber cuál será el efecto final de tal conjunto de acciones, dudo que con ello nuestro país recupere pronto la paz que tanto anhelamos.
Es decir, en el corto plazo resulta casi imposible que la política compartida entre EU y México de combate a la migración indocumentada y al tráfico de drogas permita recuperar el control territorial para el estado mexicano, sancionar a la mayoría de delincuentes que nos violentan, erradicar la corrupción entre criminales, autoridades y los varios sectores sociales.
Es decir, la delincuencia que opera en nuestro país no se limita a traficar personas y sustancias estupefacientes, sino que controla un sinfín de actividades ilícitas.
Ésta se compone de un gran número de grupos, bandas e individuos que secuestran, extorsionan, trata de personas, contrabandean, se dedican a la piratería de prácticamente cualquier bien sea vendible, roban, trafican especies, talan clandestinamente maderas valiosas, participan en la minería ilegal, defraudan, cometen delitos cibernéticos y lavan dinero.
Ante ello, la política nacional de combate a la extorsión resulta insuficiente ya que no logra articularse con todos los otros delitos que ocurren impunemente en nuestro país.
Su insuficiencia es efecto de la falta de personal especializado en combatir los delitos, la falta de capacitación y recursos, la profunda complicidad entre autoridades y criminales, la colusión y alianza con sectores legales de la economía y la aceptación y/o admiración que un importante número de personas tiene hacia los criminales.
Muestra de lo anterior es la descomposición que persiste en México, donde la estadística oficial, que presenta bajas sostenidas de casi todos los delitos, contrasta con una multiplicidad de hechos violentos, homicidios y desapariciones de personas que ocurren a diario a lo largo del país.
En resumen, la política de seguridad que se implementa en los EU y que tiene su complementariedad en México, parece ser efectiva en nuestro vecino del norte, sin que de este lado de la frontera haya logrado los mismos resultados.
Si el gobierno de la presidenta Sheinbaum quiere ver cristalizados los esfuerzos de su gobierno, debe combatir las carencias institucionales que inhiben el combate a la delincuencia, la erradicación de la corrupción y la disminución de la impunidad.
De lo contrario el gobierno de los EU gozará del resultado que el esfuerzo de tantos servidores públicos mexicanos hacen por combatir a la delincuencia, sin que aquí podamos disfrutar de tal sacrificio.
