El pasado 1 de noviembre, en el centro histórico de Uruapan, Michoacán, en pleno Festival de las Velas —evento público que hace parte de la festividad del Día de Muertos— Carlos Manzo, alcalde de dicho municipio, fue víctima de homicidio doloso.
Carlos fue electo como candidato independiente y asumió el cargo el 1 de septiembre de 2024.
Había sido diputado federal por Morena, su inconformidad y su dura crítica a la falta de acciones para combatir la delincuencia desde el oficialismo, lo llevó a renunciar a su partido y competir por la vía independiente.
Como alcalde encabezó rondines, se hizo presente en toda la ciudad e incluso acudió a hablar con quienes vivían en colonias controladas por la delincuencia organizada. Ahí repitió una y otra vez que “cambiar a Uruapan es responsabilidad de todos”.
Habló sin filtros acerca de la necesidad de que las familias hicieran su parte y castigaran toda conducta delictiva en sus hijos; denunció la operación y control de los grupos delictivos en la zona; expresó su preocupación por los vínculos entre autoridades y criminales; reprochó la falta de apoyo de los gobiernos estatal y del federal e incluso aseguró que ante los delitos y la violencia se debían usar todos los medios disponibles, incluso la fuerza letal.
En varias ocasiones advirtió de las amenazas recibidas, que su vida y la de sus seres queridos estaban en riesgo. Esas advertencias lamentablemente se hicieron reales y terminaron con su vida, frente a su familia y sus gobernados, con apenas 40 años de edad.
Ante tal magnicidio el gobernador Alfredo Ramírez se trasladó a la zona, fue recibido con abucheos y rechazo, el gabinete de seguridad del gobierno federal se apersonó y en rueda de prensa refrendó su compromiso por brindarle el acceso a la justicia a la familia de Carlos Manzo y por combatir a la delincuencia.
Tales declaraciones no han sido suficientes para aplacar el desasosiego social, la muerte de Carlos Manzo desató una ola de indignación en todo el país y en lo local, donde una multitudinaria manifestación incluso causó vandalismo al Palacio de Gobierno estatal.
Este terrible delito es un recordatorio de lo mal que se encuentra el país, del riesgo en el que todos vivimos y contradice la retórica oficial de “vamos bien”.
En particular, la serie de declaraciones oficiales sirven de base para cuestionarnos qué resultados efectivos tenemos en materia de incidencia delictiva, inseguridad y violencia, qué capacidades reales tienen nuestras instituciones y eventualmente qué deberíamos hacer si queremos recuperar la paz.
Según declaraciones oficiales del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana —federal—, el alcalde de Uruapan contaba con un buen aparato de seguridad. Si ello es cierto, si Manzo contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional para su protección más personal propio de la Policía Municipal ¿cómo pudo ser un blanco tan fácil? ¿De qué tamaño es la incapacidad de los encargados de seguridad de prevenir y reaccionar a un delito frente a la efectividad de los delincuentes? ¿Estaban acaso los policías y guardias nacionales coludidos con los delincuentes?
Es decir, si la delincuencia organizada se atreve a ejecutar a un alcalde muy bien resguardado, en plena verbena popular ¿es porque se saben más capaces que la autoridad, es porque no existe tal protección o es porque hay colusión con esos efectivos que deberían haber resguardado a Manzo?
¡No es aceptable pensar que una autoridad bien resguardada sea ejecutada con tanta facilidad sin que ellos nos lleve a una profunda reflexión y eventual correción acerca de quiénes integran, cómo están capacitados, equipados y supervisados los cuerpos de seguridad!
En reiteradas ocasiones Manzo levantó la voz públicamente para solicitar mayor presencia de las autoridades federales dado que aseguraba que la policía estatal estaba a servicio de la delincuencia. Sin embargo, este 2 de noviembre el gabinete de seguridad federal afirmó que recientemente Manzo no solicitó tropas adicionales para resguardar la región.
¿De verdad los llamados públicos no se acompañaron de solicitudes formales de apoyo a la seguridad de los uruapenses?
Las contradicciones aumentan cuando revisamos que hace pocos días Manzo señaló la salida de cuerpos federales de la zona. Entonces ¿había o no suficiente presencia de autoridades de seguridad en la zona?
El gobierno federal ha presumido en reiteradas ocasiones que a Michoacán se le han asignado miles de efectivos de las fuerzas federales, que ello ha producido resultados enmarcados en la estrategia de combate a la extorsión y que gracias a ello han disminuido los delitos y la violencia.
Si ello es real ¿por qué en Michoacán a pocos días de distancia, fueron ejecutados empresarios y activistas del tamaño de Bernardo Bravo, de Rogelio Escobedo, de Luis Aguiñaga o del mismo alcalde Carlos Manzo? ¿Realmente en México vivimos un proceso de fortalecimiento de la seguridad o simplemente existe un ejercicio de reducción artificial de la estadística delictiva?
En otras palabras, si la actual estrategia de seguridad funciona, y si hay tal presencia de Fuerzas Federales ¿por qué la región se encuentra bajo el control delictivo y los ciudadanos viven en peligro? ¿Qué falla?
Michoacán es uno de los símbolos más visibles de cómo en nuestro país hemos perdido el control del territorio. Recordemos que precisamente en una discoteca de Uruapan inició la escalada de violencia en tiempos de Fox; allí empezó la mal llamada Guerra Contra el Narco, de Felipe Calderón; en tiempos de Enrique Peña las comunidades se armaron y en regiones completas las autodefensas se enfrentaron a delincuentes e incluso al Estado y con López hubo la urgencia de enviar a decenas de miles de efectivos con el objetivo de intentar frenar la violencia en Tierra Caliente y Lázaro Cárdenas —esa misma que el mandatario definió como “propaganda de los adversarios”.
De nuevo Michoacán pone en dificultad a los gobiernos estatal y federal. Los recientes homicidios son gravísimos hechos que exhiben la urgencia que todos los mexicanos tenemos por recuperar la paz y que le exigen a los gobernantes respuestas oportunas para erradicar la violencia.
Michoacán es al mismo tiempo un reto para la gobernanza del país, como también un importante motor económico y cultural. Allí se han intentado aproximaciones diferentes al problema, esperemos que las actuales autoridades tengan la madurez para analizar objetivamente qué se hizo bien, qué funcionó parcialmente y qué no funcionó, para aprender de aciertos y errores y así ser efectivos en combatir aquellos grupos que matan personas, controlan negocios y afectan la vida de la región.
Director del ONC. @FraRivasCol