El 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones para presidente de la República, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ocho gubernaturas, el H. Congreso de la Unión y más de 20 mil cargos de elección popular.
Elecciones mucho más esperadas que cualquier otra; prácticamente desde el 1 de diciembre de 2018 inició la construcción del sucesor del presidente y el intento por reconstruir a los partidos de oposición.
Ello ha tenido como consecuencia el uso cínico y burdo de los recursos del Estado para reconfigurar el panorama y las bases electorales.
Poco ha importado que dicha distribución de dinero público haya sido señalada una y otra vez por su imposibilidad de verificar las poblaciones receptoras, corrupción, por haber olvidado a las poblaciones más pobres del país o incluso por haber favorecido el abandono escolar, el consumo de sustancias o la delincuencia; para el gobierno federal los mal llamados “programas sociales” son un mecanismo para construir clientes que sigan votando por Morena.
Si en más de 5 años han sobrado hechos que deberían ser investigados como delitos electorales, con el arranque de las pre-campañas en Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, este 5 de noviembre, es de esperarse que los abusos e ilegalidades serán aún peores.
En 2024 es probable que el partido oficialista, Morena, vuelva arrasar y se lleve casi el carro completo. Sin embargo, puede que la victoria sea más amarga que dulce ya que 2024 no se parece al 2018.
A diferencia de lo que le sucedió al presidente López, su gobierno entregará a su sucesora, el país mucho peor de cómo lo recibió.
Por ello, los mexicanos en 2024 deberíamos votar con la cabeza y no con el hígado. Necesitamos conocer a detalle cuál es la trayectoria de quien nos pretende gobernar; qué propuestas claras, definidas y evaluables tienen para enfrentar el enorme reto que es gobernar un país que se encuentra bajo el yugo de la violencia, de la corrupción, de la desigualdad y del control de la delincuencia organizada.
En el ONC repetiremos las investigaciones sobre delitos y violencia electoral, así como aquella que permite conocer el plan de seguridad y justicia de los candidatos a la presidencia, a la jefatura de gobierno capitalino y a las 8 gubernaturas.
Anhelamos que en 2024 se puedan reportar menos delitos y menos violencia electoral, mayor participación de los candidatos y propuestas más sólidas para reducir los índices delictivos.
