Ayer 24 de noviembre se llevó a cabo una protesta de transportistas y agricultores que paralizó las principales carreteras del país con el fin de exigirle a las autoridades un combate más eficaz en contra de la extorsión y el robo.
De manera similar, la semana pasada -los días 15 y 20- en muchas ciudades, jóvenes y no tan jóvenes se manifestaron en contra de la violencia que se vive en el país.
En respuesta a ello, el gobierno federal ha respondido con declaraciones que desacreditan a los manifestantes, los ha exhibido y criminalizado, al tiempo que insiste en que la estrategia de seguridad funciona eficazmente.
El Ejecutivo Federal se sustenta en números de operativos, número de reuniones, número de elementos enviados a los principales focos rojos del país y en la estadística oficial, para validar su compromiso y resultados en la materia.
Ante ello, surge como natural preguntarnos quién tiene la razón ¿están en lo correcto las miles de personas que declaran sentirse inseguras y se manifiestan para exigir más resultados en el combate a la criminalidad o tiene la razón la autoridad en desacreditar la demanda popular dado que los delitos han disminuido?
Personalmente considero que un gobierno nunca debería desacreditar el sentir de un grupo, así sea éste una minoría con la cual no coincide. No obstante, resulta de mayor relevancia entender cada postura, por qué son tan divergentes y cuál debería ser la ruta, tras dichos reclamos.
Por un lado es real y legítima la solicitud de una población que se siente vulnerada por delitos y violencia; en México, según datos oficiales diariamente se registran 57 víctimas de homicidio doloso y 41 de desaparición y ocurren -según la Encuesta de Victimización de INEGI- más de 16 mil extorsiones.
¿Qué sociedad se puede sentir segura con todo ello? Probablemente ninguna. Para quien sufrió en carne propia la violencia y asiste diariamente a su ocurrencia, poco importan las presuntas bajas que reporta la autoridad.
Por el otro, es entendible que un gobierno busque mandar la señal de que su actuar es contundente y eficaz ¡a mayor razón cuando son evidentes sus acciones para enfrentar a la criminalidad y cuando la estadística oficial reporta la baja de casi todos los delitos!
Más allá de lo anterior, los graves hechos violentos que ocurren día a día confirman que la violencia sigue álgida, que la delincuencia controla una parte importante del territorio nacional y que por ello estamos lejos de ser un país pacífico, con un sólido Estado de Derecho.
Aunado a una estadística oficial que exhibe una alta incidencia delictiva, los mexicanos sabemos lo difícil que es obtener acceso a la justicia. Ello nos hace sentirnos vulnerables y querer protestar.
La autoridad se equivoca en pelearse con quienes se quejan, es su tarea escuchar y entender qué pide una parte de la sociedad y brindarles una solución desde el respeto y la empatía.
A mayor razón cuando también desde el extranjero gobiernos y especialistas advierten sobre la crisis que se vive en nuestro país.
Precisamente tras las manifestaciones antes mencionadas, el gobierno de los Estados Unidos manifestó su preocupación e insatisfacción ante la lucha contra la delincuencia en México.
Paralelamente, varios países han elevado la alerta para visitar México y la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC) señaló a nuestro país como primer lugar mundial en mercados ilícitos y en el tercer lugar global en criminalidad total -sólo detrás de Myanmar y Colombia-GI-TOC en la actualización del Índice Mundial de Delincuencia Organizada 2025 concluye que la delincuencia organizada de nuestro país cuenta con una “vasta fuerza laboral” similar a la de grandes empresas mexicanas; que controlan importantes zonas del territorio mediante la extorsión, el ejercicio de la violencia, la corrupción y el sometimiento de comunidades enteras; que controlan las instituciones de seguridad y justicia y que gracias a todo ello, pueden operar a nivel global.
En resumen, el gobierno debe encausar en vez de descalificar la protesta; debe abandonar el señalamiento de individuos y grupos que se manifiestan; debe escucharlos, respetarlos y entenderlos para así mejorar toda política pública.
En tal sentido, sería ideal que incorpore las recomendaciones de individuos, especialistas y agencias internacionales que proponen soluciones para combatir a los grupos criminales que tanto le han hecho daño a nuestro país.
Con todo ello, se fortalecería profundamente la actual estrategia y se generaría una percepción que todos somos parte de una solución a un problema heredado y complejo, en lugar de mandar el mensaje que la queja de algunos ni es real ni válida.