México sigue sumido en una profunda corrupción. Más allá de las declaraciones oficiales, los hallazgos del caso del huachicol fiscal exhiben un sistema de complicidades que han permitido delitos de toda naturaleza.
Tras la detención del vicealmirante, sobrino del secretario de Marina en el sexenio anterior, quedó plenamente evidenciado que en nuestro país está establecido un sistema criminal que por un lado genera graves problemas de gobernabilidad y por el otro, sume a los ciudadanos en la violencia.
La trama de este caso se complica cada vez más, al avanzar las investigaciones se sabe que este delito trascendió territorios y competencias institucionales.
Es evidente que para que una serie de vagones y buque tanques cargados de petróleo crudo ingresaran impunemente a nuestro país -bajo la falsa premisa que transportaban aceite- se requirió la colusión de muchos funcionarios, de empresarios, profesionistas e incluso, de la delincuencia organizada.
El daño es enorme, relacionado con este caso hay homicidios de funcionarios que denunciaron e investigaron el delito; muertes de potenciales testigos, en circunstancias que podríamos calificar como sospechosas; evidencias de un daño al erario que se estima entre los 170 y los 220 mil millones de pesos por año.
Para entender mejor esta cifra, 200 mil millones de pesos es más o menos lo que nos cuesta anualmente mantener todo el aparato de seguridad civil del país.
Las pérdidas por huachicol fiscal por año son casi lo que costó cancelar el aeropuerto de Texcoco -su costo inicial fue de 280 mil millones de pesos-.
Con lo que por año se afectó a las finanzas públicas por este delito, se pudieron haber construido cerca de 10 refinerías equivalentes a la de Dos Bocas.
Es decir, el huachicol fiscal generó un enorme daño para todos los mexicanos y ya desde ahora -cuando aún falta mucho por salir a la luz- se perfila como el mayor escándalo de corrupción de nuestra historia.
Pese a todo lo anterior, debemos considerar que el daño más grave derivado de este caso, es cómo permitió que se enraizara toda una estructura de corrupción y criminalidad y cómo vulnera la honorabilidad de las instituciones más confiables para los mexicanos.
Es difícil saber hasta dónde llegarán las investigaciones, cuántas personas más, cuántos funcionarios más-particularmente los de alto nivel- serán señalados como participantes de este delito, lo cierto es que deberán ser decenas o incluso centenares.
En contraste a todo lo negativo de este caso, hay mucho de positivo que reconocer: el valor e integridad de aquellos que se atrevieron a denunciar, de aquellos que procedieron a atacar el delito y de quienes actualmente investigan esa gran red de corrupción.
Recordemos que no es fácil resistir las presiones de los poderosos, las amenazas de los criminales, una evidencia son los homicidios que ya ocurrieron para quien inicialmente denunció e investigó esta trama de corrupción.
Por ello, es necesario que se garantice tanto la independencia como la seguridad personal -y de las familias- de quien hoy está conduciendo las investigaciones, si queremos que nadie se encuentre por encima de la ley y que caiga quien debe caer.
Esta investigación representa una gran oportunidad de romper la conexión entre el poder político y el criminal, los lazos que unen a la delincuencia organizada con los representantes del Estado mexicano.
Si el gobierno federal confirma con hechos su deseo de limpiar a México, si permite investigaciones sólidas, apartidistas, respetuosas de los derechos humanos, podrá transformar una historia de fracaso institucional en un gran éxito, en una semilla que permita erradicar esa corrupción que tanta pobreza, violencia y subdesarrollo ha generado.
